Las promesas electorales y la odisea de fabricar plantas de oxígeno en el Perú

“Fue una mala decisión. Fue una apuesta por la industria nacional que no salió correctamente”. Estas fueron las lapidarias palabras con las que el presidente Francisco Sagasti puso punto final a la alianza entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para ‘fabricar’ 47 plantas generadoras de oxígeno ‘made in’ Perú.

Corría la tarde del viernes 5 de marzo del 2021. Esa mañana, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, había adelantado la cancelación del convenio con la casa de estudios.

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Hablando ante el Congreso de la República, el ministró explicó que la UNI incumplió el contrato al demorar la entrega de las primeras 18 plantas, de las cuales solo había presentado cinco hasta el 4 de marzo.

“Esto nos va a llevar a la resolución del contrato porque es imposible que estemos esperando”, dijo.

En Huachipa, centro de ensamblaje de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) de la UNI, reinaba la confusión. Los integrantes de Oxigena 47, encargado directo del proyecto, miraban con aprehensión el devenir de los acontecimientos.

Una inmediata aclaración del ministro Ugarte, precisando que daría un último plazo de 5 a 8 días a la UNI para completar las trece plantas restantes, devolvió los ánimos a todos. El FIM decidió acelerar su entrega. Pero el tiempo no fue suficiente.

DÍAS DE ANGUSTIA

Hasta mediados de la semana pasada, Oxigena 47 había logrado ensamblar ocho plantas de oxígeno adicionales. Le faltaban cinco.

La rectora de la UNI, Luz de Fátima Eyzaguirre, escribió al Minsa para solicitar la suscripción de una adenda que permitiera extender el deadline por 25 días más. Sin embargo, el Minsa no sólo denegó la solicitud, sino que notificó su decisión de rescindir totalmente el convenio y cobrar el dinero ‘transferido en exceso’ para el proyecto.

Hablamos de US$11,2 millones, que el Minsa adelantó a la casa de estudios en noviembre pasado.

El dilema para la casa de estudios es que ese dinero ya habría sido gastado. Oxigena 47 asegura que ha usado el financiamiento en el ensamblaje de las 18 plantas, las cuales estarían listas para ser entregadas esta semana, y en adquirir equipos y partes para la segunda fase del proyecto.

“Tenemos equipos que ya hemos pagado para las 12 plantas de la segunda etapa y obras avanzadas en Ayaviri, Villa El Salvador y Caraz. Todo eso se va a detener con perjuicio de la población”, alerta una fuente de Oxigena 47.

¿Cómo fue que un proyecto tan ambicioso acabó en esta situación? ¿Significa, como sugiere el presidente Sagasti, que la industria nacional no está preparada para el reto de fabricar plantas de oxígeno?

Oxigena 47 fue presentado por la exministra Pilar Mazzetti como el gran cambio “en el sistema de salud del país”. Se trataba de privilegiar la producción nacional de plantas de oxígeno como una solución al previsible déficit de este medicamento en el sector salud, de cara a un nuevo rebrote del COVID-19 (que terminó siendo un tsunami).

“Por eso el Minsa demoró las importaciones de plantas de oxígeno, hasta asegurarse de que la UNI estaba en capacidad de ensamblar las suyas, pero han empezado muy tarde [a la puerta de la segunda ola]”, refiere Itay Ingberg, CEO de la israelí Macro Medicis. ¿Por qué la UNI demoró en ensamblar las plantas de oxígeno?

RETRASO E INEXPERIENCIA

El contrato entre el Minsa y la casa de estudios se firmó el 30 de octubre de 2020, pero se activó e hizo publico recién en enero del 2021. Según todas las fuentes consultadas para este informe, la responsabilidad de esta demora recaería tanto en el Minsa como en la UNI.

En el Minsa, por asignar el primer depósito para el proyecto a una partida presupuestaria equivocada, que impidió a la UNI cobrar el dinero hasta enero del 2021.

Y en la UNI por su ambición de asumir el contrato (US$25,68 millones) a sabiendas de su inexperiencia en ensamblaje e instalación de plantas de oxígeno y de sus limitaciones para ejecutar proyectos.

Su inexperiencia queda reflejada en la selección de la moqueguana Elizabeth Chahuares para dirigir Oxigena 47. Una persona sin historial previo en grandes proyectos antes de su involucramiento con la UNI, donde dirigió dos pequeñas iniciativas: un prototipo de un ventilador mecánico y el proyecto de una planta modular de oxígeno con el Ejército Peruano, que no funcionó.

Estas fueron las dos credenciales por las que la universidad la eligió para liderar el proyecto, sin verificar sus antecedentes previamente: no era ingeniera mecatrónica ni, mucho menos, egresada de la FIM, como denunciaron alumnos de esta facultad.

“Nadie en la UNI preguntó de dónde venía porque sus trabajos anteriores dieron buenos resultados. Con 47 plantas que ensamblar en poco tiempo y total presión, nadie se ocupó de verificar. Además, tenía liderazgo y facilidad de palabra”, relata una fuente cercana al proyecto. Pero ese fue el problema menor.

El problema mayor es uno de fondo: las restricciones que tienen las universidad públicas para realizar compras y ejecutar proyectos.

EL ROL DE LA UNIVERSIDAD

No es un secreto que las universidades públicas suelen tener problemas de diversa índole cuando se trata de ejecutar proyectos. Por esta razón, la administración del rector Jorge Alva (2015-2020) decidió no realizar este tipo de actividades.

El encargo de las 47 plantas, sin embargo, era demasiado jugoso para ser dejado lado. Además, la promesa del Gobierno de que las compras iban a ser directas (hay un decreto de urgencia que lo posibilita) animaron a la universidad.

Esta sin embargo, se comprometió a demasiado: no solo a diseñar un prototipo, también a ensamblar, transportar e instalar las plantas de oxígeno. Una función que, según muchos especialistas, no compete a una universidad.

“La UNI no es una fábrica. No puede ser una fábrica porque no tiene facilidades logísticas, herramientas, expertise ni infraestructura”, refiere Manuel Luque, investigador de la casa de estudios.

Así opina también Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú y ex alumno de la FIM.

Herrera es claro en señalar que la UNI y el Minsa cometieron un error sustancial de enfoque en el proyecto. “Una universidad sirve para la creación de un prototipo que, tras entrar a línea de producción y ganar experiencia operativa, se perfecciona en futuros nuevos modelos. La línea de producción es tarea de la industria”, explica.

A su entender lo que debió hacer la UNI fue diseñar la ingeniería y conseguir la colaboración de una empresa metal-mecánica, como Modasa por ejemplo, para que ensamble o fabrique las plantas.

Ese es, precisamente, el modelo que ha seguido la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUC) en su proyecto de plantas generadoras de oxígeno.

MADE IN PERÚ

Asociada con la empresa Seralt, la PUCP ha diseñado y fabricado la primera y única planta generadora de oxígeno del país.

Su estrategia se ajusta a los cánones: “El rol de la universidad no es fabricar. Es identificar y desarrollar tecnología para que un fabricante los fabrique”, señala Fernando Jiménez, jefe del proyecto de la PUCP.

Trabajando de esta manera, la PUCP ha conseguido entregar 33 plantas de oxígeno a centros de salud y pueblos recónditos, como Santa María de Nieva, que es “el último poblado antes del Cenepa, en la frontera con Ecuador, adonde no llegaría el Estado jamás”.

Ahora se apresta a transferir esta tecnología a Ecuador y México y a fabricar otras 19 plantas en las próximas dos semanas.

Jiménez es bastante claro al respecto: “Ni Modasa ni la UNI fabrican plantas. Modasa importa el generador de China, les pone una carcasa y dice que es fabricación nacional. La UNI también importa el generador (marca Oxymat) y varios componentes. Nosotros fabricamos el generador, que es donde está la magia de la producción de oxígeno”, anota.

Los casos de la PUCP y de la UNI - pese a los cuestionamientos - son claros ejemplos de lo que la academia puede llegar a aportar en la lucha contra el COVID-19. Se trata, no obstante, de sólo una parte de la solución.

DESCENTRALIZAR LA OFERTA

Especialistas consultados para este informe, coinciden en señalar que la solución integral al déficit de oxígeno medicinal, de cara a esta y nuevas olas de COVID-19, pasa por descentralizar la producción de oxígeno

“El problema es que la producción está concentrada en la costa y desde allí se traslada al centro del país. El transporte cuesta más que la producción. Por ello, lo más lógico es distribuir el oxígeno localmente para tener una producción descentralizada”, anota Carlos Herrera.

La oferta de oxígeno, en efecto, está concentrada en dos empresas que producen cerca del 90% del oxígeno industrial del país: Linde y Air Products, cuyas plantas se localizan en Pisco, Callao, Huachipa y Chimbote.

La creciente demanda de oxígeno en los picos de la pandemia ha superado, sin embargo, la capacidad instalada de ambos productores.

Para cubrir el déficit (100 a 110 toneladas diarias) el Gobierno ha tenido que recurrir a importaciones provenientes de Chile, Ecuador y al aporte solidario de las empresas privadas, como Southern Copper, que por sí sola viene aportando 20 toneladas diarias de oxígeno.

A futuro, sin embargo, se hace necesario ahondar en la descentralización de la producción de oxígeno. El objetivo: conseguir que cada hospital tenga su propia planta generadora, como sucede en otros países de la región, por ejemplo, en Chile.

“En la mayoría de países, los centros de salud cuentan con dos instalaciones fundamentales: un grupo electrógeno, para generar electricidad, y un generador de oxígeno, que es vital. Minsa y Essalud deben considerar ese tema”, advierte Fernando Jiménez.

¿Cuántos centros de salud están convenientemente abastecidos del preciado medicamento?

OXÍGENO POR IMPUESTOS

La iniciativa OXI (Oxígeno para salvar vidas) de Konnie Vidaurre, ha detectado que solo 146 de los 581 hospitales del país cuenta con abastecimiento propio de oxígeno medicinal. Peor aún, remarca que antes de la primera ola de COVID-19, solo 9 hospitales contaban con planta de oxígeno propia.

Según estimaciones de Vidaurre, para atender la demanda adicional de oxígeno en los picos decontagio harán falta 365 plantas generadoras “distribuidas eficazmente en todas la regiones y distritos con mayor incidencia de casos de COVID-19”.

Para financiar esta infraestructura, Vidaurre propone que el sector privado aporte financiamiento y capacidad de ejecución a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

La solución al problema de déficit de oxígeno medicinal pasa, entonces, por sumar todos los esfuerzos: del sector privado y del Estado, que “debe cuidar de racionalizar sus compras y descentralizar el suministro para los pacientes”, anota Jiménez.

Todo lo contrario a la reciente iniciativa legislativa del Frente Amplio, que buscaba expropiar la infraestructura productiva y de distribución de oxígeno de las empresa privadas para dársela al Minsa. Una idea trasnochada que, felizmente, no prosperó en el Congreso.

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