En los primeros cinco meses del 2024 el Despacho Presidencial que encabeza la presidenta Dina Boluarte viene gastando más de medio millón de soles, poco más de 150 mil dólares, en trabajos no específicos y no explicados, según denunció “Panorama”.
Según el dominical, se trata de trabajos “duplicados” a través de órdenes de servicio para, por ejemplo, control de documentos o servicios archivísticos, funciones que ya tienen oficinas y personal calificado.
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Esto evidencia es que el Despacho Presidencial está contratando personas para que realicen tareas que, según los expertos, ya se cumplen y se deben cumplir en la oficina de Boluarte Zegarra.
Por ejemplo, en febrero se contrató a tres personas distintas para encargarse de tres labores similares: “servicio en contrataciones públicas”, “servicio en contrataciones del Estado” y “servicio de analista en contrataciones del Estado”. A la primera se le pagó S/27 mil, mientras que a la segunda y tercera, S/16 mil.
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En enero de este año el Despacho Presidencial gastó más de S/97 mil en contratar a tres personas distintas para encargarse del servicio de apoyo de control documentario y administrativo.
Lo llamativo del asunto es que en dicha oficina ya existen 14 personas que trabajan de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Incluso contrataron a una cuarta más como “apoyo administrativo”.
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En febrero del 2024 se emitieron órdenes de servicios por S/253 mil para trabajos que personal del despacho ya realiza como función, como “servicio en contrataciones públicas” (S/27 mil), “servicio en contrataciones del Estado” (S/16 mil), “servicio especializado en la elaboración de contenidos en redes sociales” (S/24 mil) y “servicio especializado en estrategia en redes sociales” (S/15 mil).
Varios de los duplicados tienen suerte y aparte de contratar en Palacio, lo hacen al mismo tiempo en otros ministerios. Por ejemplo, el 1 de febrero del 2024, Edwar Ramos Pachas fue favorecido con S/16 mil para trabajos logísticos en el Despacho Presidencial; dos días después firmó también dos órdenes de servicio con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) por S/28 mil.
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En respuesta, Fredy Hinojosa, vocero del Despacho Presidencial, negó cualquier irregularidad y justificó las contrataciones afirmando que se aplica dicha figura cuando la necesidad de servicios no es cubierta por los funcionarios de planta.
“Las necesidades del servicio de cada unidad son establecidas por el funcionario, siempre que exista la necesidad del servicio. Solamente cuando existe una necesidad de servicios que no es cubierto por funcionarios de planta, el funcionario realiza un requerimiento”, expresó a “Panorama”.
Delitos e infracciones
Para el abogado penalista Miguel Ferreyra, se estaría incurriendo en una presunta negociación incompatible porque, desde su punto de vista, se pretendería favorecer a un tercero.
“Pretendes pagar servicios que los propios funcionarios públicos de tu Despacho Presidencial pueden realizarlo; por lo tanto, prestar órdenes de servicio para temas del cual ya existe personal a cargo es ejercer pagos indebidos. Por lo tanto, la propia figura que te señala la norma penal es una negociación compatible porque busca favorecer a un tercero”, indicó.
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En tanto, José Trelles, abogado especialista en contrataciones del Estado, señaló que existe una “desnaturalización” de la manera de vincularse con estas personas y que dicho mecanismo supondría una infracción normativa.
Defiende contrataciones
En un comunicado, la Presidencia de la República aseguró que los servicios por terceros se realizan dentro del marco de la ley y “cumplen estrictamente” con lo establecido en los términos de referencia.
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“Estos contratos están bajo supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE, se encuentran debidamente registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE y publicados, conforme a la normativa, en el Portal de Transparencia de libre acceso para cualquier ciudadano”, indicó.
“El Despacho Presidencial, como en años anteriores, realiza estas contrataciones de servicios de carácter temporal para atender necesidades específicas, con el fin de cumplir con los objetivos institucionales”, añadió.
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Del mismo modo, remarcó que el gasto público realizado por el Despacho Presidencial en lo referido a la contratación de locadores no excede, en modo alguno, lo presupuestado para cada año.
“Justamente, cada año, la Contraloría General de la República a través de una Sociedad Auditora, realiza una auditoría de los estados financieros y presupuestarios, a fin de verificar la legalidad del gasto y la gestión”, subrayó.
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