Tomás Gálvez: ¿Quién es el fiscal supremo suspendido por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto?

Este martes 14 de julio, se conoció que la Junta Nacional de Justicia suspendió en sus funciones al fiscal supremo Tomás Gálvez, investigado por el Caso Cuellos Blancos del Puerto. La medida será por seis meses. Además, está pendiente su decisión respecto al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

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La siguiente en un informe que publicamos hace varios días, que ayuda a comprender las denuncias y cuestionamientos contra el ahora suspendido fiscal supremo:

En el historial del fiscal supremo Tomás Gálvez figuran distintos cuestionamientos por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Además, es conocida su animadversión contra el equipo especial Lava Jato y contra los que lo investigan (presentó -hace dos semanas- una denuncia contra el también fiscal supremo Pablo Sánchez).

Justamente por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Tomás Gálvez tiene que responder por la denuncia constitucional que -el 3 de julio- presentó en su contra la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos. Este pedido debe ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

A Gálvez, al exjuez supremo César Hinostroza, así como a Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez Pebe, exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, se les imputa los presuntos delitos de “organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y patrocinio ilegal”.

En su denuncia, Zoraida Ávalos señala que Tomás Gálvez debe ser investigado porque desempeñó el “rol de hombre clave” en la red de Los Cuellos Blancos del Puerto y porque - en su condición de fiscal supremo- se constituyó como “punto nodal” de la mencionada organización criminal.

En febrero, la Junta Nacional de Justicia le abrió a Gálvez proceso “disciplinario inmediato” por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Su caso -especificamente la posibilidad de que sea suspendido de manera preventiva en sus funciones de fiscal supremo- será analizado este miércoles 8 de julio.

Audios, denuncias y más

Tomás Aladino Gálvez Villegas, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresó al Ministerio Público en 1994. Casi dos décadas después, en 2013, fue nombrado fiscal supremo titular.

En agosto del 2018, este Diario publicó un audio en el que Gálvez le solicitaba al entonces juez supremo César Hinostroza, considerado como uno de los cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puerto, que apoye al fiscal Walther Delgado en torno a una demanda por violencia familiar interpuesta por la esposa de este último, Cynthia Acuña Troyes. La acusación se hallaba en “plazo para casación”, es decir, para que sea vista en la Corte Suprema, instancia donde trabajaba Hinostroza.

CH: ¿Aló, sí? Tomasito…

TG: Cesitar, hermano…

CH: Ah.

TG: Un favor. Para completar la chamba de lo Walthercito. Para ver si lo apoyas ahí.

CH: ¿Cómo así? ¿Qué hay que hacer?

TG: ¿Te acuerdas que tenía… con la mujer que lo está jodiendo?

CH: Sí. Sí.

TG: Y está ahí con… en Familia…

CH: Ya. Pero me den los datos, que venga a verme pues. Porque por teléfono tú sabes que es un poco complicado.

TG: Ya… ¿A qué hora te puede ir a ver?

CH: A cualquier hora. Yo voy a votar de doce a una y media. O sea, hasta las dos y media estoy en mi despacho. Y si no, en la tarde. A partir de las tres y media para adelante.

TG: Ya pues, hermano.

CH: Listo.

TG: Oye, muchas gracias.

CH: Chao.

Tras dicha revelación, más vínculos con los Cuellos Blancos del Puerto fueron manifestándose. Por ejemplo, se conoció que a inicios del 2018 Gálvez le pidió a Hinostroza un favor para beneficiar al rondero Segundo Villalobos Zárate, quien enfrentaba un proceso ante la Corte Suprema.

En otro audio, Gálvez le pide a César Hinostroza que realice una “llamadita” a favor, nuevamente, de Walther Delgado, quien postulaba a la plaza de fiscal superior ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Y como si fuera poco, en otra grabación se escucha a Gálvez solicitar a Hinostroza que finalice la “chamba” para “Walthercito”. En total, se registraron cinco llamadas entre Gálvez y el exconsejero Orlando Velásquez y el asesor de este, Pablo Morales, que coincidieron con las fechas en las que el fiscal Delgado estuvo en proceso de postulación.

Del mismo modo, existen grabaciones de las conversaciones entre Hinostroza y Gálvez en las que el primero le sugiere brindarle “facilidades” al empresario Mauricio Arrieta.

En respuesta a esto, Gálvez ha defendido en más de una oportunidad que de todos los diálogos aparecidos e investigados no se desprende ningún ilícito. Pese a ello, un aspirante a colaborador eficaz ha declarado ante la fiscal Sandra Castro que tanto Gálvez como el fiscal supremo Pedro Chávarry conocían sobre las existencias de los audios, por lo que se comprometieron a “aguantar” las investigaciones que se les realizaban.

Los problemas de Gálvez no solo han tenido relación con los Cuellos Blancos. En 2016, el fiscal supremo habría presentado declaraciones juradas con firmas adulteradas. Así lo señala un informe grafotécnico del perito judicial Alberto Castro Alata. Las firmas que aparecen en tres declaraciones juradas presentadas por Gálvez en una investigación que se le siguió en la fiscalía “presentan características de ser falsas”.

En dicho documento se incluyó al exjuez supremo César Hinostroza. También a Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez, exintegrantes del desaparecido CNM, por los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, entre otros ilícitos. Este expediente ha sido la base para la denuncia constitucional presentada ante el Congreso.

Contraataques

En mayo del 2019, cuando fue citado al hoy Parlamento disuelto, Tomás Gálvez rechazó las investigaciones e indicó que se está manipulando los testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos. Añadió en aquella oportunidad que él era “totalmente incómodo para ciertos fiscales, especialmente para el señor Pablo Sánchez”.

A su vez, el 8 de agosto del 2019, Gálvez solicitó a la fiscal de la Nación que cite a los integrantes del equipo especial Lava Jato para que expliquen, ante la Junta de Fiscales Supremos, el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, sumamente cuestionado por él.

Coincidentemente ese mismo día, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había acogido un pedido de impedimento de salida del país por ocho meses en su contra, decisión que sería anulada por la Corte Suprema al final del mismo mes, para luego ser restablecida, en noviembre del 2019, por el mismo plazo.

En diciembre pasado, Gálvez inició una investigación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de abuso de autoridad y prevaricato en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto en Moquegua.

En febrero, Tomás Gálvez denunció a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por los supuestos delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento en el marco de la devolución de los S/524 millones a la empresa brasileña Odebrecht producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Por ello, solicitó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pronuncie sobre la gravedad de su indagación, pues consideró que se ha difundido la premisa de que todos los que piden que se investigue a Odebrecht “son corruptos”, y todos aquellos que “encubren a la firma brasileña son quienes luchan contra la corrupción”.

No solo las acusaciones contra Gálvez, y sus contraataques, han hecho noticia. Entre las varias críticas amasadas por sus declaraciones ante los medios de prensa resalta una expresión suya en particular: que dar dinero en campaña electoral con la expectativa de ganar obras en el futuro “no es corrupción”.

En una entrevista para Radio Nacional, en febrero de este año, Tomás Gálvez dijo que quienes reciben aportes “tenían que saber el origen delictivo y, en consecuencia, no se va a poder calificar como lavado de activos. El pitufeo es otro delito, porque ellos entregan plata, pero no quieren aparecer como donantes porque tienen la expectativa de ganar obras en el futuro. Eso no es corrupción”.

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