La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ha quedado paralizada debido a una medida cautelar dictada por el Poder Judicial (PJ) que dio tramite a un recurso de amparo donde se cuestiona el incumplimiento de las reglas y falta de garantías del proceso por parte del Congreso de la República que está de salida.
Con ello, y debido a que la medida cautelar aún debe ser resuelta por una Sala Superior, será el próximo Parlamento que tendrá en sus manos el reto que por muchos años ha generado cuestionamientos en contra de este poder del Estado.
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Y es que el Congreso de la República ha sido el escenario de procesos previos de selección de magistrados del TC que terminaron nulos por diversos cuestionamientos; entre ellos los casos de Javier Ríos Castillo (2007), los excongresistas Víctor Mayorga, Cayo Galindo y Rolando Sousa (2013) y Gonzalo Ortíz de Zevallos Olaechea (2019).
Como se recuerdan, actualmente, el pleno del TC está integrado por siete magistrados y de estos, seis ya tienen el periodo vencido.
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¿Puede existir alguna salida mediante la que el próximo Congreso lleve adelante un proceso transparente y acorde a las leyes?
Los constitucionalistas Gabriela Oporto, Luciano López y Rafael Sánchez brindaron sus puntos de vista y caminos para que elegir magistrados del TC sea una tarea con personas idóneas, así como un proceso eficaz y transparente.
Recoger lo bueno o empezar de cero
Para la abogada constitucionalista Gabriela Oporto, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es un tema que varía de país a país. Por ello, consideró que en el Perú, el problema que se puede estar generando sería “las reglas que existen o el uso que se le están dando” a las mismas.
Entonces, ¿qué hacer frente a los cuestionamientos? Oporto remarca que esto tiene mucho que ver con la “conducta del Congreso en general”, pues es el que actualmente está a cargo de la elección de los magistrados del TC.
Por ello, no solo se trata de que el Parlamento se conduzca de acuerdo a reglas que garanticen la transparencia del proceso, sino que también escuchen a la ciudadanía y a las críticas.
“Por ejemplo, desde que se empezaron a programar las entrevistas (del actual proceso suspendido) los candidatos no cumplían con las cualidades de idoneidad, algunos tenían denuncias graves, conflictos de interés, hubo varios cuestionamientos con sustento que fueron recomendaciones o sugerencias hechas por organizaciones independientes, pero el Congreso no escuchó ninguna crítica, entonces eso no es saludable para el proceso”, dijo.
Agregó que el país se beneficiaría de tener un proceso más balanceado para la elección de estos magistrados, que incluya la participación de la ciudadanía, que incluya algún tipo de observación externa que garantice la imparcialidad y la publicidad.
“Lamentablemente para eso hay que modificar la Constitución y cambiar el mecanismo de elección de magistrados por lo que será bastante complejo”, comentó.
Por ello, también consideró la posibilidad de que el próximo Congreso pueda rescatar “lo positivo” del actual proceso de selección suspendido para darle cierta idea de continuidad; ya que algo que sucede muchas veces en nuestro país es que los altos funcionarios públicos que entran cada cinco años cambian completamente lo que se ha avanzado.
“Entonces, si hay algo que se ha avanzado y vale la pena rescatar, yo creo que sería bueno continuarlo, pero todo depende de qué tan transparente o correcto se haya conducido el proceso anterior; porque si hay cuestionamientos graves mejor es empezar de cero”, concluyó.
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Más magistrados y elección multisectorial
Luciano López, abogado constitucionalista que presentó un recurso contra el proceso de selección del actual Congreso, tiene un punto de vista más profundo respecto a las reformas que deben existir para elegir a los magistrados del TC.
Consideró que la actual situación presentada en el Congreso y casos anteriores, han mostrado que el modelo actual “no da para más y que la única razón para no cambiarlo tiene que ver con intereses de grupos y repartijas”.
No obstante, lo primero que reafirma es que dicho organismo debe prevalecer, fortalecerse, tener equilibrio y un estándar regional, pero no desaparecer.
En esa línea, indica que presentó una propuesta pública para que se pueda separar el proceso de “selección” del de “elección”, ya que son dos cosas distintas.
“Y lo que digo es que el proceso de selección no debe estar en manos del Parlamento. El proceso de selección, para mí, debe ser un concurso público y que debería dársele el encargo a la Junta Nacional de Justicia porque esta ya está preparada, con recursos logísticos y humanos para poder hacer selección de jueces y fiscales de todos los niveles”, sostiene.
De esa manera, indica, los mejores del concurso recién pasarían al segundo nivel, que es el proceso de elección.
Y aquí, López Flores hace un paréntesis para precisar que su propuesta realizada a través del Instituto Pro Democracia, contempla elevar el número de magistrados del TC de siete a nueve integrantes, que sean renovados cada nueve años y por tercios; similar a lo que se señalaba en la Constitución del 1979.
¿Para qué elevar el número? El constitucionalista señala que esto permitiría que la renovación por tercios desde tres sectores y además nos pondría en similar situación con la mayoría de tribunales constitucionales internacionales.
“Esto quiere decir que un tercio de los mejores del concurso los elegiría el Ejecutivo, otro tercio el Legislativo. Y, la Constitución del 79 decía que un tercio lo elegía la Corte Suprema, pero yo soy de la idea que ese tercio lo ocupen los mejores del concurso y que tengan pase directo”, comentó.
Señaló que lo básico para aplicar dicho modelo era incrementar el número de integrantes del pleno del TC ya que, en países como Colombia y Ecuador, dichas cortes tienen nueve magistrados, el tribunal chileno tiene diez. Mientras que en Europa, el número mínimo es 12 en España y el número máximo los tiene Alemania con 16 magistrados.
“Es por eso es que debería ser de nueve, renovable por tercios, como era en la Constitución del 79, de manera que el período sea de nueve años para que se renueve de tres en tres, y la elección sea un tercio Ejecutivo y un tercio Legislativo y un tercio pase directo”, reiteró.
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A cargo de la JNJ como medida transitoria
Según el constitucionalista Rafael Sánchez, si bien la elección de los magistrados del TC por parte del Congreso tiene una alto contenido político, dejar este proceso en manos de una comité multisectorial como se hizo la Junta Nacional de Justicia, implicaría que dicha comisión esté integrada por un representante de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y una serie de entidades que finalmente también pueden ser objeto de recursos o control constitucional sobre normas que los atañen a sus actividades; por lo que ello no eliminaría , la carga política que está detrás.
No obstante, propuso que, por la coyuntura, se podría evaluar una reforma en el sistema de nombramiento de los magistrados, tratando de que sea la misma JNJ la que elija a los miembros del TC, teniendo en cuenta que esta y su antecesor, el Consejo Nacional de la Magistratura, tienen más experiencia en el procedimiento de selección y valoración de criterios de formación, de experiencia profesional, académica y de la reputación de los postulantes.
“Esto podría ser útil, por lo menos, en estas circunstancias, dado que se vive desde la interna de la Junta Nacional de Justicia un espíritu de renovar y adecentar la elección de magistrados luego de la experiencia nefasta que se tuvo en los últimos años con en el exConsejo Nacional de la Magistratura”, sostuvo.
Sin perjuicio de ello, precisó, “no sería una idea jalada de los cabellos que los magistrados del TC, sigan siendo elegido por el Congreso de la República” pues consideró que dicho poder del Estado tiene un estándar de análisis bastante altos, pero deben ser cumplidos a cabalidad, “de lo contrario sería letra muerta, como acabamos de ver en el proceso de selección que acaba de frustrarse”.
Sánchez Ríos sostuvo que si bien la elección de los magistrados del TC es enteramente subjetiva, esta debe ser debidamente fundamentada; porque más allá de que los magistrados se deban a la ciudadanía pese a ser electos por el Legislativo; los ciudadanos tienen todo el derecho de saber cuáles han sido las motivaciones de los congresistas para colocar a tal o cual persona en ese puesto importante.
“Entonces, si es que el Congreso inicia una práctica en la que pueda variar sus criterios hacia un cumplimiento esmerado y acorde con el reglamento que ellos mismos han aprobado creo que no había problema que se deje en manos de ellos”, opinó.
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