Comisión de reforma, ¡guácala!; consultorías, ¡aj!; concurso de méritos, ¡ya párenla!. La sospecha de que Martín Vizcarra convocó a un grupo de consultores ‘caviares’ para concebir con esos conceptos igual de ‘caviares’ un ente que manipule la justicia a su favor; agarró tremenda fuerza como narrativa. Ni siquiera el hecho de que fue un Congreso con mayoría fujimorista el que aprobó la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ha quitado viada a este relato.
La narrativa tiene una respuesta para eso: Vizcarra obligó al Congreso. Es cierto que, en un mensaje a la nación del 16 de setiembre del 2018, el presidente amenazó con plantear una cuestión de confianza sino se aprobaba la reforma constitucional para crear la Junta. La mayoría congresal sintió el peligro de disolución sino lo hacía y decidió, por amplio consenso (luego ratificado en referéndum) aprobar el proyecto con algunos ajustes para sentirlo suyo. Pero, a parte del hecho bélico que apuró su alumbramiento, ¿la Junta es bastión de un poder ‘caviar’ tal que justifique tanto encono? Lo responderemos más adelante.
Juego de sillas
En sus 4 años de vida, la JNJ ha sobrevivido al escrutinio de las sucesivas mayorías congresales anti ‘caviares’. Fue instalada en el verano del 2019 por una comisión de autoridades que en ese momento no eran polarizantes: la presidió el entonces defensor Walter Gutiérrez, elegido por una mayoría congresal de derecha; y lo secundaron el presidente del TC Ernesto Blume, el contralor Nelson Schack, el presidente del PJ José Luis Lecaros, la fiscal de la nación Zoraida Ávalos, entre otros. Las controversias del segundo y definitivo concurso se resolvieron a última hora, excluyendo a dos de ellos de la ceremonia de juramentación, María Zavala y Marco Tulio Falconí.
Zavala hizo descargos convincentes ante la comisión especial y pudo juramentar. Con Falconí hubo jaleo. La JNJ había pasado por alto una lectura imprecisa de su hoja de vida y lo bonificó con un puntaje adicional por ser, aparentemente, licenciado de las FF.AA. Esto no era exacto pues había estudiado en un colegio militar, que no es lo mismo, pero la comisión –y Servir, el ente público que prestó asesoría al concurso- no lo detectaron a tiempo y se le designó titular. Pero lo dejaron sin juramentar, con su familia desconcertada en la antesala. El apuro no se debió a las imprecisiones curriculares sino a la denuncia de que había sostenido conversaciones telefónicas con César Hinostroza, personaje emblemático de Los Cuellos Blancos. No se sabía el contenido (luego dijo que fue a propósito de la presentación de un libro) ni se le ha investigado por ello, pero la sola mención de Hinostroza provocó pánico en la comisión. Falconí, en una entrevista en RPP, me contó que tuvo tras el juramento abortado, lo sometieron a un interrogatorio sobre el ‘hermanito’ Hinostroza.
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La entrada de Falconí es parte de un juego de sillas musicales. Lo reponen poco antes de la votación contra sus nuevos colegas; y dejan a Guillermo Thornberry bruscamente sin silla. Este tendría el mismo derecho que Falconí a una acción de amparo, pero no tendría que hacerlo porque pasa a la silla de José Henry Ávila que renunció cuando el colaborador eficaz Jaime Villanueva dijo que fue testigo de cómo este habría pedido favores al ex ministro de Justicia, Félix Chero.
A partir del jueves, el juego de sillas podría tener un revés insólito: que en lugar de que falten, ¡sobren!. En su defensa, la JNJ ha lanzado un argumento práctico, pues los de puro derecho no conmueven a la mayoría: si los remueven a todos, faltarían 3 suplentes pues son 3 precisamente los que ya han cumplido 75 años y no tendrían derecho a ser titulares, ni siquiera con la interpretación difusa que la JNJ aplicó a su miembro Inés Tello, de que pasarse el límite de edad solo vale para el ingreso pero no para el resto del mandato. Si se perpetra la defenestración total, la JNJ se quedaría con 4 como máximo, sin quórum, que es 5, y no podría tomar decisiones importantes. Con 4 hay quórum para trámites de rutina pero si alguno de los suplentes renuncia a ser designado titular; la cosa pintaría peor.
Un componente clave del ‘anti caviarismo’ radica en atribuir al ‘caviar’ la vocación a vivir del Estado y complicarlo con nuevas instituciones y regulaciones. La determinación de Inés Tello en permanecer a sus 78 años y el respaldo de un informe de Servir, tocan esas teclas sensibles.
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José Luis Lecaros, ex presidente del PJ que estuvo en la comisión de instalación y desde entonces cuestionó la designación de Tello, me dijo que pensaba que, en caso de que todos se defenestraran, el concurso previsto para diciembre debiera adelantarse unos meses. Jorge Montoya, autor de la denuncia que está en el origen de la acusación aprobada en la Comisión Permanente había dicho, en sus redes, que si faltaran suplentes debía echarse mano de otros evaluados. Consultado para esta crónica, Samuel Abad, abogado de la JNJ, me dijo: “Eso sería ilegal. La ley mandó a la comisión a elegir 7 titulares y 7 suplentes y no más. Los demás se descartaron, no existen para este propósito”. En esto coinciden juristas que no simpatizan con la Junta. Por estas razones, se postergó para el próximo jueves 7 de marzo el pleno que verá la acusación. Así se medita y enfría un poco la calentura contra la JNJ. La posición que está tomando cuerpo en la mayoría –como lo explica Martín Hidalgo en “Estrategias, negociaciones y votos del Congreso en su búsqueda para inhabilitar a la JNJ”- es defenestrar a un par, para no pecar ni de intolerantes desestabilizadores ni de derrotados. Los escogidos serían, sin duda, Inés Tello pues su edad es el eje de la acusación y Aldo Vásquez, porque presidió la JNJ cuando se pidió el informe de Servir que recomendó mantener a Tello y porque, como vocero, ha confrontado al Congreso en los últimos meses. Dos cabezas saciarían la sed de sangre de la mayoría.
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El Congreso la bautizó
Cuando Vizcarra asumió el mando el 23 de marzo del 2018, buscó alguna ola popular en la cual montarse. La encontró pronto: el sentimiento anticorrupción estaba enervado por el Lava Jato, que se había tumbado a PPK y se erizó aún más cuando a inicios de julio se destapó el Caso Los Cuellos Blancos, una red de tráfico de influencias y colusión en el PJ, que incluía a políticos y empresarios y, en especial, al Consejo Nacional de la Magistratura. De ahí que reformar o refundar a este, era una idea que se caía de madura. Vizcarra convocó a una Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, presidida por el embajador Allan Wagner y formada por los juristas Hugo Sivina, Walter Albán, Samuel Abad, Delia Revoredo, Eduardo Vega y Ana Teresa Revilla. En primer lugar, debían diseñar un proyecto de nuevo CNM. Conversé con Vega y me dijo que lo fundamental fue “cambiar el diseño del CNM que era por representación [diversos entes elegían un miembro que los represente en él] y estaba politizado, por uno profesional, con concurso de méritos. Y para designar a la comisión que lo instale sí recurrimos al sistema de representación”.
Samuel Abad coincide en su evocación: “Nos limitamos a cambiar la forma de designación, que era lo que fallaba. No quisimos cambiar las atribuciones, para que luego no se entrampase el debate en el Congreso”. Samuel recuerda un detalle elocuente, pues lo investigó en el diario de debates del pleno, cuando se discutió el proyecto que presentó la comisión de Wagner al Ejecutivo y este lo hizo suyo. “No le pusimos JNJ, no se nos ocurrió cambiarle de nombre. Yo he sido funcionario y sé que hay que ahorrarle dinero al Estado, eso es un gasto tremendo porque hay que cambiar logos y demás. El nombre se le ocurrió a Pedro Olaechea”, me cuenta Abad. La cita del congresista que luego se convirtió en el presidente del Congreso que disolvió Vizcarra, es esta: “…cómo vamos a hacer saber a la población que hay un cambio en el CNM. Yo creo que el nombre que ya ha tenido la desgracia de haber vivido, no es cosa menor, deberíamos cambiar el nombre por la asamblea nacional de justicia”. En una intervención posterior dijo: “En el transcurso de la tarde hemos estado viendo la posibilidad y el consenso hacia el cambio de nombre, y quisiera proponer un cambio a la ‘Junta Nacional de Justicia’”.
¿Cómo se enervó la narrativa anti JNJ entonces? Patricia Benavides tenía sus personales razones por bregar contra la Junta -¡la estaba investigando!- pero ya había un temperamento anti JNJ desde que hubo críticas, aisladas pero continuas, a la permanencia de Tello tras cumplir 75 años. Los motivos que se sumaron cuando ya hubo una campaña orquestada por algunos congresistas y por Benavides contra la Junta (que exhortó al Congreso no defenestrar a Zoraida Ávalos, que no entregó un informe anual, que supuestamente presionó al presidente del PJ en pro de Ávalos) no tenían la fuerza narrativa que la edad de Tello. La prueba es que ya se quedaron en el camino y el jueves todo se reducirá a los 78 años de doña Inés.
“En el transcurso de la tarde hemos estado viendo la posibilidad y el consenso hacia el cambio de nombre, y quisiera proponer un cambio a la ‘Junta Nacional de Justicia’”.
¿Por qué una jueza que se mantiene en sus 13 pica tanto? Una hipótesis: componentes claves del anti caviarismo radican en atribuir al ‘caviar’ la vocación de vivir del Estado y complicarlo con nuevas instituciones y regulaciones. Entonces, la determinación de Tello en mantener su puesto a pesar de que los juristas invocados por la derecha dicen que no le corresponde, y el haber recibido el respaldo del pleno de la JNJ y del informe de un ente como Servir; ha tocado esas teclas sensibles del ‘anti caviarismo’. El jueves 7 veremos cuán sensibles son.
