Karelim López: Juez dicta comparecencia con restricciones por Caso Puente Tarata

El Poder Judicial impuso este jueves comparecencia con restricciones a la empresaria Karelim López, quien es investigada en el Caso Puente Tarata, también conocido como Caso Provías.

A solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Manuel Chuyo resolvió que López queda prohibida de acudir a las instalaciones de Provías y de comunicarse con sus coinvestigados y con los testigos de este caso. También deberá pagar una caución de 10 mil soles.

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Estas restricciones contra López, quien tiene un proceso de colaboración eficaz separado con la Fiscalía de Lavado de Activos, se suman a otros impedimentos de salida del país que ya venía cumpliendo. Uno es por esta investigación y otra por la del Caso Petroperú.

La empresaria participó en la audiencia y declaró brevemente al inicio de la misma para identificarse ante el magistrado.

Las mismas restricciones fueron impuestas para otros cuatro investigados: el exfuncionario de Provías Alcides Villafuerte, el exrepresentante legal del Consorcio Puente Tarata III Víctor San Miguel, y los empresarios Marco Pasapera Adrianzén y Héctor Pasapera López.

Mira aquí la lectura de la decisión:

Adicionalmente, los cuatro quedaron prohibidos de ausentarse de su lugar de residencia sin permiso del juez y deberán presentar ante él cada mes para justificar sus actividades. También deberán pagar una caución de S/ 15 mil en el caso de Villafuerte y Pasapera López, y de S/ 10 mil para San Miguel y Pasapera Adrianzén.

El abogado de Karelim López, César Nakazaki, se mostró conforme con la decisión. La única defensa que apeló fue la de Pasapera Adrianzén; mientras que la fiscalía hizo lo propio para que a López también se le prohíba salir de su lugar su residencia sin permiso y para que se presenta cada mes ante el juez.

La fiscalía investiga a López y al resto de procesados por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal. Dentro de este mismo caso, el magistrado Chuyo dictó 36 meses de prisión preventiva el pasado 12 de marzo contra el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y contra dos sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, quienes continúan prófugos.

Investigación

Todos ellos son investigados junto a Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Gian Marco Castillo Gómez, Fray Vásquez Castillo, Luis Pasapera Adrianzén, Víctor Valdivia Malpartida y Édgar Vargas Más. La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro les imputa la presunta comisión del delito de colusión agravada como parte de una supuesta organización criminal.

La obra bajo investigación es la construcción del Puente Tarata sobre el río Huallaga, en la región San Martín, que se concedió al consorcio Puente Tarata III. Para el Ministerio Público, esta concesión se dio mediante irregularidades vinculadas a una supuesta organización criminal que buscó copar entidades como Provías Descentralizado para direccionar el otorgamiento de obras. La tesis fiscal es que la supuesta mafia habría estado encabezada por el propio presidente Pedro Castillo.

Parte de esta tesis fiscal se basa en las declaraciones dadas por Karelim López a la fiscalía anticorrupción. Estas declaraciones son similares a la que dio la empresaria a la fiscalía de lavado de activos como parte de un proceso de colaboración eficaz, sobre una supuesta mafia al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).