Palacio de Gobierno no entregará videos de cámaras de vigilancia

Palacio de Gobierno no entregará los videos de las cámaras de vigilancia que podrían dar luces sobre los hechos y personas que estuvieron el pasado 9 de agosto en la sede de gobierno, cuando la fiscalía y la policía se presentaron para detener a Yenifer Paredes, cuñada del mandatario.

Así lo anunció Benji Espinoza, abogado de Castillo, quien alegó razones de secreto de Estado para la negativa de entregar el material, el cual serviría a la fiscalía para determinar si hubo algún acto ilícito durante el día de la diligencia.

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“¿Cree que pueden revisarse las cámaras de Palacio? No se puede, porque no es una casa, no es una vivienda cualquiera. Ahí el presidente tiene secretos de Estado. ¿Cómo es eso que la fiscalía va a conocer secretos de Estado?”, declaró a Canal N.

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Acto seguido, Espinoza afirmó que si los fiscales acceden a los videos, cometerían delito grave y –según su versión– podrían terminar destituidos.

En la misma línea declaró el ministro de Justicia, Félix Chero, quien aseveró que no “por cualquier capricho” se entregaría dicho material “para ver cómo resuelven políticas públicas y secretos de Estado”.

Tras reiterar que se trata de cuestiones de Estado, Chero indicó que dependiendo de los videos que se estén solicitando la Casa Militar de Palacio (a cargo de dicha logística) deberá evaluar.

El día de la diligencia encabezada por el fiscal Hans Aguirre del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder y el coronel PNP Harvey Colchado, del equipo especial de la PNP, tuvieron que esperar una hora y 15 minutas antes de que se permitiera su ingreso a la residencia presidencial.

Según el acta fiscal que se levantó aquel día, el mismo Castillo ordenó que no se dejara ingresar a las autoridades hasta que no llegaran sus abogados, lo que retrasó la diligencia.

La decisión de no entregar el material fílmico de las cámaras de vigilancia no es el primer acto de falta de colaboración con las investigaciones seguidas a Castillo.

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Vía una tutela de derechos se busca anular la investigación por encubrimiento y crimen organizado debido a la remoción de quien fuera ministro del Interior, Mariano González.

Ayer, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Checkley dejó al voto la solicitud en la que Benji Espinoza alegó violación del derecho de defensa de su patrocinado y la creación de una figura como la “indagación previa”.

Sobre ello, el fiscal supremo provisional Marco Huamán, en representación de la Fiscalía de la Nación, indicó que los actos indagatorios son una práctica fiscal de larga data. “No deja de sorprendernos la presentación de esta tutela, la intención dilatoria y obstructiva a las investigaciones que viene haciendo la Fiscalía de la Nación”, lamentó.

Antes de eso, se buscó anular la investigación a Pedro Castillo por el Caso Puente Tarata, alegando que un presidente en funciones no podía ser investigado. Pero la iniciativa fue rechazada por la judicatura.

En diciembre del 2021, también se impidió el ingreso al despacho presidencial, por el Caso Petro-Perú. Además, vía un hábeas corpus, se trató de anular la denuncia constitucional en contra del jefe del Estado por traición a la patria. El recurso también fue rechazado en primera y segunda instancia.

Carlos Caro, abogado penalista, precisó que Espinoza es abogado personal de Castillo y, por lo tanto, no tiene competencia para decidir sobre el material que Palacio o la presidencia entregan o no.

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Caro explicó que el concepto de secreto de Estado tiene una regulación especial y que no todo puede ser secreto de Estado. “El Tribunal Constitucional indica que lo que es secreto de Estado tiene que estar clasificado. Por ejemplo, los gastos militares, gastos de inteligencia contra el narcotráfico, eso es secreto de Estado. Lo que es materia de investigación de un delito nunca puede ser secreto de Estado”, precisó.

Por ello, añadió el experto, la fiscalía tiene la facultad de requerir los videos y solicitar que el juez reitere una orden para que se le entregue dicho material. Erick Iriarte, abogado especialista en acceso a la información pública, indicó que los videos de Palacio de Gobierno no pueden ser reservados, pues son de una entidad estatal.

“El Decreto Legislativo 1218 dice que si tienen una cámara de vigilancia en una entidad publica, el funcionario lo debe de entregar [el material de video] si hay una comisión de delito o si se lo piden la fiscalía o la policía”, señaló. Agregó que esto incluso fue validado por la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ha precisado que el régimen de excepciones es aplicable a la función fiscal cuando se investiga un delito.

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