Dina Boluarte: los otros cuestionamientos al frente del Club Apurímac y que el Congreso archivó en el 2022

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La denuncia de la Contraloría y el Club Apurímac

Boluarte enfrentó una denuncia constitucional por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, cuando ya estaba al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entre ellos una solicitud ante la Municipalidad de Lima para que la citada asociación pueda acceder a una licencia de funcionamiento.

Dicha demanda derivó de un informe de la Contraloría General de la República, que detalló que -entre el 26 de agosto y el 20 de octubre del 2021- la entonces titular del Midis suscribió 13 documentos como presidenta del club. Estos tuvieron relación con el cambio en parte de los estatutos, con convocatorias a sesiones del Consejo Directivo y con constancias sobre el quórum.

La contraloría indicó, en base a una búsqueda realizada en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp, que Boluarte fue elegida el 15 de enero de 2017 como presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac hasta el 2019, cargo para el que fue reelegida hasta febrero de 2022.

Y, mediante escritura pública del 20 de setiembre del 2021, se modificaron de manera parcial los estatutos del Club Departamental Apurímac para prorrogar el mandato de los integrantes del Consejo Directivo, incluyendo a Boluarte, hasta el 15 de febrero de 2024.

Ante el órgano de control, Boluarte indicó que solicitó licencia en el club departamental.

No obstante, en su informe, la contraloría señaló que no recibió el acta de la sesión del Consejo Directivo del club, de fecha 5 de agosto de 2021, en la cual se habría aprobado referida licencia..

También dio a conocer que Boluarte continuó firmando documentos del club, pese a su licencia.

En su defensa, la ahora jefa de Estado dijo que solo firmó documentos para regularizar trámites registrales ante la Sunarp.

Sin embargo, el portal “Epicentro” informó que Boluarte Zegarra tramitó, con su nombre y rúbrica, ante la Municipalidad de Lima una licencia de funcionamiento a favor del Club Departamental Apurímac, a fin de que en el recinto pueda funcionar un restaurante, bar y un salón de eventos.

El documento, donde se consigna a Boluarte como la representante legal de la asociación privada, fue presentado el 7 de abril del 2022, cuando ya era ministra de Estado.

Incluso, en octubre de 2021, la entonces vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social firmó una apelación que presentó el club en rechazo a la resolución de la Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones de la comuna limeña, que le había negado el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, por incumplir con condiciones de seguridad en caso de incendios.

El artículo 126 de la Carta Magna establece que los ministros “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.

Y, además, remarca que los integrantes del Gabinete Ministerial “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Omisión en su declaración jurada de intereses

Boluarte también omitió consignar en su declaración jurada de intereses (DJI) a Alfredo Florentino Pezo Paredes, quien es el esposo de su hermana. Esta persona fue contratada por el Estado para ofrecer sus servicios profesionales.

Por este caso también presentaron una denuncia constitucional en su contra, la cual fue acumulada con el caso del Club Apurímac. Legisladores de bancadas que se oponían al gobierno de Pedro Castillo pedían que la entonces ministra sea inhabilitada de la función pública por 10 años.

No obstante, el informe final de la demanda, elaborado por el parlamentario Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), subrayó que “no se evidencia” que la hoy ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) “haya infringido el artículo 126″ de la Carta Magna, “por cuanto los actos registrales y solicitud de licencia de funcionamiento que, realizado, no implicaron, en lo absoluto, actos de gestión o de dirección” del Club Departamental Apurímac.

Reymundo, en su informe final, además, descartó que la ex titular del MIDIS haya violado el artículo 38 de la Constitución, porque no existe “un conflicto de intereses real” de parte de esta al haber omitido consignar en su Declaración Jurada de Intereses que su cuñado laboraba en el Estado.

Es así como la denuncia constitucional fue archivada el 5 de diciembre del 2022 por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La decisión fue ratificada en febrero de este año por la Comisión Permanente.

Perú Libre y la investigación por financiamiento prohibido

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En octubre del 2021, la hoy jefa de Estado fue incluida por el fiscal Richard Rojas en la investigación por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre. Boluarte era en ese entonces la vicepresidenta de Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Además, era militante de la organización del lápiz.

Rojas decidió incorporar a Boluarte en la indagación por supuesto lavado de activos debido a las declaraciones de colaboradores eficaces y evidencia encontrada por el Ministerio Público con respecto a este caso, que deriva de otra investigación fiscal: la de Los Dinámicos del Centro.

De acuerdo a la investigación fiscal, Boluarte y Braulio Grajeda - un militante de Perú Libre que fue viceministro de Gobernanza Territorial en la gestión de Pedro Castillo- abrieron una cuenta mancomunada en el BCP en la que –según la indagación fiscal– se recaudaron aportes ilícitos de trabajadores CAS del Gobierno Regional de Junín y dinero para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, fundador del partido y exgobernador de Junín, por su condena por corrupción.

Posteriormente, en marzo del 2023, luego de que Henry Shimabukuro afirmara que financió algunos gastos de campaña de Castillo y Boluarte, como pasajes, alimentación, hospedajes, viáticos y movilidad personal, el fiscal Rojas amplió la pesquisa. Además, de lavado de activos, también se le imputan a la jefa de Estado los posibles delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal.

Además, el fiscal Rojas incorporó al vacado expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro –investigado en el Caso ‘Gabinete en la sombra’– en la citada indagación.

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Investigación por muertes en las protestas

En enero del 2023, la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides inició una investigación contra Boluarte por presunto genocidio por las muertes en las protestas ocurridas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, diciembre de 2022 y enero del siguiente año.

Esta indagación alcanza al exprimer ministro, Alberto Otárola; y los ex titulares del Interior, Víctor Rojas; y de Defensa, Jorge Chávez.

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Presunto plagio

La presidenta acumula dos investigaciones fiscales por el supuesto delito de plagio en la elaboración de sus libros “El Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y “Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú”.

En el primer caso, se investiga a la presidenta por presuntamente haber elaborado, junto a otros siete-coautores, un texto donde el 55% del mismo pertenecería a otras personas cuya autoría no fue consignada.

Fueron comprendidos en la investigación: Efraín Anaya Cárdenas, exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura; Luis Gavancho Chávez, exmagistrado de la Corte Superior de Lima; Marcial Quinto Gomero, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash; María Chávez Serrano, exabogada del Ministerio de la Mujer; Hugo Villar Mayta, exprocurador de la Municipalidad de Bellavista; Nancy Angeludis Tomassini, jueza en actividad; y Carmen Rivera Tejada, quien hasta junio figuraba como abogada en el Ministerio de Salud.

En el segundo expediente, Boluarte Zegarra aparece también como coautora junto Raúl Humala Trigoso, exfiscal actualmente condenado a pena efectiva; Efraín Anaya Cárdenas, Marcial Quinto Gomero, Luis Gavancho Chávez, María Chávez Serrano y Hugo Villar Mayta.

En este, como denunció ‘Al Estilo Juliana’, se hallaron citas y textos de al menos tres especialistas y Facebook, cuya autoría no fue atribuida en los escritos.

Ambos libros se encontraban en el catálogo bibliográfico de la Biblioteca Nacional del Perú, por lo que eran de acceso a todo el público.

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