La aventura de Petro-Perú como operador de lotes petroleros llega a su final. Y es que su contraparte, la agencia de hidrocarburos Perú-Petro, decidió aprobar el 7 de agosto las bases para la licitación internacional de los lotes I y VI (Talara), que la petrolera estatal venía administrando desde octubre de 2023.
“La convocatoria se lanzará el 14 de agosto, o sea, ya mismo”, anunció Jorge Pesantes, presidente de Perú-Petro, en la mesa redonda Camino al I Congreso de Gas y Petróleo.
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De acuerdo al cronograma aprobado por la agencia de hidrocarburos, la buena pro se otorgará el 17 de febrero del 2025.
Esto es, nueve meses antes del vencimiento del ‘contrato de licencia temporal por dos años’, que Petro-Perú suscribió por ambos lotes en octubre de 2023, a pesar de su rampante crisis financiera.
De hecho, Pesantes hizo hincapié en la “disminución de la producción” que los lotes I, VI y Z-69 vienen experimentado desde que fueron entregados a Petro-Perú a fines del 2023.
“El problema aquí radica en haber aceptado un contrato por solamente dos años. Así no hay billetera que aguante, porque en 30 años se puede conseguir una economía, pero en dos años no”, indicó.
Refirió que, por esa razón, Perú-Petro está lanzando “esta licitación para un contrato de 30 años, pero con la debida anticipación”.
Antes de licitar el lote Z-69 (otrora Z2B), Perú-Petro y Petro-Perú deben definir que hacer con los activos que esta última posee en el proyecto petrolero, entre ellos, plataformas submarinas y barcazas.
Añadió que a la licitación de los lotes I y VI seguirá la del lote Z-69 (off-shore), cuya convocatoria se lanzará “de acá a un mes y medio aproximadamente”.
Explicó que esta demora de 90 días se debe a que el lote alberga activos de propiedad de Petro-Perú, de los que Perú-Petro no puede disponer libremente.
“De manera que nos hemos reunido con la alta dirección de Petro Perú para que nos diga en qué condiciones vamos a incluir esos activos en las bases: arrendamiento o venta. Ellos están decididos a entregarlos en venta”, dijo Pesantes.
Los activos de propiedad de Petro-Perú incluyen no solo a las plataformas submarinas, sino también a las tuberías marinas y superficiales, las barcazas y los tanques, todos ellos “en condiciones muy deplorables”.
Por esta razón, el funcionario expresó su confianza de que Petro-Perú no exigirá un precio muy elevado por esta infraestructura, porque “si no, nadie se va a animar a presentar ofertas”.
Lote 64
Pesantes reveló también que Petro-Perú tiene el camino expedito para buscar un socio-operador que lo ayude a desarrollar el lote 64 (Loreto), el cual se encuentra en fuerza mayor “desde hace más de 1.565 días”.
La petrolera regional Geopark decidió devolver su participación mayoritaria en el lote 64 hace cuatro años. El clima social adverso y trabas burocráticas motivaron que rompiera su asociación con Petro-Perú.
Explicó que esta parálisis se debe a la demora en la obtención del permiso de desbosque, toda vez que el Serfor consideraba que para ello hacía falta desarrollar un proceso de consulta previa.
Al respecto, señaló que hace dos semanas el Minem notificó a Petro-Perú y a Perú-Petro que no aplica la consulta previa para el lote 64.
“Entonces lo que toca ahora es que Perú-Petro le comunique a Petro-Perú, que la fuerza mayor se levanta. En esos términos, hemos conversado con algunos altos directivos de Petro-Perú y ya deberían estar a nivel de su directorio, aprobando las bases para lanzar una licitación en búsqueda de un socio para el lote 64″, declaró Pesantes.
El lote 64 alberga 55 millones de barriles de crudo liviano, de alta calidad, que no se pueden desarrollar por trabas burocráticas.
Y es que la excesiva regulación es una de las causas fundamentales de la crisis del sector hidrocarburos, apunta Freddy Morales, presidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGPE).
De acuerdo a Carlos Bianchi, ex gerente de exploraciones de Perú-Petro, hacer realidad un proyecto de exploración en el Perú toma entre 15 y 20 años debido a este y otros motivos, como la conflictividad social y la proliferación de áreas protegidas.
