Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, decidió guardar silencio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este viernes 17 de febrero.
El exfuncionario justificó su decisión aduciendo que no se le habría brindado las garantías para él y su familia de dar protección y seguridad en el centro penitenciario en el que se encuentra recluido por el presunto delito de organización criminal y otros.
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La Comisión de Fiscalización investiga los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chadín y otros, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda y Construcción.
Al respecto, el presidente del grupo de trabajo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), manifestó que los entes encargados de brindar las garantías a todos los internos a nivel nacional son el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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“El Ministerio Público es el ente regulador de esas funciones en coordinación con el INPE. Ellos son los que deciden si lo cambian o no del lugar donde está recluido, no es obligación de la comisión hacerlo”, precisó el legislador.
De igual manera, Rudbel Oblitas Paredes, sobrino de Pedro Castillo, se negó a responder las preguntas referidas directamente al exmandatario y a su esposa, Lilia Paredes, amparándose en el artículo 65 del Código Procesal Penal por tratarse de una investigación en el que están inmersos sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad.
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“No tengo que declarar con respecto a ellos porque son mis familiares directos”, dijo. Ventura Ángel manifestó que la medida puede ser tomada como desacato de la autoridad, toda vez que sus tíos están en condición de testigos y no de investigados.
El grupo de trabajo también escuchó la defensa de Nathaly Viviana Alcántara Montes, licenciada en Negocios Internacionales, quien refirió que José Nenil Medina, exalcalde de Anguía, y el empresario Hugo Espino le ofrecieron dinero a través de su abogado para que firme la buena pro de los contratos de todo el procedimiento de selección, pero ella se negó a hacerlo.
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“Le ofrecieron a mi abogado entre 20 mil a 50 mil soles, no recuerdo bien, pero era para que yo firme las actas de los contratos de una obra que está dentro del decreto de urgencia”, sostuvo.
Finalmente, la Comisión de Fiscalización y Contraloría citará bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública a Sada Angélica Goday Chong, representante legal de Marka Group SAC, además a Kelly Yolanda Vásquez Chasquibol y Milagros del Pilar Rimarachín Regalado.
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