El ministro de Economía, Óscar Graham, reconoció que la exoneración temporal del Impuesto General a las Ventas (IGV) a algunos alimentos de la canasta básica no ha dado los resultados esperados (reducir precios), por lo cual la medida no será extendida. Asimismo, el Gobierno tampoco ampliará la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a algunos combustibles, ya que conlleva a un alto costo fiscal. Se plantearán, según dijo el titular el MEF, medidas más focalizadas para la población en situación de vulnerabilidad.
Una de las alternativas planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a cambio de la referida exoneración del ISC y con el fin de evitar una mayor afectación del sector transportes (por los altos precios de los combustibles), es la extensión del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
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Por otro lado, el viernes último el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para incrementar el presupuesto público, vía crédito suplementario, por S/2.000 millones, que se destinarían a financiar un bono alimentario que permita mitigar los efectos del incremento de los precios de alimentos; S/500 millones para obras para las personas perjudicadas por desastres, y S/348 millones para una segunda compra de fertilizantes.
El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que es correcto que haya habido una enmienda respecto a la nula efectividad de la exoneración del IGV, sobre todo porque significó un costo fiscal importante.
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Asimismo, de las medidas planteadas, anotó que la más significativa es ampliar la vigencia de la relacionada al FEPC e incluir en dicho fondo el Diesel, asegurando así que su precio se mantenga en los niveles actuales por dos meses más. Para Castilla, esta es una medida más focalizada.
“La crítica es en el sentido de que estas (nuevas) decisiones son producto de un paro, casi una ‘extorción’ de parte de los transportistas. Lo importante es asegurar de que ese alivio tributario, el no trasladar el incremento del precio de los combustibles, no se quede en los márgenes de los transportistas”
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía
David Tuesta, también extitular de Economía, anotó como un acierto que el ministro plantee el fin del periodo de estas exoneraciones que se generaron en un contexto de volatilidad política y por insistencia del Congreso.
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Sin embargo, señaló que, si bien es necesario ejecutar políticas de transferencias focalizadas, hizo hincapié en que dichas medidas deberían estar acompañadas de una política de crecimiento de la economía, que actualmente no existe.
“Esto sería mucho más eficiente si es que el Gobierno estuviera avocado en mejorar las expectativas de la inversión privada. Si fuera consistente de su política de realmente querer mejorar la situación de los peruanos. Y para ello, podría ayudar en gran parte la generación de empleo y una mayor inversión, [todo esto] da mayores recursos fiscales”, dijo.
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Alivio fiscal
Castilla estimó que la medida relacionada al FEPC costaría alrededor de S/1.200 millones, una cifra considerable y costosa. No obstante, se compensa al no ampliar la exoneración del ISC, que costó S/ 1.000 millones por los tres meses de vigencia de la medida. Así, el costo fiscal de la nueva iniciativa no sería tan elevado.
Por su parte, Tuesta anotó que, gracias al alto precio de los minerales, el Gobierno tiene espacio fiscal para implementar medidas más focalizadas; sin embargo, anotó que es momento de intentar dosificar esos recursos.
“No hay duda de que [el Gobierno] tiene espacio [fiscal], pero la sostenibilidad fiscal no se mira solo en términos de un año efectivo, sino en cómo vienen los siguientes años y se van a complejizar rápidamente por todos los ajustes monetarios que se han dado en el mundo, así como la disminución del crecimiento económico que ya se anticipa y podrá revertir el escenario positivo que se tenía por el precio alto de los minerales”
David Tuesta, exministro de Economía
Otras medidas
El viceministro de Economía, Alex Contreras, informó que han propuesto al gremio de transportistas de carga un subsidio del 40% del costo de peajes por cuatro meses dirigido a empresas que tengan hasta 50 unidades de transporte.
Para Castilla esta medida no tiene ningún sentido por el alto margen del costo, estimado en S/200 millones adicionales, y porque no hay ninguna certeza de que dicho período no vaya a alargarse. Además, dijo, nada asegura que los transportistas no se queden con los márgenes y no haya un real alivio para el costo del flete de la carga.
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La medida que mayor sentido tiene, explicó Castilla, es la de continuar subsidiando la conversión a vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV). Por un lado, se trata de un esfuerzo por reducir la dependencia de importaciones de Gas Licuado de Petróleo (GLP), pero también se está buscando subsidiar el Diesel, todo en un mismo paquete.
“En general estas medidas hay que verlas como un mal menor, pues buscan evitar que un paro se salga de las manos y que ocasione desabastecimientos de alimentos y otros. No se deben dar medidas bajo amenazas de huelga, pero dado que ya ocurrió convendría hacer el mayor control de daños posible”, comentó.
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Sobre la compra de fertilizantes, Castilla reiteró que aún falta conocer el mecanismo de focalización y distribución. Agregó, que es fundamental que se consigan estos insumos antes de la siguiente temporada de siembra.
En ese sentido, señaló que el Estado debería tratar de apalancarse con el sector privado agroindustrial para llegar a todos los agricultores y asegurar que el subsidio llegue al lado oportuno.
“Esto último es más justificado, es una crisis externa, volatilidad de precios que no dependen del Perú. Lo de los combustibles es más una presión política y el Gobierno se ha encargado de exacerbar los ánimos y se han juntado intereses diversos, como la disolución del Congreso, la Asamblea Constituyente, etc.”, puntualizó.
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Medidas temporales
De otro lado, desde APOYO Consultoría se propusieron medidas temporales, focalizadas, que no afecten la sostenibilidad de las cuentas fiscales, para aliviar el impacto del choque externo sobre la economía peruana y proteger el bienestar de las familias más vulnerables.
Entre las mencionadas medidas se encuentran: el uso del FEPC para contener el incremento de costos, el aumento del vale de descuento para el GLP que compense el aumento de precios, otorgar un bono para las familias más vulnerables que cubra el incremento del costo de la canasta básica, y el aumento del presupuesto del programa de alimentación escolar Qali Warma que compense el incremento en el costo de los alimentos entregados.
El costo trimestral estimado de estas propuestas sería de alrededor de S/2.000 millones, lo cual se financiaría completamente con el incremento, también temporal, de los ingresos tributarios producto de esta coyuntura de mayores precios de ‘commodities’, afirmaron.
El MEF informó que el Ejecutivo, mediante Decreto Supremo N° 007-2022-EM, aumentó la compensación que realiza el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) al diésel de S/ 2,5 a S/ 4,99 por galón.
Asimismo, decidió ampliar la vigencia de la inclusión de las gasolinas de 84 y 90 octanos, del gasohol de 84 octanos y del GLP-G como productos afectos al FEPC por 90 días calendario adicionales. Con lo cual el costo fiscal del FEPC durante el 2022 sería cercano a S/ 3 200 millones.