La negociación para conformar la nueva mesa directiva del Congreso está atada, como siempre, al reparto de las comisiones más importantes. Como se ha repetido la misma alianza para la mesa (APP, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País), será fácil acordar el dominio de dos comisiones fundamentales (Constitución para FP y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para APP).
Pero el ingreso de actores reforzados con nuevos miembros de bancada puede complicar la discusión del reparto. Podemos ha sumado ex miembros de las bancadas más dispares hasta llegar a 14 congresistas (ha fichado a uno de los ‘niños’ originales, Darwin Espinoza, y también a Guido Bellido), lo que la convierte en la más grande luego de Fuerza Popular, aunque será muy difícil verla votar en bloque.
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Eduardo Salhuana, el flamante presidente del Congreso, ha tenido una indeseable primera controversia al tratar de hacerse el desentendido de la asignación de una pensión vitalicia para el ex presidente Alberto Fujimori (a pesar del impedimento legal para que condenados tras acusaciones constitucionales sean pensionados), echando la responsabilidad a la anterior gestión. Su predecesor Alejandro Soto posteó escuetamente para desmentirlo; y Salhuana ha tenido que enfrentar, con declaraciones ambiguas, la presión de las críticas y de las declaraciones de otros congresistas en contra de una decisión que recayó en la jefa de la oficina de recursos humanos, Haidy Figueroa Valdez, correligionaria apepista.
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El miércoles, tras pujas y consultas (ver crónica aparte) anunció la revisión del caso, pero Patricia Juárez anunció el viernes que la pensión no se suspendía. Este episodio pudo servir a Salhuana para marcar la cancha. Tendrá que lidiar el resto de su gestión con presiones y pedidos de amigos y aliados del ‘Bloque Democrático’.
Que el déficit fiscal se aproxime al 4% y que se haya aprobado hace unas semanas un crédito suplementario de alrededor de S/.3 mil millones; lanza el peligroso mensaje de un Ejecutivo concesivo y un MEF que se deja doblar el brazo. Por ejemplo, el lunes, en la ceremonia por el día del juez, el presidente del PJ, Javier Arévalo, dijo ante la presidenta, que se les debía S/.350 millones. Dina, a su turno, dijo que esa cifra les sería reconocida. Así de simple.
Tras su aparición protocolar ante los jueces, la presidenta desapareció de la escena el día martes, cuando se le esperaba en la Pampa de Junín para la ceremonia por los 200 años de la Batalla de Junín. No dio explicaciones inmediatas a pesar de que llevamos más de un año oyendo lo importante que es para este régimen la celebración de los hitos del Bicentenario.
El primer ministro Gustavo Adrianzén calló cuando se le preguntó por ella, pero al día siguiente se difundió una foto del Consejo de Ministros donde porta mascarilla y Adrianzén comentó que padecía una gripe. Los varios frentes judicializados de la presidenta siguen sin mayor alteración; pero el jueves nos enteramos de que su hermano Nicanor afronta un pedido de prisión preventiva que debe dilucidar el juez Richard Carhuancho.
El martes se hizo pública la demanda competencial que el procurador Luis Huerta presentó contra las investigaciones por los casos Rolex, víctimas de las protestas y presunta obstrucción a la justicia. Ello coincidió con la respuesta de la Corte IDH a la carta que enviaron Dina y el ex presidente del Congreso, Alejandro Soto y, como era previsible, le recuerdan que el gobierno, al ser miembro del sistema interamericano, está obligado a acatar sus fallos.
El ministro de Agricultura, Ángel Manero, soltó en la conferencia tras el Consejo de Ministros, estas frases: “En el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente”. Su intención, si uno analiza su discurso, era relativizar las cifras de inseguridad alimentaria (51.7%, muy por encima del promedio de 30% de Sudamérica) en un reciente informe de cinco agencias de la ONU. Pero el concepto de inseguridad alimentaria no se refiere al hambre a secas, sino a la alimentación sin nutrientes y a las débiles políticas para aplacar la desnutrición y la anemia infantil en zonas pobres urbanas y en zonas rurales donde prima la agricultura de subsistencia. En lugar de destacar el problema, el tono del ministro lo subestimó. Al día siguiente del dislate, Manero se tomó unos días de licencia (en el Midagri me explicaron que se trató de un permiso pactado tiempo atrás) y dio una entrevista en TV Perú en la que evitó pedir disculpas. Estamos ante un gobierno débil, pero arrogante.
