A pesar de que, a inicios de marzo, el presidente y el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, negaron que el gobierno vaya a promover la instalación de una asamblea constituyente, ayer el Ejecutivo, con la firma de ambos, presentó un proyecto que busca abrir el camino a un cambio total de la Constitución a través de ese mecanismo.

La iniciativa plantea sumar un artículo más a la actual Carta Magna, el 207, donde se establezca que “la elaboración y aprobación” de una nueva Constitución esté a cargo de una asamblea constituyente “elegida por el pueblo”, paritaria y compuesta por 130 representantes.

Y a la par, también propone que se realice un referéndum el 2 de octubre, en el marco de las elecciones municipales y regionales, donde se consulte, por medio de una cédula especial, a la ciudadanía la siguiente pregunta: “¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?, con las alternativas de respuesta: Sí o No.

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Los representantes de seis de las ocho bancadas que tienen presencia en la Comisión de Constitución del Congreso, donde el proyecto deberá ser analizado y debatido, adelantaron a El Comercio que no respaldarán esta reforma impulsada por Castillo Terrones. Por ejemplo, el parlamentario Eduardo Salhuana (APP) indicó que el país requiere que el presidente resuelva los problemas que realmente les preocupan a los peruanos, como la crisis económica y la falta de trabajo.

“No, Alianza para el Progreso de ninguna manera respaldaría ese despropósito […] Hay toma de carreteras permanentemente, conflictos sociales por todos lados, y el presidente no sale con esta incoherencia de una asamblea constituyente. Ellos mismos había negado que la iban a proponer, esto nos demuestra su improvisación”, remarcó.

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Un mecanismo para perpetuarse en el poder

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) refirió que la convocatoria a una asamblea constituyente “no servirá para resolver los problemas urgentes de gestión que tiene el país” y advirtió que el Ejecutivo busca utiliza esta instancia para “perpetuarse en el poder” y “abrir una caja de pandora de inestabilidad y caos”.

“Quieren culpar a la Constitución de su propia incapacidad, porque esa es la salida facilista y decir que es el Congreso el que se opone a realizar cambios profundos en el país, cuando eso no es verdad”, expresó.

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A su turno, el parlamentario Esdras Medina (Renovación Popular) consideró que la iniciativa del jefe de Estado solo busca “distraer” al país, que está al borde de la recesión económica. “En realidad lo que está buscando [Castillo] es popularidad, enfrentamiento y una razón para cerrar el Congreso”, subrayó.

Desde Acción Popular, el legislador Wilson Soto Palacios sostuvo que el referéndum “no es un mecanismo constitucional válido” para allanar el camino a una nueva Constitución.

“Todo acto en ese sentido no puede ser aprobado o amparado por el Congreso. La población mayoritariamente exige al gobierno la atención de necesidades básicas que mejoren su calidad de vida, las que no se van a solucionar con una nueva Constitución”, manifestó.

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Una postura similar tuvo el portavoz de Somos Perú, Wilmer Elera, quien cuestionó que el gobierno haya pasado a ser promotor de la asamblea constituyente en medio de la crisis política, social y económica. “Tenemos una gran brecha en seguridad ciudadana, la delincuencia nos está ganando y nadie toma cartas en el asunto, las minas están bloqueadas y hay perdidas económicas, y en vez de dedicarse a solucionar ello, salen con esto”, acotó.

La iniciativa de Castillo Terrones tampoco tiene respaldo en toda la bancada de Perú Libre. La congresista Katy Ugarte, quien pertenece al bloque magisterial, dijo, a título personal, a El Comercio que “no es el momento” para un proceso constituyente. “En Chile van en el segundo año y no pueden concluir, no es un juego hacer una nueva Constitución”, refirió.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), afirmó que el Ejecutivo pretende “generar más caos y convulsión social” con su propuesta.

“Quieren continuar con el desmantelamiento del Estado, que se diga que este no funciona y que se requiere de una nueva Constitución. Y esto responde al objetivo que se trazaron desde el primer día, y que no lo ha desechado, que es el cierre del Congreso y el llamado a una asamblea constituyente, lo que va a generar una política autoritaria como en Venezuela y Cuba”, alertó.

Juárez indicó que la sola propuesta “ya genera incertidumbre” no solo en los ciudadanos, sino también en los pequeños, mediados y grandes empresarios. “Frente a la variación de las reglas de juego de ninguna manera van a invertir en el país”, expresó.

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Más temprano, antes de que el gobierno presenté el proyecto, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), dijo que la iniciativa para una asamblea constituyente “es una distracción”, y señaló que el objetivo desde el inicio del gobierno de Castillo ha sido el cierre del Congreso. Añadió que la propuesta del Ejecutivo es “inconstitucional” e inviable”.

También indicó que si el gobierno “no puede” poner la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, “qué Constitución van a hacer”.

Por su parte, el primer ministro Torres rechazó que el Ejecutivo haya buscado el cierre del Congreso “ni aún en los momentos más difíciles”, como cuando intentaron vacar en dos oportunidades a Castillo Terrones. Añadió que ahora está en manos del Parlamento si aprueba o archiva el proyecto que busca abrir paso a la asamblea constitución.

Torres negó que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, haya tenido influencia en la redacción de la iniciativa.

Al ser consultado sobre por qué Castillo y él han cambiado su postura sobre la asamblea constituyente, el jefe del Gabinete respondió que en cada Consejo de Ministros descentralizado, “la población” lo primero que les pide es cambiar la Carta Magna.

“En el Cusco esto se acentuó, ya no podemos decirle a la población que no lo vamos a hacer [promover la asamblea constituyente] o guardar silencio”, concluyó.

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Más información

En mayo del año pasado, durante la campaña de segunda vuelta, Castillo firmó la Proclama Ciudadana, a través de la cual se comprometió a que cualquier cambio y/o reforma de la Constitución “solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes”.

Cerrón, a través de su cuenta de Twitter, convocó a una marcha en Huancayo a favor de la instalación de una asamblea constituyente.

Además…
El proyecto en cuatro claves


1. Los primeros plazos

El proyecto contempla ocho disposiciones transitorias. Una de ellas, establece que la convocatoria para la elección de los integrantes de la asamblea constituye la realiza el presidente, a través de un decreto suprema. Los comicios deberán realizar en un lapso no mayor de 120 días calendario posteriores. La asamblea se instala en un plazo no mayor de 15 días calendarios desde la proclamación y acreditación de los asambleístas electos por parte del JNE.


2. Nueve meses para una nueva Constitución

La asamblea constituyente tendrá nueve meses para la redacción y aprobación del proyecto de nueva Constitución. Este plazo solo podrá prolongarse por tres meses. La iniciativa también indica que los poderes constituidos y los organismos constitucionalmente autónomos “no pueden impedir de forma alguna las decisiones” de esta institución.


Asimismo, la asamblea tampoco puede modificar el periodo de mandato para el cual fueron elegidos el presidente y los congresistas.


3. La composición de la asamblea constituyente

El gobierno plantea que la asamblea constituyente esté conformada por 130 asambleístas .La distribución de los escaños será la siguiente: 40% representantes de los partidos políticos inscritos, 30% por candidatos y candidatas independientes, 25% por representantes de los pueblos indígenas y 4% por representantes de los pueblos afroperuanos. También se propone que sea paritaria.


4. El JNE regula la distribución de los escaños

En su décima disposición complementaria, el proyecto indica que el JNE en 30 días calendario, como máximo, contados a partir de la publicación de la reforma, regula la distribución de los escaños, el financiamiento de las candidaturas independientes, y de representantes de los pueblos indígenas y pueblos afroperuanos. El JNE tendrá 10 días calendario para aprobar el cronograma electoral, tras la convocatoria a la elección de los asambleístas. 


El proyecto en cuatro claves

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