“La lucha contra la corrupción está en un franco retroceso”

—¿Se justifica haber activado la Carta Democrática Interamericana?

El presidente de la República ha hecho uso de un mecanismo que existe. No debe asustarnos, más bien servirá para que, en el terreno, puedan ellos generar una opinión certera de lo que está pasando. Probablemente, al final ellos puedan establecer una hoja de ruta para que el Estado resuelva esta situación, o una hoja de ruta en la que también ellos puedan tener una intervención.

—¿Y qué está pasando en el país, cómo lo definiría?

Hay una tensión muy fuerte entre los dos poderes del Estado y esta tiene correlato desde el 2016. Esta tensión ha escalado a una crisis institucional, porque no se está respetando la separación de poderes, las competencias, las autonomías. Por otro lado, las denuncias de corrupción por primera vez han hecho que se abra una investigación a un presidente en ejercicio; la fiscal de la Nación ha acumulado los procesos, pero ya no puede avanzar más y ha presentado la denuncia constitucional. Ahora el Congreso tiene que resolver qué curso de acción le da a la denuncia constitucional.

—¿Peligra el “proceso político institucional democrático”, como se desprende del pedido de activar este mecanismo en la OEA?

Creo que se marca un antes y un después cuando se procesa a un presidente de la República en funciones. Hay determinados riesgos en cómo se va a resolver esta crisis, pero nosotros desde la Defensoría del Pueblo no consideramos que haya en marcha un golpe de Estado o que se haya quebrantando el orden democrático.

—Meses atrás, cuando el actual gobierno cumplió un año, la Defensoría del Pueblo advirtió que el principal problema era el “escaso esfuerzo por erradicar la corrupción”. ¿Algo ha cambiado en estos meses?

El tema de la lucha contra la corrupción está en un franco retroceso. No solamente hablamos de la corrupción en el nivel central, sino la corrupción que se ha generalizado, normalizado en la sociedad e institucionalizado en el Estado en todos sus niveles. Nosotros vemos que los esfuerzos son insuficientes.

—La crisis actual también se vive en la calle. Marchas de protesta por un lado, presencias radicales por otro. ¿Se prevé un escenario de conflictividad social?

La conflictividad social mantiene un ritmo, hay alrededor de 200 conflictos sociales, pero todos los gobiernos los han tenido. Lo que sí ha crecido exponencialmente son estas protestas que empezaron por temas como la falta de fertilizantes, las subvenciones para el tránsito, y que luego se suman a esta polarización de la población en apoyo al Ejecutivo o al Congreso. Son, en promedio, 300 movilizaciones de ese tipo mapeadas por la Defensoría del Pueblo. Esta crisis está llevando a descuidar cómo promovemos el diálogo, el respeto por los derechos y las políticas públicas.

—Su antecesor, Walter Gutiérrez, pidió al Gobierno convocar al Consejo de Estado. El presidente amagó con reunir a las partes, Iglesia incluida, pero no lo hizo. ¿Hay todavía espacio para el diálogo?

Los espacios de diálogo se han devaluado. Cuando el diálogo no es convocado por las autoridades, es muy difícil lograrlo. Esperamos que, ahora que viene la OEA como ese gran componedor de la falta de diálogo y las rupturas, se puedan hacer los esfuerzos.

—Teniendo en cuenta los escasos márgenes, ¿cuál cree que deba ser una salida a la crisis?

Sobre la vacancia, en todos los momentos en que se ha levantado esa bandera, la Defensoría del Pueblo ha señalado que debe ser la última opción y cuando haya cuestiones absolutamente claras. No estamos de acuerdo con que se reduzca la valla de votos para la vacancia, tienen que ser medidas constitucionales.

—Ahora hay cuestiones absolutamente claras, ¿o todavía?

La denuncia de la fiscal ha gatillado un escenario distinto y el Congreso tiene la responsabilidad de definir qué va a pasar respecto a ese pedido, qué decisión toma. Sabemos que están haciendo un conteo, tratando de tener más votos a favor y llegar con una votación ya asegurada. Es una decisión de cada bancada, de cada congresista. Ni la renuncia ni la vacancia van a resolver la crisis.

—¿La renuncia es entonces la opción menos costosa?

El Perú se lo ha pedido, no lo ha hecho y estamos convencidos de que no lo va a hacer.

—Usted lleva ya seis meses como defensora interina. Se acaba de frustrar en el Congreso la elección del nuevo defensor. ¿Realmente hay un interés por atender este asunto? Su antecesor estuvo así más de cinco años.

Se debe tener un reglamento y un cronograma, en fin, las garantías para que a esa institución llegue alguien que realmente tenga las credenciales. Pero tu pregunta me permite no solamente hablar del Congreso, sino del Ejecutivo. Recordemos que el presidente de la República en su campaña anunció que cerraría la Defensoría del Pueblo.