Los funcionarios reubicados del gobierno de Pedro Castillo: casi 120 han rotado de cargo público

La especialista en Políticas Públicas, María Elena Sánchez, explicó a este Diario que la continua rotación de funcionarios en altas posiciones tiene costos en el corto y mediano plazo. “El primer impacto está en la gestión y en la ejecución presupuestal de los sectores. Además, los acomodos constantes pueden advertir que la gestión pública se ha convertido en una rifa, donde van pasando las personas de una silla a otra sin necesariamente tener una evaluación de capacidades. Eso refuerza la idea de que se ajustan los cargos a las personas y no las personas a los cargos”, dijo.

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Karla Gaviño, docente de la escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, indicó que lo ideal en el Estado es que las personas, inclusive en puestos de confianza, tengan las credenciales meritocráticas para calzar en los cargos y lleguen por plazas vacantes. Sin embargo, enfatizó que el criterio aplicado suele ser opuesto.

“No debería suceder que el cargo se intente ajustar a las personas, buscando en dónde encaja cada una. Esto, porque estamos hablando de funciones públicas, de servicios para la población altamente relevantes, cuya responsabilidad no debería caer en manos equivocadas. Es urgente que exista un orden y una uniformidad de criterios de selección con base en la calidad que se busca alcanzar como Estado. De lo contrario, las políticas públicas, desde su diseño hasta su implementación y prestación, se entorpecen o paralizan”, explicó Gaviño.

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Por su parte, la politóloga Kathy Zegarra, señaló que la alta rotación, incluida la de personas que son reasignadas en otros sectores, obedece también a los cambios continuos de Gabinete. Además, comenta que este problema impacta también en la formación de buenos servidores, quienes se ven repelidos por la inestabilidad y no llegan a profesionalizarse en los sectores.

“La falta de profesionalización o de incentivos para ella afecta, a la larga, la manera en la que se brindan los servicios públicos. Además, se degrada la imagen del Estado porque la ciudadanía es la que experimenta esta baja calidad de servicio y también porque se mantiene en el imaginario esta idea de que el Estado es una especie de agencia de empleos o botín para el gobierno de turno. Ese siempre es un mensaje negativo y difícil de revertir si es que no hay un ánimo generalizado de enmienda”, expresó.

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Cercanía política

La cuota partidaria de Perú Libre entre los funcionarios reubicados se percibe en carteras clave. Cristian Quispe, militante y excandidato, había sido removido como subsecretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM durante la jefatura de Mirtha Vásquez. El pasado febrero, ya bajo la PCM de Aníbal Torres, Quispe fue repuesto.

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y dirigido por el afiliado Rogelio Huamaní, también tiene a militantes reasignados. Se trata de Alberto Pérez (actual jefe de Valor Agrícola y anterior jefe de Producción Agropecuaria) y Damián Salazar (ahora jefe de Valor Agroforestal y anterior jefe de Conservación de Suelos). También por Agro Rural pasó el militante Eibert Sotomayor (actual asesor de alta dirección del Midagri).

En tanto, el excandidato Kaimer Dolmos fue reasignado dentro de Energía y Minas como director de Promoción y Sostenibilidad Minera. Retornó en octubre, tras un intermedio como consultor en ese mismo ministerio.

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La militante y excandidata Nataly Vega regresó en febrero como secretaria del despacho de la PCM, posición que había ocupado cuando Bellido era jefe de Gabinete. Además, durante la gestión Bellido, la exafiliada y activa secretaria de Juventudes de PL, Natalia Jiménez, fue contratada como consultora semanas después de su fallida designación como directora de proyecto en Provías del MTC.

Otros funcionarios recolocados por cercanía con PL son Edith Rojas, hermana del militante Richard Rojas, y David Fernando Caballero, dueño de Radio Latina, que colaboró con propaganda para la campaña de Castillo. Rojas fue contratada por el Ministerio de Salud como consultora del despacho entre setiembre y noviembre del año pasado. A partir de diciembre, se le otorgó la plaza de coordinadora nacional de estrategias Covid. Por su parte, Caballero Llanos inició como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa y luego fue nombrado como jefe de asesores del Ministerio de Energía y Minas.

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Puntos débiles

La especialista María Elena Sánchez destaca que la cercanía política entre el gobierno y los funcionarios no es negativa en sí misma. Sin embargo, refiere que es el factor más complejo porque sobre él se suele aplicar menos filtros de idoneidad y, en ocasiones, puede prevalecer la devolución de favores políticos.

“Claramente, cuando son puestos de confianza, no hay una rigurosidad porque, finalmente, es un tema de cercanía. Pero lo que sí es cierto es que ya son varios los casos que se han observado, donde la Contraloría no ha ejercido suficiente control y donde las designaciones se basan en favores políticos y no en méritos”, dijo.

La politóloga Kathy Zegarra agrega que esta tendencia a colocar a personas solo por proximidad partidaria no es exclusiva del actual gobierno. No obstante, refiere que aquello no justifica continuar con esta mala práctica, en la que la idoneidad pasa a un segundo plano.

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“Además, el gobierno actual, que no tiene una presencia contundente en el Congreso y cuya aprobación es bastante limitada, se debilita aún más ante la ciudadanía cuando se evidencian estos malos manejos al momento de designar a personas no idóneas o solo por el carné partidario en puestos importantes dentro del aparato público”, comentó.

La docente de Gestión Pública de la UP, Karla Gaviño, recuerda que la Ley 31419 —promulgada en febrero para establecer requisitos de experiencia a ministros, viceministros, secretarios generales y otros trabajadores públicos— aún debe ser reglamentada y que el plazo de adecuación sigue vigente. De otro lado, comentó que la inestabilidad y alta rotación de funcionarios también genera problemas hacia el sector privado.

“Aparte de la parálisis en la función pública que esa inestabilidad genera, se configura una pésima señal para el sector privado. Se pierde la confianza para, por ejemplo, intervenir o participar en concursos públicos o procesos de selección que pueden tomar un tiempo. Si se observa inestabilidad en los funcionarios que tienen posición de liderazgo y mayores problemas que posibilidades de alianzas, es más difícil que el privado quiera conectar con ese tipo de Estado”, refirió.

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