Nicanor Boluarte con orden de búsqueda y captura: las razones del juez para dictar 36 meses de prisión preventiva

El paradero de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, es desconocido hasta este momento. El último martes, el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, ordenó su prisión preventiva por 36 meses.

Su ausencia fue notoria desde las dos últimas sesiones judiciales en las que el magistrado dio lectura a su resolución judicial, en la que también ordenó la prisión preventiva para el exdirector del Interior del Mininter, Jorge Luis Ortiz Marreros; la exjefa del programa Qali Warma del Midis de la Región San Martín, Zenobia Griselda Herrera; y Jorge Chingay Salazar.

Al término de la sesión, el magistrado ordenó la ubicación y captura del hermano de la presidenta y de los otros tres investigados.

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De esta manera, se declaró fundado el requerimiento solicitado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Boluarte Zegarra es señalado como el presunto líder de la organización criminal “Los Waykis en la Sombra” y se le imputan presuntos actos de corrupción y crimen organizado.

El Eficcop, representado por el fiscal provincial Raúl Guerrero, señaló que el hermano de presidenta lideraría una red criminal dedicada al nombramiento ilegal de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país. Esto con el propósito de utilizar el aparato estatal para facilitar la inscripción de su partido político Ciudadanos por el Perú.

Luis Vivanco, abogado del hermano de Boluarte, señaló que desconoce la ubicación de su patrocinado ya que no había podido comunicarse con él.

“No se encuentra presente señor magistrado, no se va a conectar”, respondió Vivanco a la pregunta del magistrado sobre la ubicación de Boluarte Zegarra, ayer en la audiencia pública.

Joseph Campos, otro de los abogados del hermano de la mandataria, quien días atrás interpuso un recurso de hábeas corpus a favor de Boluarte, dijo no saber el paradero de este. En declaraciones a RPP, aseguró que no conocía el paradero de su patrocinado.

“Yo no he tomado mayor contacto con Nicanor Boluarte más que cuando me pide profesionalmente, porque este es un encargo que me ha hecho a mí y que yo asumí con la mayor de las convicciones.”

Joseph Campos, abogado de Nicanor Boluarte.

Para el magistrado Richard Concepción Carhuancho, existen abundantes elementos de prueba que demostrarían una conducta ilícita por parte del hermano de la presidenta de la República y que, de permanecer en libertad, habría obstaculizado las investigaciones.

Tras ordenar su ubicación y captura, el magistrado deberá notificar a la Policía Nacional para que se instruya a las instancias policiales que puedan dar con su ubicación, entre ellos la División de la Policía Judicial y Requisitorias.

El pasado 17 de noviembre, Boluarte Zegarra se conectó por última vez a la audiencia de prisión preventiva que se desarrolló de manera virtual. A través de la videollamada, se le vio a bordo de un vehículo. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde.

Las sesiones, que empezaron a inicios de agosto pasado, se realizaron de manera presencial. Sin embargo, luego se varió a un modo mixto (virtual y presencial).

Para emitir su decisión, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho consideró que además de la alta probabilidad de haber incurrido en actos ilícitos; Nicanor Boluarte podría obstruir las investigaciones en su contra y tendría la facilidad para fugar.

Una de las principales razones indicadas por el magistrado fue precisamente el vínculo que existe entre el investigado y la presidenta Dina Boluarte, debido al “poder de facto” que se le habría otorgado, tal como lo postuló la Fiscalía.

Boluarte Zegarra, según su registro migratorio, no ha salido del país desde el 2018. No obstante, al valorar este elemento, el juez señaló que el hermano presidencial usaría precisamente ese vínculo que tendría con la mandataria para eludir a la justicia.

“Si bien, en el caso concreto de este investigado no tendría movimiento migratorio, salidas al extranjero, desde el 2018. Sin embargo, hay que tener en cuenta su situacion particular, su perfil, concretamente el presunto poder de facto que tendría por su vinculación con la presidenta actual de la República, Dina Boluarte, situación que podría incrementar el rieso de fuga de este investigado.”

Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria.

Junto a ello, Concepción Carhuancho puntualizó que debido a esa vinculación con la mandataria y ejercer un “poder de facto” habría usado el aparato estatal para la comisión de los presuntos delitos y también para obtruir las investigaciones que se le seguían, como por ejemplo, la desactivación desde el gobierno del Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Eficop. Por ende, señaló, podría usarse el aparato estatal para que pueda eludir a la justicia.

El magistrado, previamente, ya había señalado que sobre Nicanor Boluarte se evidenciaba la ausencia del arraigo domiciliario y laboral. Sí dio por acreditado el arraigo familiar.

Además, sobre la gravedad de la pena, también explicó que debido a los delitos imputados a este investigado, la pena probable que debería ser aplicada sería de 35 años de cárcel.

Al hermano presidencial se le atribuyen los delitos de crimen organizado, cohecho pasivo genérico y tráfico de influencias. Todo ello, por concurso real de delitos, alcanzaría una condena de 44 años; sin embargo, la justicia peruana solo permite penas máximas de 35 años de cárcel; condena que le correspondería a Boluarte Zegarra de ser hallado culpable luego de un juicio oral.

En esa línea, explicó Concepción Carhuancho, la gravedad de la pena podría presionar al investigado e incentivarlo para que eluda la acción de la justicia.

Finalmente, el magistrado también señaló que existían elementos de convicción que demostrarían que el requerido Boluarte Zegarra podría obstaculizar las investigaciones al tratar de influir sobre los testigos y colaboradores eficaces que han aportado información en el caso.

Por ejemplo, señaló el juez, se encuentran las declaraciones de los testigos (Colaboradores con identidad develada) Tedoro Berrú y Víctor Torres Merino, quienes señalaron que a través de terceras personas, el investigado habría pedido que dejen de declarar en su contra.

Junto a ello, se determinó que Boluarte habría dispuesto que sus co-investigados cambien de teléfono y borren los mensajes donde impartía directivas.

“Todos estos indicadores de peligro de fuga y peligro de osbtaculización ¿Qué cosa hace prever? Una probabilidad de eventos futuros. Es probable de que en el decurso del proceso, este investigado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, fugue, eluda la acción de la justicia y entorpezca la acción de la justicia. Consecuentemente se ha establecido el peligro procesal de este investigado, y se cumple el tercer requisito para este investigado.”

Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria.

El juez también expresó sus argumentos, dando respuesta a la fiscalía y los abogados de otros implicados requeridos. Entre ellos, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, para quien también se concluyó que no contaba con arraigo domiciliario y laboral.

Indicó el magistrado que, por tener como posible prognosis de pena una condena de 12 años para dicha investigada, esta podría eludir a la justicia,

Además, señaló que el comportamiento procesal de la exjefa del programa Qali Warma del Midis de la Región San Martín, al no querer pasar por un peritaje fonográfico, mostraría alta probabilidad de obstruir a la justicia.

Por ende, señaló que también se configuraba el peligro de fuga y de obstaculización a la justicia por parte de esta investigada.

Respecto al requerido, Jorge Chingay Salazar, el magistrado concluyó que existía alta probabilidad de que fugue y que busque interferir en el decurso de las investigaciones.

Explicó que no se había acreditado a cabalidad su arraigo domiciliario y tampoco arraigo laboral.

Además, al igual que en el caso anterior, al ser implicado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, la pena en su contra podría alcanzar los 12 años de cárcel, lo cual podría incentivarlo a que pueda fugarse.

Concepción Carhuancho precisó que al ser amigo del presunto líder de la red criminal, Nicanor Boluarte, quien tendría un “poder de facto” por su relación con la presidenta de la República, Dina Boluarte, “podría ser que se utilice la maquinaria del Estado para sustraerlos de la justicia”.

En esa línea, el juez remarcó que también existe información y elementos de prueba (conversaciones de teléfono) que señalarían a Jorge Chingay como la persona que habría alertado a sus coinvestigados sobre los allanamientos que se realizaron en el caso.

Así, explicó que según la declaración por el colaborador eficaz develado, Víctor Torres, fue Chingay quien lo alertó y se lo comunicó a Nicanor Boluarte. Este último, según el Torres, le indicó que se lo informe a Sergio Leo, quien trabaja en el Despacho Presidencial; lo cual habría ocurrido el 7 de mayo del 2024. Dos días después, el 9 de mayo, la gobierno anunció la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que apoyaba al Eficcop, a cargo del caso.

“Jorge Chingay habría comunicado a (Víctor) Torres Merino y este a su vez comunicó a Nicanor Boluarte, y este le indicó que lo comunique a Sergio Leo (trabajador del despacho presidencial), el 7 de mayo del 2024. Esto habría generado que el 9 de mayo se ordene la desactivación del equipo policial de la Diviac (Equipo Especial de la PNP de apoyo al Eficcop).”

Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria

Junto a ello, el magistrado recordó que Chingay Salzar pasó a la condición de “no habido” cuando se ordenó su detención preliminar previa.

Por el mismo caso, el Poder Judicial informó que el juez Concepción realizará la audiencia de prisión preventiva contra Mateo Castañeda y Noriel Chingay Salazar este viernes desde las 10 a.m..