Martín Vizcarra intentó anular acusación por presuntos sobornos cuando era gobernador: los detalles del caso

Martín Vizcarra aseguró en una reciente entrevista que los delitos por los que la fiscalía le abrió una investigación en octubre del 2020, en torno a presuntos sobornos cuando era gobernador de Moquegua, ya fueron archivados por la fiscalía. Esa afirmación del expresidente es falsa o, como mínimo, engañosa, tal como comprueba una reciente resolución judicial a la que accedió El Comercio.

“Los presuntos delitos que iniciaron la investigación, que fue el argumento y justificación para vacarme, los cuatro han sido archivados por la misma fiscalía”, dijo Martín Vizcarra en una entrevista con el youtuber Carlos Orozco. También dijo que se le indagó por “colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y abuso de autoridad”, y que esos fueron los ilícitos archivados.

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En realidad, el proceso penal contra Martín Vizcarra por el Caso Obrainsa-ICCSSA sigue en pie. Es más, tiene una acusación penal presentada en diciembre del 2022, precisamente, por el delito de cohecho pasivo propio. Cohecho pasivo es, en otras palabras, recibir sobornos: al exmandatario se le acusa de haber recibido coimas de S/ 2.3 millones cuando era gobernador, a cambio de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Sí es cierto que el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial un sobreseimiento (archivo) respecto a los otros ilícitos por los que lo indagaba, entre los que estaban la asociación ilícita y colusión. Sin embargo, el delito por el que sí se le acusó no es menos grave: el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, pidió para él 15 años de cárcel como condena y nueve años de inhabilitación.

Y la defensa de Martín Vizcarra sabe que ese delito no fue archivado y que tiene una acusación penal pendiente. Es posible afirmar que lo sabe porque, precisamente, hace poco intentó anularla. Además, porque ese mismo proceso lo obliga a pedir permiso al Poder Judicial cada vez que quiere salir de Lima.

A través de su defensa legal, Martín Vizcarra presentó un recurso de tutela de derechos a la jueza Margarita Salcedo, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Mediante este recurso, el expresidente pidió que se anule la decisión del fiscal Germán Juárez Atoche, del 5 de diciembre del 2022, de cerrar la investigación en su contra por este caso y que en consecuencia, se anule todo lo ocurrido después dentro de ese proceso penal.

Lo que ocurrió después del cierre de esa investigación fue la acusación presentada en su contra, el 15 de diciembre de ese año, ante el Poder Judicial por el delito de cohecho, en el que se piden los 15 años de prisión. Con ello, el pedido del expresidente al Poder Judicial fue que también se anule la presentación de esa acusación antes de que esta pueda pasar a la fase de control y, eventualmente, a un juicio oral.

De haber prosperado el pedido, el proceso contra Martín Vizcarra debía retroceder hasta ese 5 de diciembre. Ello hubiese implicado, además de la nulidad de la acusación, la reapertura de la investigación por todos los delitos que, en entrevistas, el expresidente hoy proclama que fueron archivados. Algo similar ocurrió este año con la acusación presentada con otro expresidente, Pedro Pablo Kuczynski.

Uno de los argumentos de la defensa fue que la fiscalía incorporó a su investigación, el jueves 1 de diciembre, un informe sobre el origen del dinero empleado por la empresa constructora Obrainsa para adjudicación de licitaciones y concursos públicos; y que la investigación se cerró pocos días después. Ello, aseguraron, afectó su derecho a la defensa.

El otro argumento fue que la fiscalía les informó en abril del 2022 de que se había ejecutado una orden del levantamiento del secreto de comunicaciones de Martín Vizcarra; pero que el contenido de esa medida recién se les notificó en julio pasado, meses después del cierre de la investigación y la presentación de la acusación. Esto también presuntamente afectó su derecho a la defensa.

Frente a esto, en un resolución emitida la última semana, la jueza Margarita Salcedo rechazó el pedido de Martín Vizcarra. Lo declaró inadmisible.

En primer lugar, la magistrada recordó que un recurso de tutela de derechos solo puede presentarse durante la etapa de investigación. Actualmente, luego del cierre de la investigación y presentada la acusación, el caso está en la etapa de control de acusación o etapa intermedia. “Concluida la investigación preparatoria ya no será admisible una solicitud de tutela de derechos”, afirmó la magistrada.

Por otro lado, señaló que pasaron varios mese desde que la fiscalía informó a la defensa sobre el levantamiento del secreto de comunicaciones hasta el cierre de la investigación en diciembre del 2022. En ese plazo, no presentaron ninguna tutela. Es más, la jueza destacó que desde entonces, los abogados de Martín Vizcarra ya han presentado sus observaciones a dicha acusación de cara a la fase de control.

De esta forma, la tutela de derechos de Martín Vizcarra fue rechazada por el Poder Judicial. Con ello, el proceso penal en su contra por los presuntos sobornos cuando era gobernador de Moquegua sigue en marcha.

Lo que se espera es que la propia jueza Margarita Salcedo convoque al inicio de las audiencias de control de acusación, en las que debatirá si el caso cumple con lo requerida para pasar a juicio oral. Allí, finalmente se determinará si Martín Vizcarra es culpable o inocente. El caso, a pesar de las declaraciones del expresidente, por ahora está lejos de ser archivado.