Congreso y elecciones del TC: una larga historia con pasajes oscuros y polémicas

Esta vez, no es la excepción por parte del Parlamento que es el escenario de una nueva polémica en la elección de los tribunos del más importante órgano de la interpretación de la Constitución.

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Los inquilinos del exsolar de la Casa de mestizas San Juan de la Penitencia, que se encuentran en sus últimos días de gestión, han hecho caso omiso a la resolución del Tercer Juzgado Constitucional de Lima que les ordenó suspender la elección de los nuevos integrantes del TC, hasta que se analice si realizaron un proceso transparente y de acuerdo a su propio reglamento.

La actual selección tiene como finalidad sustituir a seis integrantes del actual pleno de TC cuyo mandato se encuentra vencido desde el 2019.

Hasta el momento, tres de los quince candidatos -cuya postulación fue sometida a votación el jueves- no alcanzaron el respaldo de los 87 congresistas requeridos. Y otro, Jorge Rioja Vallejos, presentó este jueves su “renuncia irrevocable” al concurso.

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Un ágape constitucional

Pero esta no es la primera vez que la elección de los magistrados del TC pasa por la crítica social, el escándalo o pasajes oscuros.

El proceso de selección del año 2007 dio pie a una seguidilla de casos que estuvieron en el ojo público. En ese momento, la comisión de selección estuvo presidida por el excongresista aprista Aurelio Pastor, quien propuso entre otros al candidato Javier Ríos Castillo.

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El candidato llegó hasta el final del proceso siendo elegido integrante del TC con 84 votos el 13 de junio del 2007. Al día siguiente 14 de junio, la Revista Caretas publicó una fotografía del candidato compartiendo en la mesa de un conocido restaurante con el exministro del Interior del gobierno Aprista Agustín Mantilla, Óscar López Meses (vinculado al exasesor Vladimiro Montesinos) y otros.

Ese mismo día, la reunión fue admitida por Ríos Castillo, aunque aseguró que no tenía ninguna vinculación política con los asistentes.

No obstante, el escándalo mayúsculo llevó a que el Congreso reformulara su elección y la anulara el 14 de junio con 64 votos a favor.

Por estos días, Ríos Castillo ha reaparecido con un resolución judicial que ordena su nombramiento como magistrado del TC; sin embargo, tal como informó este Diario ello ha sido rechazado por el Congreso.

“La repartija”

La elección de los candidatos al TC, es de por sí política, dado que los postulantes exponen sus mejores logros académicos y profesionales como cualidades para obtener el respaldo de las bancadas. Sin embargo, el proceso del 2013 dejó en evidencia que era un reparto de sillas del Tribunal Constitucional entre los partidos.

Así ocurrió el 17 julio del 2013, al filo de concluir la legislatura, el Congreso de entonces designó a los ex congresistas Víctor Mayorga, Cayo Galindo y Rolando Sousa como magistrados del TC, además de los representantes de la Defensoría del Pueblo y del Banco Central de Reversas del Perú. Esto, pese a que la noche anterior Perú21 reveló diversos audios en la que los integrantes de la comisión evaluadora conversaban sobre las plazas qué les interesaba obtener a través de los candidatos.

En las conversaciones participaban los excongresistas Luis Galarreta, Víctor García Belaúnde, Héctor Becerril, Víctor Isla y Mariano Portugal.

“Mira, nos quedamos con 94 votos y ganamos. Nos quedamos tranquilos (…) acá no pasa nada. Ya tengo el acuerdo, con 94 votos elegimos a todos”, se le escuchaba decir a García Belaúnde.

“Si el esquema es, en todo caso, el Gobierno 2; el fujimorismo 2; Perú Posible 2; y nosotros 1 y así va bajando…¿qué daría el Gobierno por tener un Banco Central más? ¿Defensoría? ¿TC?”, se le escuchaba a Galarreta en otro pasaje de la conversación.

Ese mismo día, centenares de personas salieron a las calles para protestar contra la elección a la que se conoció como “La Repartija”. Las protestas no cesaron hasta el 23 de julio que el Congreso, en una sesión extraordinaria, dejó sin efecto la elección de los candidatos al TC y otras instituciones.

Ortíz de Zevallos, el no reconocido

Otra elección cuestionada fue la de Gonzalo Ortiz de Zevallos, en setiembre del 2019 y que dio pie a la disolución del Congreso presidida por Pedro Olaechea.

Este proceso de selección se desarrolló en un clima de cuestionamientos desde la selección de sus candidatos.

Y es que, durante el proceso, El Comercio reveló el 21 de setiembre de ese año, que una de las candidatas Carmela de Orbegoso, propuesta por Fuerza Popular, tuvo comunicaciones con el exjuez César Hinostroza, que dejaban ver una relación cercana entre ambos.

En otro momento, el 30 de setiembre, este Diario también dio cuenta que diez candidatos que estaban prestos a someterse a votación para su designación, presentaban denuncias en la fiscalía.

Sin embargo, dichos antecedentes no fueron tomados en cuenta por el Legislativo que siguió adelante con la elección bajo sus términos.

Esto generó la crítica de todos los sectores y el entonces presidente Martín Vizcarra -vacado posteriormente- planteó una cuestión de confianza ante la insistencia del Congreso por realizar la elección de esa manera.

El entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, acudió hasta el hemiciclo para sustentar la cuestión de confianza por querer elegir a los candidatos por invitación y no a través de un proceso transparente y pública.

Pese a ello, el Legislativo no dio respuesta y continuó con la elección del primero magistrado del Tribunal Constitucional. Fue el abogado, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, quien había sido cuestionado por ser primo del titular del Congreso Pedro Olaechea, el primer elegido.

Inmediatamente después de su elección, Vizcarra Cornejo, anunció la disolución del Congreso.

Pedro Olechea insistió posteriormente en que su el mencionado candidato sea reconocido como magistrado electo del Tribunal Constitucional y expidió un documento al TC dando cuenta de la elección realizada.

No obstante, por mayoría del pleno del TC, en una sesión realizada el 17 de octubre del 2019, se rechazó la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos porque su elección no había concluido; puesto que no se había votado la impugnación planteada en el seno del Congreso y además, no se había publicado en El Peruano.

Falta de transparencia

Los cuestionamientos al actual proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional tienen su origen al interior de la Comisión Especial de Selección que se constituyó con el Congreso electo en 2020.

Y es que, el grupo de trabajo fue duramente criticado por insistir con el proceso, pese a la falta de pluralidad de sus integrantes tras la renuncia de cuatro bancadas que lo conformaban y contar con menos de un año para realizar la selección.

El grupo especial comenzó a funcionar recién en setiembre del 2020 acordando realizar un nuevo reglamento donde prime la meritocracia a través de un concurso público.

Sin embargo, los propios integrantes de la comisión consideraron “apresurado” el plazo de análisis y aprobación del reglamento en octubre de ese año.

Ante ello, Alianza para el Progreso (APP) renunció seguido del Partido Morado (PM), Frente Amplio (FA) y Somos Perú (SP) representantes en el grupo para que sea el Parlamento elegido en el 2021 el que lleve a cabo el proceso.

La comisión permaneció en el limbo hasta febrero del 2021 que volvió a reactivarse luego que APP y SP dieran marcha atrás y se reintegraran al grupo de trabajo. Es así que el proceso de selección continuó hasta que la Comisión Especial definió que 15 postulantes cumplían los requisitos y habían obtenido la más alta puntuación y los presentó ante el Pleno del Congreso.

Dentro de estos, se encontraban el exintegrante del TC Fernando Calle y el exjuez supremo Vicente Walde Jáuregui, cuyas llamadas telefónicas han sido vinculados a los principales investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto como lo reveló El Comercio.

Además, existen otros candidatos cuyos antecedentes han sido cuestionados por su cercanía a diversos partidos políticos, como lo informó IDL Reporteros.

Sin embargo, lo que no se vio a lo largo del proceso fue la publicación de cuáles fueron los motivos de la comisión para otorgar los puntajes a los concursantes. Esto, pese a que así lo establece su propio Reglamento de la Comisión en los puntos de “principio de publicidad” y motivación referida en los artículos 5 (inciso 6) y artículo 35 de la norma.

Por estas y otros cuestionamientos, el abogado Walter Ayala recurrió ante el Poder Judicial vía un recurso de amparo y medida cautelar que fue decretado por la juez del Tercer Juzgado Constitucional que ordenó la suspensión de la elección.

Así llegamos a la actual situación que enfrenta nuevamente al Congreso y al Poder Judicial, luego que el Legislativo decidiera hacer caso omiso a la orden judicial y seguir adelante con el proceso de elección.

Ello, pese a que el último miércoles, los tres candidatos que encabezaban la lista con la mayor puntuación – Fernando Calle, Aarón Oyarce Yuzzelli y Guillermo Hakansson Nieto- no recibieron el respaldo de los 87 votos que necesitan para ser electos.

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