Integrantes de JNJ piden archivar investigación: las claves de su defensa ante el Congreso

Del otro lado, la congresista Patricia Chirinos también sustentó la moción y las presuntas faltas que le atribuye al pleno de la JNJ para solicitar que sean destituidos por causa grave, invocando el artículo 157 de la Constitución. En tanto, congresistas como Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Patricia Juárez (Fuerza Popular) criticaron que los magistrados remitan a su abogado buena parte de las respuestas a las preguntas hechas por los integrantes de la comisión.

Horas después, el pleno del Congreso amplió el plazo para que la Comisión de Justicia presente su informe sobre este caso, por 14 días hábiles más.

La decisión se tomó con 90 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones.

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La moción contra la JNJ sostiene cinco presuntas “faltas graves” que, para Chirinos, ameritan las remociones. Estas son: el comunicado del pleno en el que pidieron al Congreso “reflexionar” su decisión sobre la eventual destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos; supuestas presiones al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y a otros jueces supremos para que estos también se pronuncien sobre ese caso; la interpretación de las normas de la junta respecto a la edad máxima para seguir como miembro de la JNJ; la no presentación de sus informes de gestión anuales al Congreso; y la filtración del supuesto sentido de un informe sobre una indagación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Citando antecedentes parlamentarios, Patricia Chirinos defendió que una “falta grave” no es necesariamente un delito o una infracción a la Constitución, sino un hecho valorado como tal por el propio Congreso. Además, que la remoción es un control político y “eminentemente subjetivo”. Añadió que algunas causales de falta grave pueden ser acciones que desprestigian un cargo o una institución, que se vulneren principios democráticos o del Estado de derecho; o que se rompan “reglas constitucionales de convivencia democráticas”.

También rechazó las declaraciones de la JNJ sobre un posible quiebre del orden constitucional o afectación a la separación de poderes a partir de su moción. “La JNJ sí lo ha hecho y por eso están siendo investigados como corresponde [...] Lo que estamos haciendo es investigar, de acuerdo con la Constitución, a los miembros de la junta por los actos que han cometido,y que configurarían falta grave”, afirmó.

En esa misma línea, el fujimorista Hernando Guerra García defendió la imparcialidad de la Comisión de Justicia -de la que es integrante- para realizar esta indagación. “Acá respetamos la separación de poderes. Separación de poderes que no han respetado, parece, en algunos otros momentos la JNJ. Pero no vamos adelantar opinión”, afirmó.

Antes de presentarse, los integrantes de la JNJ solicitaron que su defensa se haga de forma conjunta. Esto debido a que las acusaciones de la moción iban en contra de todos ellos y no estaban individualizadas. El pedido fue sometido a voto por la presidenta de la comisión, Janet Rivas, pese a los reclamos de su colega Glady Echaíz. Con votos decisivos del fujimorismo, el pedido fue rechazo por mayoría y los magistrados comenzaron a presentarse de forma individual.

La primera en presentarse fue María Zavala, acompañada por el constitucionalista Samuel Abad. El abogado presentó los argumentos de defensa de casi todos los miembros de la JNJ, por lo que su defensa se repetiría luego en cada uno de ellos. Con todo ello, pidió que la investigación sumaria sea archivada.

La defensa de la JNJ fue de forma y de fondo. Inició recordando que el ente está encargado de nombrar, sancionar y ratificar a jueces y fiscales, así como a los jefe de la ONPE y el Reniec, por lo que es un órgano autónomo, que “tiene incidencia notablemente sobre el sistema de justicia y sobre el sistema electoral” y que está “al margen de toda injerencia política”. Además, remarcó que fueron nombrados por un concurso de méritos en el 2019, por un plazo de cinco años y sin reelección.

“Por eso, una destitución de todos los miembros de la JNJ mediante una investigación sumaria, sin respetar un debido proceso y sin que exista ‘causa grave’, vulnera la independencia y autonomía de todo el sistema de justicia [...] Una discrepancia interpretativa no puede justificar una destitución de sus siete integrantes”.

De acuerdo con el abogado, no hay garantías de un debido proceso porque no existe procedimiento para aplicar una “causa grave” ni hay normas que regulen el llamado “proceso sumario”. En suma, no hay reglas que limiten o controlen que sea un proceso justo para los denunciados. “Por eso es que esta moción creó un procedimiento sin base reglamentaria, estableciendo un plazo que no existe. Primero siete días, luego catorce [...] No hay un procedimiento que permita una ‘investigación sumaria’ y esa es una vulneración del debido proceso”, afirmó.

PRIMERA PARTE DE LA PRESENTACIÓN

“Cuando se habla de causa grave, ¿puedo considerar cualquier falta como causa grave? No hay ninguna ley que desarrolle lo que es ‘causa grave’. Tiene que estar la conducta expresamente mencionada para evitar posibles excesos. Ni la Constitución, ni la ley orgánica de la JNJ, ni el reglamento del Congreso precisan qué es una causa grave. Para la congresista que denunció, esa es una supuesta filtración, un comunicado, una discrepancia interpretativa. Eso no está previsto en ninguna ley”

El abogado reconoció que se aplicó esta figura para la destitución de miembros del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura involucrados en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’. Sin embargo, consideró que ese caso no se puede comparar con el actual, debido a la existencia de audios y de una investigación fiscal avanzada que los dio a conocer. “No se puede tratar como iguales supuestos claramente desiguales.

Pero más allá de la alegada falta de reglas, la defensa también rechazó el fondo de los argumentos para asegurar que no existe ninguna “causa grave”. Sobre el comunicado, dijo que no fue un pronunciamiento político, sino que fue en defensa de la autonomía de jueces y fiscales ante una posible sanción a una magistrada suprema por cómo interpretó la ley. Además, defendió que se dio dentro del uso del derecho a la libertad de expresión que tienen, aunque con restricciones, los operadores judiciales.

Adicionalmente, recordó que no fueron todos los miembros los que firmaron la moción, sino que María Zavala se abstuvo y que Guillermo Thornberry estaba con licencia médica. “La moción [de Patricia Chirinos] ni siquiera pudo hacer una mínima investigación para ver quiénes firmaron”, cuestionó.

En cuanto a las supuestas presiones al presidente del Poder Judicial y jueces supremos, afirmó que “no ha habido ninguna presión” y que la moción no presentó ninguna prueba para acreditar que existieron. Además, citó las declaraciones de la juez suprema Elvia Barrios, quien ha declarado que el magistrado Javier Arévalo le ratificó a ella que ello no ocurrió.

El tercer punto es el de la edad máxima. La Constitución dice que para ser miembro de la JNJ no se puede tener más de 75 años y una de las magistradas, Inés Tello, tenía 74 años cuando fue elegida para integrar el pleno. En octubre del 2020, el pleno de la junta emitió una resolución para interpretar que el límite de 75 es para ser nombrado, no para ejercer el cargo. Para esto se solicitó un informe a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Desde entonces, ello no fue cuestionado por algún otro órgano hasta la moción de Patricia Chirinos.

Para esto, citó que la Constitución también dice que el cargo debe durar cinco años y que no existe en la ley de la JNJ una causal de vacancia por superar esa edad, por lo que Inés Tello no podía ser destituida luego de cumplir 75 años y se debía respetar su término. El abogado agregó que durante su proceso de evaluación, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se manifestó de acuerdo con esa interpretación: el límite era para acceder al cargo, no para ejercerlo.

Al abordar la no presentación de los informes anuales, el abogado dijo que estos debían presentarse ante el pleno y que terminaron siendo presentados por escrito “porque la posibilidad de ir al pleno no se concretó”. “¿Quién decide que la junta vaya al pleno? ¿La junta o el Congreso? La junta no tiene incidencia para poder llegar al pleno”. Los informes de gestión del 2021 y el 2022 fueron subidos a la web de la JNJ con fecha de agosto pasado.

Finalmente, sobre la filtración del supuesto sentido del informe en un caso de Patricia Benavides, argumento que no hay pruebas, que esa indagación aún no ha culminado y que solo hay una “especulación”. “¿Una especulación periodística puede justificar una remoción de los siete integrantes de la JNJ que gozan de autonomía e independencia? Eso no tiene sustento constitucional”, afirmó.

Al final de su exposición, el abogado solicitó a la Comisión de Justicia que “se disponga que esta investigación sumaria, no prevista por la ley, se archive”. “Esta investigación sumaria ha sido creada por el Congreso para un caso concreto. Vulnera el debido proceso, no hay una norma que desarrolle el procedimiento. Tampoco hay una norma legal que tipifique qué es un causa grave [...] Las imputaciones no constituyen falta grave. Incluso, sobre ellas existen denuncias constitucionales, se está duplicando el esfuerzo parlamentario”.

Finalmente, Abad sostuvo que “el país requiere instituciones sólidas, legitimadas e independientes del poder político. Este tipo de juicio político puede conducir a lo que la Corte Interamericana conoce, que ha ocurrido en otros países y estoy seguro de que no pasará acá, [como] un cese masivo de operadores de justicia. Y eso podría terminar afectando la constitucionalidad democrática”.

Luego de la presentación de Samuel Abad en cada caso, los integrantes de la Comisión de Justicia pasaron a hacer preguntas a los magistrados. Entre los más participativos estuvieron el vicepresidente del grupo, Alejandro Muñante, Gladys Echaíz (Renovación Popular) y Patricia Juárez. Sus preguntas se enfocaron principalmente en el comunicado por el caso Zoraida Ávalos, la edad de la magistrada Inés Tello y la presentación de los informes anuales.

La magistrada María Zavala remitió sus respuestas a Samuel Abad y al informe de defensa escrito que presentaron a la comisión, lo que fue criticado por los legisladores. El letrado reiteró sus argumentos de defensa frente a cada imputación. Sin embargo, sí refirió que ella se abstiene en todo los pronunciamientos y en todos los casos relacionados a Zoraida Ávalos y a Patricia Benavides. Esto se debe a que su hijo se desempeña como fiscal en el Ministerio Público.

A su turno, la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, reiteró su rechazo a las imputaciones con los mismos argumentos de su abogado. En particular, negó “categóricamente” las versiones sobre supuestas presiones a jueces supremos, “[Es] totalmente falso, al no haber realizado llamada alguna ni participado en ninguna reunión con el señor presidente [del PJ] ni señores vocales, menos haber ejercido presión con relación al tema. Por este mismo cargo se está tramitando una investigación preliminar en el Ministerio Público, en la que estoy participando”.

“Quisiera señalar a los congresistas que confío en la objetividad que tendrán al analizar los cargos atribuidos. Confío también en mi carrera profesional sobria, pero con tal compromiso de velar por la Constitución y los Derechos Humanos, sea la confirmación de mi absoluto respeto a los valores democráticos, la verdad, la razón y la justicia”, dijo a la comisión.

Ante una consulta de María del Carmen Alva, Imelda Tumialán reiteró -como había dicho en una entrevista a El Comercio- que habían solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frente a cuestionamientos de Gladys Echaíz sobre cómo surgió el pronunciamiento en el caso de Zorida Ávalos, indicó que entregará las actas de las sesiones del pleno para que se puedan revisar.

Después de un receso a las 2 p.m., la sesión se reanudó una hora después con el resto de miembros de la JNJ, nuevamente acompañados por su abogado. El magistrado Antonio de la Haza indicó que su defensa era la misma ya expuesta por Samuel Abad y le refirió las preguntas realizadas por los congresistas. “Considerando que estamos en un Estado de derecho y no hay proceso, entiendo que estoy invitado. En ese marco, de participar como invitado, si desean un precisión está en el documento [de defensa] escrito o mi abogado puede dar la respuesta”, dijo.

Esto causó molestia, particularmente, en el congresista Alejandro Muñante. “Los miembros de la JNJ no están respondiendo las preguntas, están remitiendo a su abogado [...] Que quede constancia de la forma y modo en cómo se esta procediendo. Yo no hago más preguntas, es por gusto”, reclamó. “Sí he dado respuestas a las preguntas que me han formulado, ha sido dentro del mismo marco constitucional que me ampara como ciudadano”, replicó al cierre de su presentación, que duró solo diez minutos.

El siguiente fue Henry Ávila, quien fue presidente de la JNJ en el 2022. Como sus compañeros en la junta, remitió las preguntas relacionadas a las cinco imputaciones a su abogado, pero también respondió por su cuenta. Patricia Juárez también consideró que esto significaba una negativa a responder y le preguntó al magistrado si cuando los miembros de la JNJ interrogan a jueces o fiscales también permiten que estos remitan sus respuestas a sus abogados.

“No me estoy negando. Dentro del derecho a la defensa, tengo la libertad de pedir al abogado que me acompaña a que pueda responder”, replicó Ávila. Al no estar vinculada a las imputaciones, el magistrado sí declaró frente a la otra pregunta: “En un proceso disciplinario, cuando asiste el magistrado asiste con su abogado, se respeta el principio de libertad y se le pregunta si va a ejercer la defensa su abogado. Y él dice sí. Así de claro. En un proceso de selección y nombramiento, no son interrogatorios, son entrevistas; la técnica es distinta”.

La siguiente fue Inés Tello. Estuvo acompañada por el abogado Omar Cairo, quien dijo que en este caso “está en juego la independencia el Poder Judicial, del Ministerio Público y la limpieza de los procesos judiciales en el Perú”, dadas las funciones de la JNJ. “Ustedes no tienen la atribución de control político sobre los miembros de la JNJ [...] Eso significaría que si los jueces supremos están sujetos a control político, tendrían que preocuparse, antes que por impartir justicia, en agradar a los congresistas para evitar que los despojen de sus cargos vía control político. Los fiscales supremos también”.

El control sobre la JNJ, sostuvo, se hace mediante denuncias constitucionales en caso cometan un delito (antejuicio) o una infracción a la Constitución (juicio político). En el caso de la causa grave, señaló que esta no tiene reglamentación y un proceso a seguir. “Lo expuesto por congresistas de diversas bancadas conduce a que este procedimiento tiene que ser archivado. Si ustedes están realizando control político, todo esto es nulo. El mensaje que le darán el mundo es que hemos destituido a los miembros de la JNJ porque no nos convencen políticamente su permanencia”.

Inés Tello remitió las preguntas posteriores a su abogado y refirió que se presentó en la comisión por respeto al Congreso. Con base a su argumento que el proceso es inválido por ser parte de un control político y por no tener normas que lo regulen, Omar Cairo indicó que su defendida no iba a responder. “Si es un procedimiento informal, las preguntas son informales. Los miembros de un órgano constitucional autónomo no están obligados a contestar preguntas informales, han venido a esta sesión por respeto a la comisión y a los congresistas”.

Finalmente, los magistrados Guillermo Thornberry y Aldo Vásquez, vicepresidente de la junta, también se adhirieron a lo expuesto por Samuel Abad y le remitieron las preguntas que pudieran hacerle. Sin embargo, los legisladores no les hicieron ninguna. Patricia Juárez pidió que se deje constancia que “los miembros de la JNJ no desean dar las respuestas por sí mismos, si no todas las refieren a su abogado. Ante esto, Vásquez pidió quede constancia que sí dieron respuestas a través de su defensa legal y del escrito que presentaron.

SEGUNDA PARTE DE LA PRESENTACIÓN

Sobre el cierre, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) criticó la forma en que la presidencia de la Comisión de Justicia manejó la sesión por permitir que los magistrados respondan a través de su abogado. Lo tildó de “desfachatez” y lo comparó con las presentaciones de ministros y otros invitados a comisiones como de la Relaciones Exteriores para “responder políticamente”, señalando que ellos no iban con abogados. La presidenta del grupo, Janet Rivas, le respondió que esto se hacía en respeto del derecho de defensa.

Vásquez manifestó su rechazo al término de “desfachatez”, mientras que Samuel Abad refirió que el tipo de citaciones mencionadas por Ernesto Bustamante son distintas. “Como no existen procedimientos [para una investigación sumaria], se presentan este tipo de afirmaciones: se confunde una citación a un ministro con citar a un órgano constitucional autónomo [...] Por lo tanto, reiteramos cordialmente que este procedimiento se archive, no hay una regla procesal, no hay causa grave que se haya podido acreditar”.

Así, luego de seis horas y media, concluyó la sesión de la Comisión de Justicia, que sesionará de nuevo este viernes a las 9 a.m.. A su salida, los magistrados dieron una declaración a la prensa. “Creemos haber cumplido con la ciudadanía, que tiene un legítimo interés por conocer el punto de vista de la JNJ en relación con la moción con la que se busca la remoción de sus siete miembros [...] Esperamos que este proceso, esta investigación, se declare improcedente porque no hay un procedimiento reglado; o en su defecto, se declare infundado y se archive. No tiene lugar desde el punto de vista constitucional y jurídico”, dijo Aldo Vásquez.

Consultado sobre si el pronunciamiento en el caso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos fue un error, el vicepresidente de la JNJ defendió que “ocurrió en un contexto en el que se ponía en riesgo un elemento clave de la independencia del sistema de justicia: la independencia en el criterio funcional de un magistrado”. “La JNJ no defiende personas, defiende principios [...] La JNJ , por su naturaleza, es garante de la independencia de jueces fiscales”, declaró.

Piden su declaración

Comisión cita a fiscal de la Nación y presidente del Poder Judicial

La Comisión de Justicia se declaró en sesión permanente y volver a reunirse este viernes de las 9 .am. A esa hora está citada la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los jueces supremos César San Martín y Elvia Barrios.

Para la tarde también está citado el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela. Se prevé que asista a las 3 p.m.

Fuentes de El Comercio que tanto Patricia Benavides como Javier Arévalo Vela tiene previsto asistir a la citación.