La compañía Telefónica anunció hace unos días reuniones de negociación con sus trabajadores para encontrar alternativas al eventual inicio de un procedimiento de cese colectivo de 800 empleados en el país, como parte de los cambios estructurales de la firma.
Pero no sería la única que lo evalúa: laboralistas afirman que son varias las empresas que consideran esta figura que desvincula al menos al 10% de la planilla, ante una suspensión perfecta de labores que resulta insuficiente y una situación de crisis prolongada que repercute en presupuestos recortados y mayores pérdidas acumuladas.
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De hecho, según informó el Ministerio de Trabajo (MTPE) a Día1, en lo que va del 2021 se han registrado cinco solicitudes de cese colectivo por causas estructurales o económicas ante dicha autoridad; siendo tres de ellas de carácter suprarregional y dos en Lima Metropolitana.
De acuerdo a Percy Alache, director de Servicios Laborales de PwC Perú, las empresas que se podrían interesar este año en esta figura pertenecen al rubro de restaurantes, hoteles, casinos, retail, construcción, entre otros. Estas se sumarían, según estimaciones de Alache, a las cerca de 35 solicitudes de cese colectivo que ya se han presentado a la autoridad de Trabajo desde el inicio de la pandemia.
TRATAMIENTO EN LA CRISIS
Dado el contexto de restricciones por parte del Gobierno y la situación de pandemia, existen razones válidas para justificar un cese colectivo –con las particularidades de cada sector–, señala Carlos Morales, docente de la Carrera de Derecho de la UPC.
Morales añade que uno de los criterios objetivos que se ha usado antes de la pandemia para acreditar la causal económica ha sido reportar pérdidas por tres semestres consecutivos, situación por la que muchas empresas ya atraviesan. Sin embargo, otros criterios menos predecibles también entran en juego.
El problema de fondo, agrega, es que la autoridad de Trabajo “es muy restrictiva dentro de la idea de que la protección del bien jurídico debe ser el empleo y no las fuentes de trabajo”.
Por su lado, Luis Vinatea, presidente del Comité Laboral de Confiep, considera que dadas las circunstancias excepcionales, el MTPE tendrá que evaluar la figura “no desde una perspectiva de evolución histórica (como antes de la pandemia), sino desde la situación actual” de las empresas.
“Ahora hay problemas ya no de mal performance económico, sino de insolvencia continua; la causa por sí misma es difícil de cuestionar”, explica, confiando en la lógica utilizada en el análisis de las solicitudes de suspensión perfecta de las actividades imposibilitadas de operar.
Sin embargo, las respuestas antes de la pandemia han sido mayoritariamente de desaprobación, advierte Alache; y agrega que actualmente se están evaluando principalmente las formas más que el fondo de las solicitudes (revisión a las pericias que sustentan la situación financiera de la empresa). “El MTPE no quiere crearse la fama de que está autorizando la salida de trabajadores, y eso [...] tiene una connotación política”, indica.
“La suspensión perfecta fue el camino A de la pandemia, pero sabíamos que el camino B o la segunda temporada de la crisis económica es el cese colectivo, porque es el paso siguiente. Y ese paso lamentablemente ya lo estamos viviendo”
Percy Alache, director de Servicios Laborales de PwC Perú
Morales, en tanto, recalca que el procedimiento es bastante complejo sin certeza de una aprobación, por lo que muchas firmas verán como un camino más rápido su liquidación, en la cual pueden proceder con los ceses sin autorización previa.
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Dado que lo que se pone en juego es la sostenibilidad de la empresa, los plazos de respuesta a la solicitud serán un factor clave, comenta Cesar Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz. Considerando que los expedientes pasan por un proceso que puede llegar hasta pronunciamientos en última instancia, las solicitudes podrían tardar en resolverse cerca de seis meses, sin cumplir los plazos establecidos, advierte Puntriano.
Por tal motivo, Alache considera que sería recomendable que el MTPE fije un plazo para dar respuesta a las resoluciones, pues está dejando en incertidumbre a las empresas y trabajadores. Estos últimos acceden automáticamente a una suspensión perfecta especial que los deja desprotegidos. No es la misma figura que se aplica en el contexto de la pandemia (que sí otorga beneficios como un subsidio por parte del Estado).
Por el momento, sin embargo, el MTPE informó a este suplemento que no tiene previsto efectuar cambios al procedimiento de cese colectivo. En tanto, recalcó que evalúan “de manera objetiva e imparcial el cumplimiento de los requisitos exigidos para la procedencia de las solicitudes de cese colectivo, así como la verificación de las causas invocadas” para emitir un pronunciamiento.
“Se espera que el MTPE haga esa comparación objetiva, a pesar de lo dura que pueda resultar la medida. El efecto de esa decisión es que un grupo más grande conserve su empleo. Es una medida excepcional con justificación objetiva con el propósito de sostener la operación”
Luis Vinatea, presidente del Comité Laboral de Confiep
UNA MÁS DEL CONGRESO
Un proyecto de ley del Congreso recientemente presentado por el Frente Amplio busca regular los procesos de cese colectivo, liquidación y disolución en una empresa. Este plantea prohibir la suspensión perfecta en los trabajadores involucrados en el cese, restringir el procedimiento para las empresas que hayan recibido algún subsidio o beneficio del Estado y judicializar el cese colectivo.
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Vinatea considera que el proyecto sería inconveniente pues en la práctica busca prohibir los ceses colectivos. “[De aprobarse], el sistema se convierte en uno sin válvula de escape y podría provocar regulatoriamente una crisis y la liquidación de empresas”, acota. Además, indica que el proyecto sufre de una serie de imprecisiones que hace falta aclarar.
La situación se agravaría si se le diera luz verde a algunos proyectos que se han aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso –que buscan prohibir los despidos y la reducción de salarios–, pues se está reduciendo las opciones a tomar antes de llegar a mecanismos más críticos como el cese colectivo.
Estrategias antes del cese
La mayoría de empresas hace un plan de retiros con incentivos para los trabajadores involucrados, señala Alache. Por ejemplo, Telefónica propuso un Plan de Retiro Voluntario con incentivos económicos y prestacionales.
Sin embargo, en la actualidad, “hay muy poco que [las firmas puedan] negociar, por no decir nada”, añade Morales.
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