Ministro de Justicia: “Deshacinamiento de penales no es un tema solo del Ejecutivo” | Entrevista

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, espera que el pleno del Congreso apruebe en las próximas horas el dictamen que permitirá reducir el hacinamiento en las cárceles. Agregó que no abandonará sus responsabilidades, “menos en una pandemia” ante el pedido de renuncia que le hicieron tres bancadas del Parlamento, tras el motín en el penal de Castro Castro que dejó nueve reos muertos.

— El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para reducir el hacinamiento en los penales el 5 de mayo, en el día 51 del estado de emergencia por el coronavirus. ¿No reaccionaron de manera tardía para atender la problemática en las cárceles?

No, lo primero que se hizo fue implementar medidas de sanidad en las cárceles. Ante el caso cero [de coronavirus] todo el sistema penitenciario tenía aprobado los protocolos para la prevención y la utilización de equipos de protección. Y, en segundo lugar, nosotros solicitamos expresamente al Parlamento que nos otorgue la posibilidad de variar la situación jurídica de la población penitenciara y de los adolescentes, internados en los centros juveniles. Es decir, hacer lo que estamos haciendo ahorita, a través de este proyecto de ley. Pero ese pedido fue rechazado, el Congreso eliminó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera, mediante, una comisión, una norma o un mecanismo modificar la situación jurídica [de los internos].

— Pero, dentro de estas facultades legislativas, emitieron, el 14 de abril, el DL N°1459 para reducir el número de reos por el delito de omisión de asistencia familiar…

En este caso la figura ya preexistía, es decir la conversión de pena por deuda alimentarias ya existía en un decreto de urgencia previo [DU N°008-2020], lo único que se hizo en este decreto legislativo fue simplificar el procedimiento. Por ejemplo, se eliminó todo aquello que implicaba una audiencia con el Ministerio Público, la expedición de documentos del INPE.

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— Si el Congreso no les dio las facultades para legislar para reducir el hacinamiento en los penales, y esto ocurrió a fines de marzo, ¿por qué esperaron cinco semanas para presentar este proyecto de ley?

Es fácil hacer un análisis con posterioridad, pero en una emergencia se producen muchas dificultades y se toman decisiones sucesivamente. Cuando el Congreso rechaza [esta parte del pedido de facultades], nosotros solicitamos información al INPE para utilizar la figura de los indultos, para acceder a data sobre los grupos de vulnerables, entorno a eso se emite el decreto supremo sobre los indultos. Pero, paralelamente a ello, yo exhorto y envío oficios al Poder Judicial, en los cuales les digo que tienen que atender a los procesados de forma prioritaria. También se le hizo llegar una lista nominal, se puso a los grupos prioritarios, como las madres con hijos. Y se debe decir que el Poder Judicial tiene iniciativa legislativa, ellos pueden presentar proyectos de ley, pero no lo hacían, y los jueces no actuaban. Es por eso que nosotros hemos presentado este proyecto de ley que incide sobre los procesados. Estamos en un sistema, las posibilidades para deshacinar [los penales también] son del Ministerio Público, el Poder Judicial e, incluso, el Tribunal Constitucional, que tiene los hábeas corpus contra resoluciones judiciales, no es un tema solo del Ejecutivo.

— La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, advirtió desde el inicio de la emergencia el problema de hacinamiento en los penales…

Sí, claro, pero no es que ella invoca [a tomar acciones] y automáticamente aparecen las cifras. Se solicitó la información al INPE y este comienza a trabajar, pero ahí empiezan a surgir las emergencias con la filtración [del COVID-19] en los penales. Y no todo [el personal del INPE] está trabajando, los agentes están reducidos. A lo que voy es que no pueden evaluar en abstracto el funcionamiento del INPE, se pide la información, pero los equipos están limitados. Tienen un equipo básico que ha atendido estos requerimientos del ministerio. Se ha dado cuenta de esta situación en el Consejo de Estado, no es que la presidenta del TC pida y nosotros recién abrimos los ojos en el sentido de que “hay que deshacinar”, no, evidentemente para poder reducir el hacinamiento hay que tener claro cuáles son los grupos deshacinables, en qué proporción, cuáles serán los criterios y cuál es la relación nominal. El indulto no es un cheque en blanco, mediante el cual se diga “todos los que están enfermos salen”.

— El gobierno criticó al Congreso cuando no le dieron las facultades para legislar en el tema del control concurrente, ¿por qué no advirtió, en su momento, que el Parlamento no le dio las herramientas para reducir el hacinamiento en las cárceles? ¿O se les pasó?

No, no, lo que hicimos inmediatamente [tras la negativa del Congreso] fue generar información con el INPE, también se hicieron los instrumentos normativos para los indultos, y se envío oficios al Poder Judicial, que responde y dijo que iban a priorizar, sacaron una resolución administrativa diciéndole a los jueces que prioricen [revisar la situación de los procesados], pero pasa una semana, dos semanas, y no lo hacen.

— ¿Cuáles son las diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y el presentado por el Poder Judicial?

Una gran diferencia es que nosotros optamos por resoluciones colectivas, que tiene que ver con la posibilidad de que haya un juez y un fiscal, ambos de emergencia penitenciaria. Ellos en base a las listas que el INPE les mandará pueden organizarse e impulsar el trabajo de todos los jueces que tengan competencia sobre los procesados. El proyecto del Poder Judicial no apunta a resoluciones colectivas, que en nuestra opinión son más rápidas, sino que propone que el juez evalúe cada caso, eso va a demorar un poco más [la reducción de hacinamiento].

— ¿Espera que el Parlamento apruebe este jueves el dictamen sin muchos cambios, a lo que ha planteado por el gobierno?

[…] Nosotros hemos establecido un criterio claro: el primer grupo de beneficiarios deben ser los procesados por delitos no graves, de menor lesividad, en este caso, suman un techo de 10.000. Aquí la propuesta es que se les dicte comparecencia con restricciones, ahí el juez no tiene que hacer nada, solo aplicar la norma. Lo que hace el INPE es enviar la lista de procesados por delitos menores a la corte, el juez lo traslada al fiscal, quien en 48 horas debe validar u oponerse. Con esa respuesta, el juez emite una resolución colectiva, notifica al INPE y se excarcela. Y esto se puede hacer por cada penal. Por lo general, hay un penal que está circunscrito a una corte superior y ese juez coordinador puede actuar en función a un penal. Para nosotros, esta es una medida rápida que no implica un riesgo grave para la sociedad, porque hablamos de procesados por delitos menores. Esa es una medida de deshacinamiento que exhortamos el Congreso mantenga.

— El Poder Judicial dispuso el 30 de abril que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán cumpla arresto domiciliario, pero recién abandonó el penal de Mujeres de Chorrillos ayer, 13 días después de la orden. ¿No cree que hubo un exceso de burocracia en el INPE para acatar esta medida?

Bueno, el INPE se sujeta al principio de legalidad, los protocolos del INPE establecen que la orden del Poder Judicial debe cumplir con estas normas. En dos oportunidades es el Poder Judicial el que ha incumplido con estas disposiciones. Por ello, he exhortado al órgano de control a que revise qué es lo que ha ocurrido. Lo único que ha hecho el INPE es recibir la orden, corroborar y excarcelar si cumple con los requisitos, pero si la orden está mal elaborada ahí hay un problema.

— Un informe de la contraloría determinó que el INPE solo había gastado el 10% de los S/10 millones de presupuesto que le asignaron para combatir al coronavirus…

Con [el nuevo jefe del] INPE nos vamos a presentar la próxima semana en la Comisión de Fiscalización del Parlamento, ahí se va a explicar cuál es el gasto, que no es de 10%, es mayor. Además, hay gasto comprometido. Y se tiene que contextualizar, no estamos en una situación de normalidad en la que los proveedores cumplen en tiempos oportunos.

— Entre el 2017 y 2020, solo 27 condenados accedieron a grilletes. ¿Por qué este programa no se ha implementado con mayor celeridad?

Por dos factores, el primero es que la asignación de grilletes no depende del INPE, lo que hace el INPE es contratar al proveedor, pero es el juez el que decide imponer el grillete, no es una atribución del Poder Ejecutivo. ¿Por qué los jueces no lo ordenan? Bueno eso es parte de la reforma judicial, hay que plantear que dentro de las alternativas menos gravosas a la prisión preventiva esté la utilización del grillete. No todos tienen que ir a la cárcel. Y, en segundo lugar, el costo del grillete lo paga el interno y no todos los internos quieren pagar, entonces hay dos temas: la orden judicial y el costo que tiene que asumir el interno. El INPE tiene un contrato vigente, que puede ser ampliado, tiene stock de grilletes, pero el Poder Judicial tiene que ordenar la imposición con aceptación del interno.

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— El gobierno otorgó hoy [miércoles] 66 indultos a internos. ¿Cuántas personas en total han accedido a esta gracia presidencial? ¿Y cuánto, en promedio, está demorando los indultos comunes?

Tenemos, en total, a 776 personas que han egresado de los establecimientos penitenciarios, entre indultos y el tema de la conversión de penas por alimentos. De este número, 653 son por conversión de pena por alimentos, y los indultos son la diferencia, 123. ¿Por qué no se puede avanzar más rápido? Porque hay un problema de fondo: los sistemas del Poder Judicial y del INPE no están interconectados. Lo que están haciendo los equipos tanto del Poder Judicial como del INPE es trabajar rápidamente con lo que tienen, pero esto no se basa en la tecnología, por eso demora en llegar la información a la Comisión de Gracias Presidenciales. La comisión recibe la información del INPE y Poder Judicial, tras ello, prácticamente no se demora nada, hace la calificación, sesiona y eleva al presidente [Martín Vizcarra] la propuesta de indulto.

— El presidente Vizcarra también puede otorgar derechos de gracia para personas que actualmente estén siendo procesados, esto bajo determinadas características. ¿Se ha pensado en esta herramienta? ¿Puede ser eficaz o no?

Esta norma está en la Constitución, es un poco complicada de cumplir, porque estaba pensada en el ordenamiento anterior, no en el nuevo Código Penal, y existen un conjunto de requisitos bastante altos. Para determinar [el derecho de gracia] se necesitan los registros del Poder Judicial, ir a casos concretos, eso demoraría mucho más de lo que estamos trabajando.

— ¿Al día de hoy cuántos agentes del INPE y reos tienen coronavirus?

Se han realizado 2.669 pruebas a agentes penitenciarios. De estas hay 422 positivos y 2.226 negativos. De los 422 positivos, 378 están en sus casas, aplicando la directiva del Minsa de que tienen que guardar reposo quienes son asintomáticos o tienen síntomas leves; dos están en la Villa Panamericana; 14 están en los hospitales; nueve han fallecidos; y 19 han sido dados de alta.

¿Y en el caso de reos?

En el caso de los internos, se han tomado 2.527 pruebas, de las cuales hay 1.428 negativos y 1.099 positivos. De los positivos, hay 906 que están en las zonas de aislamiento de los penales, 90 en hospitales y 103 que han fallecido.

— Aunque no es competencia exclusiva del Minjus, hay quienes consideran que el servicio de administración de justicia es esencial y que debería estar operativo. ¿Hay coordinadores con el Poder Judicial respecto a la operatividad? ¿Se están evaluando reglas para una reapertura?

El Poder Judicial ha activado un calendario de regreso progresivo a sus actividades, muchos juzgados están trabajando vía online. También son conscientes de que van a tener que hacer un escalamiento de sus labores. Y hay coordinaciones, durante la etapa de emergencia, para el traslado de jueces y de expedientes.

— ¿Se tiene pensado un proyecto de ley para la digitalización de los expedientes? ¿Para simplificar los procesos judiciales?

Esto ya estaba, yo soy el secretario técnico del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, este problema ya estaba mapeado, es más, existe en la actualidad un proyecto aprobado por el Banco Mundial que justamente digitaliza todos los expedientes a nivel nacional, estaba en ejecución, pero con la emergencia sanitaria, obviamente está paralizado. Pero esto tiene que retomarse, esto permitirá interconectar al Poder Judicial, a la defensa pública y al INPE. Se tendrá la información inmediatamente, nunca mas vamos a tener estos problemas, como con la señora Villarán.

— Tres bancadas, entre ellas Acción Popular, pidieron su renuncia, tras el motín en el penal Castro Castro, que dejó nueve muertos. ¿Consideró dar un paso al costado?

No, aunque mi cargo siempre está a disposición. Es un honor que el presidente me haya designado ministro, y yo ejerzo mis funciones al máximo, yo no abandono mis responsabilidades, menos en una pandemia, sería irresponsable hacerlo. En el caso del penal Castro Castro existen protocolos, el Ministerio Público está investigando, y va a establecer si se siguieron o no los protocolos sobre el uso de la fuerza y de seguridad del INPE. Y obviamente, [los pedidos] de los congresistas son democráticos, lo que puedo decir es que mi cargo siempre está a disposición del señor presidente, yo pongo mi mejor esfuerzo y no abandonó mis responsabilidades en medio de una pandemia.

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