El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, presentó un requerimiento formal de convocatoria al Consejo Directivo a través de un oficio dirigido al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.
Según detalló, el documento está firmado por 14 congresistas que solicitan una reunión para que se explique la decisión de la creación de nuevas bancadas parlamentarias.
“(Este es el) requerimiento de convocatoria al Consejo Directivo del Congreso que consideramos que es indispensable porque lo que se ha hecho es pasar por alto una cuestión previa que se pidió en el Consejo Directivo para que sea la Comisión de Constitución la que nos diga las acciones a seguir establecidas en la sentencia del Tribunal Constitucional”, indicó en conferencia de prensa.
Carlos Tubino refirió que será Daniel Salaverry el que establezca el día y la hora en la reunión, que al ser pedida formalmente es “de obligatorio cumplimiento por el presidente del Congreso, de acuerdo con el artículo 31 del reglamento”.
El documento fue firmado por 14 congresistas, entre ellos Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista) y Úrsula Letona, cuya renuncia a Fuerza Popular todavía no ha sido aceptada.
Según indicó el vocero de Fuerza Popular, “estamos ante un hecho irregular de acuerdo al reglamento”, el cual deberá ser evaluado en Consejo Directivo.
“El Consejo Directivo lo que va a hacer es pedir explicaciones al congresista Daniel Salaverry, (que explique) los pasos que ha dado porque ha obviado lo que hemos indicado y acá es un tema que puede llegar hasta a denuncias de otro tipo, que es lo que se tiene que analizar”, afirmó Tubino cuando se le consultó sobre medidas concretas que tomarían contra el presidente del Congreso.
Al ser consultado sobre si su bancada evalúa una denuncia constitucional contra Salaverry, el portavoz naranja indicó que "todo está en evaluación".
El último miércoles, el titular del Legislativo, Daniel Salaverry, autorizó la creación de nuevas bancadas en el marco del fallo que dio el Tribunal Constitucional que dejó sin efecto en parte la denominada ley de transfuguismo.
Asimismo, ordenó a la Dirección General de Administración del Congreso a que provea a los nuevos grupos de “personal, recursos y ambientes” para el desarrollo de sus funciones.
