Diversos congresistas de Acción Popular implicados en el caso “Los Niños” presentaron un proyecto de ley donde proponen remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Tribunal Constitucional (TC) en caso de ser sentenciados por delito doloso en primera instancia.
Se trata de la iniciativa legislativa 6034/2023-CR, cuya autoría principal es de Jorge Flores Ancachi y que cuenta con el respaldo –como coautores- de Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Wilson Soto Palacios y Luis Aragón.
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El documento propone modificar los artículos 95, 124, 147, 156, 158, 161, 180, 182, 183, 191 y 201 de la Constitución Política, a fin de “fortalecer la integridad e idoneidad de las autoridades del Poder Legislativo, Ejecutivo y de los poderes autónomos del Estado”.
En el caso de los ministros de Estado y del jefe del Gabinete Ministerial, el presidente de la República, tendrá un plazo de 2 días para reemplazarlos.
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También procede la suspensión del parlamentario por sentencia judicial condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad. Dicha suspensión es declarada hasta que no haya recurso pendiente de resolver y el proceso se encuentre con sentencia consentida o ejecutoriada.
Según el proyecto de ley, esta misma causal de suspensión aplica en el caso de los magistrados de la Corte Suprema, fiscal de la Nación y miembros de la Junta Nacional de Justicia.
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Del mismo modo, será causal para remover al defensor del Pueblo, a los integrantes del JNE, a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y a los miembros del Tribunal Constitucional (TC).
En la exposición de motivos se señala que la Procuraduría General del Estado informó a Centro Líber que, al 14 de enero de 2022, existen 48 procesos en trámite por delitos de corrupción que involucran a 16 congresistas electos para el periodo 2021-2026.
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De las investigaciones fiscales que enfrentan los parlamentarios, se ha podido advertir 20 casos en diligencias preliminares, 7 en etapa intermedia, 15 investigaciones formalizadas y 6 casos en juzgamiento, siendo los delitos con mayor incidencia peculado y colusión.
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