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El Ejecutivo promulgó este jueves dos decretos legislativos para promover el deshacinamiento de penales como parte de la emergencia sanitaria para frenar los contagios por coronavirus (COVID-19). El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, indicó que el paquete de medidas podría beneficiar hasta a siete mil internos.
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En diálogo con El Comercio, el titular del Minjus indicó que su sector calcula que el “techo máximo” de reclusos favorecidos por el paquete de medidas alcanzaría dicha cifra, pero que esta podría variar a causa de la participación fiscal y judicial en la revisión de casos.
“Pueden variar las cifras, pero hacemos un estimado de siete mil internos que pueden favorecerse con este paquete en total. Eso, además de otras normas que hemos sacado que tienen que ver con los sentenciados. A la fecha han egresado de los establecimientos 1.355 internos como parte del paquete para excarcelar sentenciados. Esa cifra sigue subiendo porque la comisión de indultos está trabajando a tiempo completo para poner a disposición más casos en función de los grupos vulnerables que se habían identificado”, señaló.
Castañeda detalló que a la fecha se contabilizan 212 internos fallecidos a causa de COVID-19 y que se ha dispuesto el traslado de 67 reclusos a hospitales para que reciban el tratamiento adecuado. Además, precisó que se ha registrado el deceso de 15 trabajadores del INPE, mientras que 734 agentes infectados han sido aislados en sus domicilios, “muchos de ellos asintomáticos”.
Dos decretos legislativos para promover el deshacinamiento de penales fueron publicados este jueves en la edición extraordinaria del boletín de normas legales del diario oficial El Peruano. Cuentan con las firmas del mandatario Martín Vizcarra, el primer ministro Vicente Zeballos, y de Fernando Castañeda.
El primer dispositivo, el Decreto Legislativo N° 1513, expone criterios excepcionales para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de COVID-19 a través de disposiciones para la cesación de prisión preventiva, remisión condicional de pena, beneficios penitenciarios y justicia penal juvenil; así como sus respectivos procedimientos especiales como parte de la emergencia sanitaria nacional.
No podrán verse favorecidos los internos procesados o condenados por feminicidio, homicidio, robo y robo agravado, secuestro, sicariato y extorsión. Tampoco podrán acogerse los vinculados a tráfico ilícito de drogas agravado, violencia en el contexto familiar o contra la mujer, violencia contra la libertad sexual, corrupción, lavado de activos, organización criminal, terrorismo, entre otros delitos.
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A su vez, el Decreto Legislativo N° 1514 promueve la utilidad de la vigilancia electrónica, a través de grilletes, para promover egresos penitenciarios. Entre las principales disposiciones se ordena expresamente que el costo íntegro del grillete electrónico sea asumido por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Actualmente dicho instrumento es costeado por los reclusos.
El ministro de Justicia indicó a este Diario que el primer decreto establece un procedimiento excepcional, denominado procedimiento judicial especial, que apunta “a un deshacinamiento responsable”, ya que “no se trata de deshacinar por deshacinar”. “¿Y esto qué implica? Que no pongamos en riesgo la seguridad ciudadana. Esto implica que hay internos que han cometido determinados delitos y que no van a salir. Sus conductas están excluidas de la amplicación de esta norma”, indicó tras señalar que las normas fueron promulgadas tomando en cuenta las opiniones del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Castañeda agregó que se descartó un proceso administrativo y que no será el INPE el que determine quién sale de prisión, sino el Poder Judicial.
“Este es un procedimiento con garantías de control fiscal y judicial. A través de una resolución colectiva, con base en la información que el INPE da, se va a poder revisar los supuestos que la norma establece y actuar en función de cada penal. La lista se le da a la corte y esta empieza a actuar. Estamos actuando de esa manera para tampoco caer en ese modelo del Poder Judicial revisando caso a caso. Eso obviamente contribuye al deshacinamiento, pero demora”, estimó.
En tanto, consultado por la optimización para el uso de la vigilancia electrónica, Fernando Castañeda dijo que se ha tomado la decisión política de intentar cambiar las bases de la cultura de la prisión preventiva por una de “medidas alternativas”, para lo que se está asignando “una cantidad importante de presupuesto público”.
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“El Estado va a asumir su costo. Cuando se dio la norma de grilletes, con buena intención, eran costeados por los internos. Eso produjo que no sean más de 25 internos los que apliquen a esta norma. Hay una población gigantesca de reclusos, 25 es una población pequeña. Lo que se está dando es un impulso, una apuesta, en realidad, por una cultura del grillete, por una medida alternativa para los jueces al momento de decidir la situación de una persona reforzando, en ese sentido, que la pena privativa de la libertad es el último recurso”, recalcó.
Aunque se excusó de confirmar la cifra exacta que se invertirá para dotar al INPE de suficientes grilletes electrónicos como lo expone la norma, el titular del Minjus señaló que se está invirtiendo, aproximadamente, un total de S/50 millones que no solo servirán para la compra de los instrumentos, sino también de las herramientas tecnológicas e informáticas para su utilización.
“Obviamente depende del tipo de contrato. Actualmente hay un contrato vigente, cuantos más grilletes se pidan el costo se abarata. No se había apostado por una cultura del grillete. Es un paquete importante que también requiere del compromiso del Poder Judicial y el Ministerio Público”, concluyó.
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