El tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) habría ocasionado un perjuicio al Estado Peruano de US$37 millones y S/1,6 millones. Así lo cuantificó la Contraloría General de la República en una reciente auditoría de cumplimiento.
Poco más de un año después de haber advertido sobre riesgos en el desarrollo de la obra, el ente de control identificó cuatro adendas y otros tres generadores de sobrecostos en el proyecto del concesionario Intersur (integrado por Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y Camargo Correa).
—Períodos en cuestión—
Los hechos abarcan los gobiernos del prófugo Alejandro Toledo y de Alan García.
Bajo el mandato de Toledo se firmó la primera adenda al contrato. Dicha modificación, según la contraloría, varió “sin causa debidamente fundada” el mecanismo de pago por transitabilidad.
“Permitió que el MTC considere recursos adicionales bajo el concepto de ‘mantenimiento de emergencia por derrumbes’, cuando en realidad era parte de los trabajos de transitabilidad”, señala el documento.
El resto de presuntas irregularidades se dieron durante el gobierno de García. Unos US$27 millones de los US$37 millones de sobrecostos giran en torno a modificaciones contractuales: las adendas 5, 6 y 7, firmadas en ese gobierno.
A través de las adendas, el MTC habría incrementado “sin justificación técnica” los gastos generales de 27% a 35,5%. Ello por una “conducta voluntaria y consciente” de funcionarios para favorecer al concesionario.
Los otros US$10 millones se reparten entre irregularidades vinculadas al diseño y ejecución de la obra –también durante la gestión de García–, además de penalidades no aplicadas por Ositrán.
Entre los 49 funcionarios identificados como presuntos responsables, la contraloría consigna al titular del MTC durante el gobierno de Toledo, José Javier Ortiz, y a José Gonzales Quijano, viceministro de Transportes del régimen aprista.
La procuraduría de la contraloría definirá las acciones legales que se tomarán.