Ana Bazo Reisman

En el Perú existen 8.954 centros de salud y postas médicas, pero solo 179 cuentan con la infraestructura y el equipamiento adecuados para la ciudadanía. De acuerdo con informes anuales del , la mayoría de estos establecimientos –considerados dentro del primer nivel de atención– acumulan deficiencias en sus instalaciones, lo que entorpece o imposibilita que cumplan con el objetivo de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades más frecuentes entre la población.

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Amazonas, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Puno, Tumbes y Ucayali están en condición más crítica, pues más del 99% de sus locales tienen equipos obsoletos o insuficientes y construcción precaria. Esta realidad se ha sostenido en el tiempo pese a la crisis experimentada en el país por el Covid-19 y el paso de diferentes gestiones presidenciales.

ECData revisó los planes de gobierno y los ofrecimientos verbales de los últimos cinco mandatarios elegidos por voto popular. Desde Alejandro Toledo hasta Pedro Castillo, las propuestas con respecto al primer nivel de atención en salud han sido pocas o no incluyeron planificación concreta.

Por otro lado, en el actual Congreso de la República, la legislación en torno a estos establecimientos de salud no ha tenido suficiente impacto. De ocho proyectos de ley, uno fue retirado y tres se encuentran a nivel de comisión. Los cuatro restantes fueron aprobados por el pleno; tres de ellos originados de iniciativas declarativas.

Para especialistas consultados por El Comercio, tener el grueso de centros de salud en óptimas condiciones mejoraría el flujo de la atención sanitaria en el país y descongestionaría hospitales locales y regionales. Sin embargo, más allá del presupuesto, estiman que para ese objetivo siempre ha faltado decisión política y gestiones comprometidas.

Carencias históricas

De acuerdo con cifras del Minsa hasta agosto de este año, el país cuenta con 246 hospitales, los cuales corresponden al segundo y tercer nivel de atención. De ellos, apenas 14 tienen instalaciones adecuadas, mientras que los otros 232 están en mal estado. Esto implica que el flujo de la atención sanitaria en hospitales locales y regionales tampoco garantiza el acceso a la salud demandado por la ciudadanía.

En diálogo con este Diario, el exministro de Salud, Fernando Carbone, explicó que los gobiernos de turno deberían siempre priorizar el mantenimiento y la mejora de los centros de salud y postas médicas. Esto, porque componen el primer eslabón del servicio sanitario, representan al 96% de todos los tipos de establecimientos, y conllevarían a controlar más del 87% de enfermedades a nivel nacional.

“Y uno se pregunta cuánto es el presupuesto que va para esto. Más o menos, un 10% a 12%. Y el resto se destina a los hospitales e institutos. La desproporción es brutal. En la pandemia, subió artificialmente, con mayor cantidad de personal, equipos, materiales. Pero ya a partir del 2022, esto vuelve a caer. Entonces, el principal problema, que podemos llamarlo histórico, es la desproporción. Esto, aunque los hospitales atiendan al 11.4% de toda la carga de enfermedades”, dijo.

Hernando Cevallos, también exministro de Salud, coincidió en que existe una mala lectura de los políticos con respecto a resolver la crisis del sector. Añadió que hace falta una reforma del sistema y coincidió en que las carencias presupuestales no justifican el retraso por sí solas.

“La falta de decisión política tiene que ver con una reducción generalizada del papel del Estado en la protección del ciudadano y en la regulación de sus derechos. Por eso no hay presupuesto, políticas ni normas que aseguren la democratización de la salud. Cuando hablo de la reforma pendiente, me refiero a revisar la estructura organizativa del Minsa, redistribuir los recursos humanos y profesionales, presentar una estrategia clara. Pero los ejecutores y decisores políticos no tienen esa prioridad”, cuestionó.

Con respecto a la necesidad de incrementar el personal médico y especializado, el exfuncionario argumentó que no hay una planificación clara ni una política de descentralización.

“Necesitamos, primero, formación más rápida de especialistas, de médicos generales en el país. En este momento, el Estado ha retrocedido en ello porque la mayor parte de especialistas en salud provienen de universidades privadas y no del Estado. No hay ningún tipo de planificación, solo responden a la cantidad de campos clínicos, la mayoría de los cuales están inoperativos para formar especialistas”, expresó Cevallos.