El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo que su posición es a favor de que haya un control constitucional a todos los funcionarios públicos, incluyendo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y comentó que sería un error si el Ejecutivo “interfiera” en las decisiones que corresponden al Congreso.
“Lo único que dije desde un principio es que nadie está exento de control constitucional. Todos, de rey a paje podemos ser objeto de control. Sin embargo, no debe olvidarse que este control debe realizarse en el marco estricto del debido proceso y respeto a la defensa”, comentó a RPP este sábado.
Dos integrantes de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez, fueron removidos de su cargo e inhabilitados por diez años de la función pública por mayoría en el pleno del Congreso.
Adrianzén advirtió que a nivel internacional hay preocupación sobre la politización de la justicia, no solo en el Perú sino en la región.
“Hemos visto que había hecho llamados anteriores sobre la prudencia por el impacto que tiene en la comunidad internacional y lo vi, en el tiempo que estaba en la OEA. Todo el tema de la autonomía del sistema de administración de justicia es muy sensible en la región”, evaluó.
El primer ministro se limitó a comentar que la decisión del Congreso es tomó a nivel de dos de los integrantes de la JNJ.
“Estaría mal que el Poder Ejecutivo interfiera en este tipo de decisiones que corresponden a cada poder del Estado”, aseveró.
