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Eduardo Salhuana, flamante presidente del Congreso de la República, no solo defendió intereses de mineros informales, también abogó en el año 2008 por un sentenciado por tráfico ilícito de drogas ante el Tribunal Constitucional (TC).
Según la resolución a la que accedió El Comercio, el ahora presidente del Legislativo buscaba que el TC se pronuncie a favor de que el Poder Judicial cambie el tipo penal al que había sido condenado su patrocinado. Esto es, que la Corte Suprema modifique la condena agravada por una calificación menos gravosa para T.L.P.R., su cliente en ese momento.
Como se recuerda, Salhuana Cavides es abogado de profesión por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Actualmente, es representante como congresista por Madre de Dios de Alianza Para el Progreso (APP).
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Antes de ser abogado de mineros ilegales y de sentenciados por tráfico de drogas, Salhuana Cavides había asumido cargos de función pública, ya que fue congresista por Renacimiento Andino durante el periodo 2001-2006, pero sobre todo, había ejercido el cargo de ministro de Justicia en el gobierno de Alejandro Toledo, desde febrero hasta agosto de 2005. Y, antes de ello, fue diputado desde el 27 de julio de 1990 al 5 de abril de 1992.
Según la resolución del TC, el 1 de julio de 2008, Eduardo Salhuana Cavides interpuso una demanda de habeas corpus, a favor de T.L.P.R. en contra de los vocales de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, los jueces superiores Pedro Aldea Suyo, Herminio Esenarro Cuba y Jhon Alfaro Tupayachi; y, contra los vocales de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces, conformado por los jueces supremos Javier Villa Stein, Florentino Santos Peña, Hugo Antonio Molina Ordóñez, Héctor Valentín Rojas Maraví y Jorge Ballardo Calderón Castillo.
Se explica en la resolución, que Salhuana solicitaba al TC, que se ordene la adecuación del tipo penal por el que había sido sentenciado el favorecido a pena privativa de la libertad, esto es, del tipo penal de tráfico ilícito de drogas agravado al tipo penal base. Con ello, como efecto, la pena podría reducirse.
“Sobre esta base, señala que ha solicitado la adecuación del tipo penal, esto es, del tipo penal de tráfico ilícito de drogas agravado (artículo 297°, CP) al tipo penal base (artículo 296°, CP), el mismo que hasta la fecha no ha sido resuelto por el órgano jurisdiccional respectivo, no obstante, haberlo solicitado en reiteradas oportunidades, lo cual, vulnera los derechos invocados.”
Tribunal Constitucional
Su patrocinando, en ese entonces, había sido condenado a 12 años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado y la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema.
Incluso en el documento se señala que la defensa del sentenciado no interpuso ningún recurso de nulidad contra la condena.
El Comercio accedió al registro de antecedentes judiciales de la persona defendida por Salhuana Cavides, en la que se registra sus ingresos al penal por tráfico de drogas, así como la referida sentencia impuesta en su momento.
Sin embargo, en aquel momento, lo que reclamaba Salhuana como abogado ante el TC era que la supuesta agravante aplicada en la condena de su patrocinado, no se encontraba vigente cuando se cometió el delito. Por ello, cuestionaba que la Corte Suprema no emitiera algún pronunciamiento sobre lo que consideraba una irregularidad.
Eduardo Salhuana juró como presidente del Congreso este 26 de julio. (Foto: GEC)
Entonces, como abogado, reclamaba que el Poder Judicial declarara la nulidad de la sentencia agravada, tal como lo hizo respecto de su co-procesado N.C.L., quien sí interpuso recurso de nulidad, a diferencia del patrocinado por Salhuana.
Por ello, el ahora presidente del Congreso sostenía que en el caso de su patricinado se había producido la violación de los derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, así como al principio de legalidad penal.
Los miembros que integraban en ese entonces la Sala 1 del TC - Luis Landa Arroyo, Fernando Calle Hayén y Ernesto Álvarez Miranda- advirtieron que lo que pretendía Salhuana, “en puridad, es que el TC disponga la adecuación del tipo penal” por el que su patrocinado había sido sentenciado a pena privativa de la libertad; es decir, del tipo penal de tráfico ilícito de drogas agravado (artículo 297°, CP) al tipo penal base (artículo 296°, CP).
Y si bien, agregaron los ahora exmagistrados del TC, la condena no había sido impugnada ante la Corte Suprema, sí cuestionaba el cambio de la sentencia agravada ante la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre Dios.
Incluso, reiteró su pedido ante dicha instancia judicial hasta en tres oportunidades. Sin embargo la referida Sala Mixta de Madre Dios no se pronunció sobre su requerimiento hasta la presentación del recurso de habeas corpus el 1 de julio del 2008.
Es decir, señalaron, al momento de recurrir ante el TC, su pedido para la adecuación del tipo penal no había sido resuelto por la Corte Superior de Justicia de Madre Dios y tampoco había adquirido firmeza, por lo que el Tribunal Constitucional no podía pronunciarse ya que el habeas corpus fue interpuesto “de modo prematuro”.
En ese sentido, por unanimidad, decidieron declarar improcedente el recurso de habeas corpus que Salhuana Cavides interpuso a favor de su patrocinado.
Sentenciado por alimentos
Salhuana Cavides no solo fue abogado de personas sentenciadas, él mismo registra una condena civil por alimentos, luego de que la madre de uno de sus hijos lo denunció para que cumpla con la manutención.
La misma condena fue reconocida por el ahora presidente del Congreso al momento de registrar su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para postular al cargo de elección pública.
Según los registros y resoluciones judiciales obtenidas por El Comercio, Salhuana Cavides fue demandado para que cumpla con la pensión de alimentos y gastos de su hijo, en abril del 2006.
Un año después, en abril del 2007, el Primer, Juzgado de Paz Letrado Transitorio- Sede Tambopata a cargo del juez Vidal Esquivel de la Quintana, declaró “fundada en parte la demanda” interpuesta por T.E.T. en representación de su menor hijo C.J.S.E. “sobre prestación de alimentos en contra de Eduardo Salhuana Cavides”.
“En consecuencia se dispone que el obligado asista a favor del menor alimentista con la suma mensual ascendente al 30% (treinta por ciento) de los ingresos económicos que por todo concepto perciba el demandado, suma que deberá ser depositada en forma mensual en una cuenta de ahorros que deberá abrir el demandado en una institución financiera de la localidad, con expresa condena de costas y costos procesales”.
Primer Juzgado de Paz Letrado Transitorio- Sede Tambopata
Salhuana Cavides impugnó la decisión, sin embargo la condena por alimentos fue confirmada en diciembre del 2008.
Luego de ello, de acuerdo a los registros judiciales, Salhuana Cavides no habría cumplido con abonar la pensión de alimentos. Por ello, en abril del 2010, la demandante solicitó que se “requiera” que la ahora cabeza del Legislativo, cumpla con depositar el 30% de sus haberes bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente
Sin embargo, si bien el juez requirió a Salhuana que cumpla con depositar el 30% de su ingreso mensual en la cuenta de ahorros, no se aceptó denunciarlo penalmente ante la fiscalía.
Posteriormente, en el 2013, el juzgado dispuso “archivar transitoriamente” el caso debido a que se encontraba paralizado por más de cuatro meses. Por ello, ordenó que el expediente sea enviado al archivo central de la Corte Superior de Madre de Dios, “para su mejor conservación hasta que las partes procesales soliciten su desarchivamiento”.
Sus hermanos fueron proveedores del Estado
En su declaración jurada de intereses, presentada ante la Contraloría General de la República, Salhuana Cavides consigna dos informes de los años 2021 y 2022 donde declara la lista de sus familiares y otros personajes vinculados a su entorno.
Según el registro de proveedores, tres de ellos han contratado con el Estado en diferentes años.
Diana Salhuana Cavides contrató, entre el 2014 al 2018, con el Ministerio del Ambiente por la suma de S/78,558.00.
Por su parte, Jorge Salhuana Cavides contrató entre el 2017 al 2019 con el Ministerio del Interior por S/116,000.00.
Roger Salhuana Cavides, otro de los hermanos del flamante presidente del Congreso, ha contratado con el Estado de modo personal por poco más de S/1′033,830.41 millón.
Según el registro los contratos van desde el 2012 al 2019, con los ministerios del Ambiente; Desarrollo e inclusión Social; Cultura; Relaciones Exteriores; y Justicia; así como con el Programa Cuna Más, Cofopri, la Municipalidad de Chincheros y Ceplan. De la misma manera, en el 2021 con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Dichas entidades, según las órdenes de servicio lo contrataron, entre otras labores, para el servicio de organización, consolidación y análisis de la información de talleres; análisis de la rentabilidad económica de las plantaciones forestales, propuesta de modelo y diseño de una estrategia para el alineamiento del Programa Trabaja Perú con los programas del sector Trabajo hacia un resultado común.
Además, consultorías para la elaboración de un documento de diseño del “Programa Presupuestal relativo a la infraestructura de la calidad”; consultoría para el estudio de costos de capacitación de las madres; servicio especializado en temas interculturales para la realización de un diseño de productos multisectoriales para los ejes colectivos de la estrategia de acción social con sostenibilidad; y tutoría para la plataforma virtual de la OCP-Curso presupuesto por resultados de la Cancillería, etc.
Y, a través de la empresa Atipay Innovacion Para La Gestion S.A.C., donde Roger Salhuana Cavides registra el 50% de las acciones, también registra contratos con el Estado por la suma de S/1′303,603.00 millones.
Según el registro, los contratos van desde el 2014 al 2020, con entidades como la Contraloría y los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Transportes, Justicia, Relaciones Exteriores y Energía y Minas, así como la Presidencia del Consejo de Ministros y el Seguro Social, entre otros.
Entre las contrataciones, figura el servicio para la culminación de la política nacional sobre niñez y adolescencia, así como consultoría - subgerencia de sector económico y financiera de la Contraloría General, Servicio de consultoría para elaboración de mapeo de intervenciones sociales vigentes a cargo de los diferentes sectores, Servicio de capacitación para el curso presupuesto por resultado para 12 funcionarios diplomáticos, y Análisis de datos estadísticos y planeación financiera a nivel nacional de la PCM, entre otro.
El Comercio buscó la versión del congresista Eduardo Salhuana, pero hasta el cierre de este informe no respondió sobre los tres hechos de este informe. Los requerimientos para conocer su versión se realizaron desde hace tres semanas de manera directa y a través del área de asesoría de presidencia del Congreso.
