Alejandro Sánchez: los escenarios legales ante una posible colaboración eficaz del financista de Pedro Castillo

Con mascarilla, portando un chaleco de la policía de requisitorias y esposado, Alejandro Sánchez Sánchez, el investigado dueño de la casa del pasaje de Sarratea (Breña) y financista del exmandatario Pedro Castillo, pisó suelo peruano. Una orden de prisión preventiva por dos años y medio por el caso ‘Asesores en la Sombra’ lo aguardaba.

El avión chárter proveniente de Estados Unidos (EE.UU.) —con 150 pasajeros— arribó al Grupo Aéreo N°8 a las 2:10 p.m. de este jueves 20 de junio. Previamente, la aeronave había realizado una parada en Honduras, según fuentes de El Comercio.

Tras el aterrizaje, Sánchez fue trasladado a un ambiente de la misma base aérea, en donde autoridades le efectuaron un control migratorio. Un agente especial norteamericano, así como de la fiscalía y la policía, participaron del acto. “Estoy con posible covid... vengo de una cuarentena...”, dijo Sánchez, cuando se pidió que se le retire la mascarilla. Igual tuvo que dar la cara unos segundos.

Después de esta diligencia, fue derivado al Instituto de Medicina Legal y, posteriormente, a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del centro de Lima.

Tras ello, fue puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y, al cierre de este informe, aún no era clasificado a un penal, aunque se estima que sea uno de máxima seguridad.

La justicia norteamericana confirmó la deportación del amigo del exmandatario Pedro Castillo al Perú, tras permanecer más de nueve meses en ese país luego de haber sido detenido en setiembre pasado por una patrulla fronteriza, al intentar ingresar de forma ilegal. Allí permaneció casi todo ese tiempo en un centro de detención en Texas (EE.UU.).

En abril pasado, un recurso legal planteado a última hora a su favor en ese país frenó su anunciado arribo al Perú, por lo que al final no pudo ser subido a un avión para ser deportado.

Ahora, Sánchez deberá hacerle frente a la justicia peruana, específicamente, a la orden de 30 meses de prisión preventiva en su contra que dictó el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en noviembre de 2022, y confirmada después por una segunda instancia.

En el caso ‘Asesores en la Sombra’, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) —que dirige la fiscal Marita Barreto— le atribuye a Alejandro Sánchez ser el presunto financista y coordinador.

Es el dueño de la casa del pasaje Sarratea (Breña), donde el expresidente Castillo mantuvo reuniones ocultas durante los primeros meses de su gobierno. Se le sindican los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

La fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, apuntó que la condición de Sánchez “se ha agravado” con su intento de huir de la justicia. Sin embargo, también dijo que la ley estima algunos mecanismos a los cuales puede acogerse, siendo uno de ellos la figura de la colaboración eficaz.

“La colaboración es una de ellas, la conclusión anticipada, la confesión sincera, hay herramientas legales que él tendría, seguramente lo analizará con su defensa”, apuntó Barreto en diálogo con Canal N.

En cada uno de los citados procedimientos, Sánchez tendría que admitir ante las autoridades que cometió un delito; algo que ha negado a lo largo de todo este tiempo. “Estoy obligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón”, dijo en noviembre de 2022 desde la clandestinidad, poco antes de que se ordene la medida en su contra.

La situación legal de Sánchez, ciertamente, es muy complicada en el territorio peruano, pues esos 30 meses de prisión preventiva podrían prolongarse por otros 12 meses más, según explicó a este diario el abogado penalista Vladimir Padilla.

“Frente a la situación que enfrenta ahora, definitivamente se da cuenta que o permanece preso y ver si afronta un proceso en prisión con miras a que lo puedan condenar, que son muy factibles; o busca un proceso de colaboración en la cual, tal vez, lo pueden exceptuar de pena”, indicó Padilla.

Esta figura se abre paso pues, dentro de la estructura criminal en la que la fiscalía también ubica al expresidente Pedro Castillo, Sánchez sería un hombre clave.

“En el caso concreto, él se supone que tiene la mejor información: primero, porque era su casa, dos, porque se supone que era quien coordinaba. En buena cuenta, le podría decir a la fiscalía ‘soy el que tú necesitas, porque yo soy el que tiene toda la información’”, puntualizó Padilla.

El abogado de Sánchez, Tomás Gálvez, dijo la noche del jueves a El Comercio que aún no había tenido la posibilidad de conversar con su patrocinado. Sobre la posibilidad de la colaboración eficaz, indicó que, hasta donde tenía entendido, su patrocinado “no ha participado en ningún caso, es absolutamente inocente”.

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