Nadine Heredia impedida de salir del país: las cuatro investigaciones contra la ex primera dama

La ex primera dama requería la autorización judicial para viajar a Colombia con la finalidad de someterse a un proceso médico. Sin embargo, el magistrado consideró que la procesada debería quedarse en el país para el juicio oral en su contra por el Caso Aportes de Campaña por parte de la empresa Odebrecht.

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“El motivo central por el que se está dando luz verde a la viabilidad jurídica de este impedimento de salida del país en el caso concreto de Nadine Heredia obedece a la finalidad de cautelar, de asegurar, su presencia cuando más si se encuentra en la etapa final de definir su responsabilidad penal o no, de cara a los cargos que se le ha atribuido”, afirmó.

Días previos, Heredia Alarcón había logrado que otro juzgado, que lleva el control de la investigación preparatoria por el Caso Gasoducto Sur Peruano (GSP) y donde también debía pedir autorización, le otorgue el permiso de viaje.

¿Por qué se le ha dictado impedimento? el juez Richard Concepción Carhuancho determinó que Nadine Heredia si bien pretendía salir del país por motivos médicos, esto no pudo ser justificado.

La fiscalía señaló que el caso se encuentra en juicio oral y durante la etapa de control de acusación se ha establecido probabilidad de condena en su contra. Además, advirtió que la investigada no comunicó a tiempo sobre su viaje

La defensa de Heredia Alarcón pidió que se rechace el impedimento de salid del país pues, según argumentó, no existían suficientes elementos de convicción nuevos, ya que el auto de citación al juicio no sería suficiente.

Añadió que la medida no sería proporcional ya que, desde que se le impuso el mandato de comparecencia ha cumplido con las reglas de conducta.

Sin embargo, para el juez Richard Concepción Carhuancho sí existe sospecha suficiente en su contra por el presunto delito de lavado de activos agravado; algo que se estableció durante la etapa previa al juicio oral.

Agregó que la presencia de Heredia “es indispensable” en el juicio oral con la finalidad de asegurarla “para lo que resulte de la sentencia final”.

“Es necesaria su presencia personal en el juicio oral en el Perú y con ello, evitar que pueda salir del país y poner en serio riesgo el resultado final del proceso"

RICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHO, Juez de Investigación Preparatoria.

La defensa de Heredia Alarcón anunció que apelaría la medida para que sea revisada por una Sala Superior.

A inicios de enero, el juez Jorge Chávez Tamariz, ya había rechazado un primer pedido de viaje hacia Colombia con el mismo fin.

Y es que, las investigaciones e imputaciones contra la esposa del expresidente Ollanta Humala no son leves. Por el contrario, la gravedad de los ilícitos que la fiscalía ha determinado en cuatro casos, podrían llevarla a cumplir una larga condena, de hallarse su responsabilidad.

Nadine Heredia Alarcón es juzgada, junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, su familia, amigos y otros colaboradores por el presunto delito de lavado de activos cometido organización criminal por la recepción, conversión y ocultamiento de aportes ilícitos durante la campaña electoral del Partido Unión Por el Perú y del Partido Nacionalista, en el 2006 y 2011 respectivamente.

Actualmente, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional desarrolla la etapa de juicio oral que empezó en febrero del 2022.

El Ministerio Público ha solicitado 20 años de cárcel para Ollanta Humala y 26 años para Nadine Heredia. Mientras que la Procuraduría Ad Hoc ha requerido el pago de S/20 millones por concepto de reparación civil que ambos deberán pagar de manera solidaria junto a otros 11 acusados en el caso.

En julio del 2017, la ex primera dama fue enviada a prisión preventiva junto al exmandatario. Sin embargo, luego de nueve meses, en abril del 2018, el Tribunal Constitucional ordenó su libertad.

Según la hipótesis fiscal, Heredia y Humala habrían recibido dinero maculado por medio de dos vías: desde el erario nacional de Venezuela y desde la empresa brasileña Odebrecht.

Respecto a la campaña del 2006, la fiscalía señala que la mayoría de dinero ilícito provino del “extraído ilegalmente del tesoro público de la República Bolivariana de Venezuela”, que les habría sido remitido por el desaparecido expresidente Hugo Chávez.

El dinero, habría llegado a través de valijas diplomáticas y vía pagos simulados por informes técnicos de servicios profesionales de Nadine Heredia.

La exfuncionaria diplomática venezolana Virly Torres, quien es mencionada en este proceso, fue citada como testigo, pero hasta la fecha no se ha presentado a rendir su testimonio en el juicio oral.

Sobre la campaña electoral del 2011, el Ministerio Pública señala que Humala y Heredia habrían recibido dinero proveniente de las empresas privadas Odebrecht y OAS, cuya fuente sería el producto de actos de corrupción.

“Se atribuye a la procesada Nadine Heredia Alarcón (en calidad de autora) el hecho de haber incrementado su patrimonio, con parte del dinero de presunta fuente ilícita percibido para el financiamiento de la postulación de Ollanta Moisés Húmala Tasso, en las campañas electorales presidenciales 2006 y 2011″, se indica en la acusación.

El monto, según confesión de Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, habría llegado a los US$3 millones.

“Fueron 3 o 4 entregas, ella me llamaba, me pregunta cuando iba a llegar el recurso, yo le decía de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días, la presión era grande, porque necesitaban para campaña, pero no era tan sencillo realizar la operatividad para hacernos de ese dinero.”

JORGE BARATA, Exdirector de Odebrecht en Perú y colaborador eficaz

Al dinero, señala el fiscal, se habría buscado darle apariencia de legalidad dentro de la campaña electoral, en gastos de publicidad y luego, con la compra de inmuebles, así como la constitución de empresas como Todo Graph, la ONG Prodin y equipos de transmisión televisiva.

En juicio oral

Fiscal Germán Juárez Atoche

“En el juicio, se probará que estos activos fueron ingresados al tráfico económico con la participación, no solamente de la acusada Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Humala Tasso; sino (también) con la participación activa de Ilan Heredia Alarcón. Se probará que para darle visos de legalidad a ese dinero de procedencia ilícitas se utilizaron aportantes falsos, (a los) que se le consignaron con aportes de dinero que nunca aportaron, pero que sirvieron para justificar la rendición de cuentas ante el Jurado Nacional de Elecciones.”

El Ministerio Público le imputa a Heredia Alarcón el presunto delito de colusión agravada por presuntamente haber promovido beneficiar a la empresa Odebrecht con la licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

En este caso, afronta el proceso junto a otras 15 personas, bajo comparecencia con restricciones. Una de las reglas, dictadas desde el 7 de agosto del 2020, es no ausentarse de su lugar de residencia sin orden judicial.

En su calidad de ex primera dama y aprovechando el estatus de presidente de la República de Ollanta Humala Tasso -entre los años 2011 al 2016- habría acordado y mantenido reuniones con diferentes funcionarios y servidores públicos vinculados con el proyecto “Mejoras de la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, según la fiscalía.

Y habría mostrado interés por Odebrecht en el concurso público de dicho proyecto, por lo que habría mantenido reuniones con representantes de dicha constructora “con el objeto de beneficiarlos”.

Tras diversas acciones, entre ellas la designación de Eleodoro Mayorga como ministro de Energía y Minas -desde el 24 de febrero de 2014- habría logrado que la empresa brasileña resultara ganadora en el referido proyecto, mientras se dilataba la ejecución del proyecto antecedente Gaseoducto Andino del Sur (Kuntur).

En ese caso, también se ha tomado como referencia las declaraciones del colaborador eficaz Jorge Barata, que el 17 de noviembre de 2019 confirmó ante la Fiscalía, las reuniones en Palacio de Gobierno con la ex primera dama y con Raymundo Serra (ejecutivo de Odebrecht), para tratar sobre el financiamiento (entregas de dinero) de la campaña presidencial de 2011 en estrecha relación a la prioridad del interés que mostraba Odebrecht para el referido proyecto Gasoducto Sur Peruano.

En febrero del 2020, el Ministerio Público decidió incluir a Nadine Heredia en la investigación por el Caso “Club de la Construcción” por el presunto delito de colusión y asociación ilícita para delinquir durante el gobierno de Ollanta Humala.

En este caso, afronta el proceso bajo comparecencia con restricciones.

Según las pesquisas fiscales, Humala y Heredia tuvieron conocimiento del funcionamiento del “club” ya que habrían recibido dinero ilícito producto del otorgamiento de las licitaciones (buena pro) que ganaban las empresas miembros del club.

Para ello, Humala debía mantener el presupuesto asignado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en ese entonces a cargo de Carlos Paredes, para inversiones en carreteras.

Según la tesis fiscal, las empresas implicadas en dicho grupo se habrían coludido para repartirse los proyectos licitados por Provías Nacional, previo pago de un porcentaje del costo de las obras como soborno.

Así, según el aspirante a colaborador eficaz 4-2019, el total de la comisión osciló entre US$16 y US$18 millones, la misma que no se concretó en su totalidad por falta de pago de algunas empresas.

Mientras que el aspirante a colaborador José Adelmário Pinheiro (OAS), señaló a la fiscalía que, en el 2014, durante una reunión con Heredia Alarcón en Palacio de Gobierno, esta le indicó que si estaban haciendo pagos a su exministro Paredes, se suspendieran dicho pagos y “que lo viera directamente con ella”.

Nadine Heredia Alarcón fue comprendida en este caso por el presunto delitos de tráfico de influencias en organización criminal, la misma que habría liderado junto al exgobernador de Cusco, Jorge Acurio Tito.

Esto, por presuntos actos de corrupción en el marco de la ejecución y supervisión de la obra “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena de Nivel Ill-1 Cusco” donde habría sido beneficiada la empresa OAS.

“Como instigadora del delito de colusión, por haber determinado la realización del acuerdo colusorio indebido e ilegal a fin de favorecer a la empresa OAS Sucursal del Perú en la obra: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena de Nivel III-1 Cusco’; Y a Valfredo de Asis Filho como presunto cómplice primario de la comisión del delito de colusión, quien intervino en el acuerdo colusorio como representante de OAS”, señaló la fiscalía.

Además, advierten presuntos pagos irregulares que efectuó el Estado para favorecer a la empresa OAS, como el pago del servicio de la UNOPS.

Además, añade que valiéndose de su condición en el Partido Nacionalista y su cargo de ex primera dama, habría intervenido para canalizar el apoyo necesario y asegurar las elecciones en Cusco a favor de Acurio, hechos que se desarrollaron entre el 2010 al 2012.