Las inversiones mineras en Perú, que sumaron US$ 60.000 millones en los últimos diez años, se muestran esquivas en el futuro cercano por los conflictos sociales en torno a varias minas y el próximo inicio de operaciones del último megaproyecto cuprífero, según coinciden varios expertos.
Gran parte del territorio de Perú tiene importantes reservas de cobre, plata, oro y zinc, entre otros metales, que contribuyen con el 10% de su Producto Interno Bruto (PIB). Por eso, el 60% de las exportaciones del país responden a la industria extractiva.
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Sin embargo, después de años de bonanza y una cartera incesante de proyectos, el presente parece ahora limitarse a las inversiones de mantenimiento.
“Ha habido una dinámica de siempre tener una inversión grande encaminada. Lo malo es que en los últimos años llegamos a (el proyecto cuprífero de) Quellaveco y ya está terminándose”, declaró a Efe el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob.
“En la segunda parte de este año debe empezar (Quellaveco) a operar, luego de esto ya no tenemos proyectos”, agregó Jacob sobre la enorme mina de cobre ubicada en la región Moquegua, de la británica Anglo American, que ha significado una inversión de US$ 5.300 millones.
En los primeros dos meses del año, las inversiones en minería ascendieron a US$ 603 millones, un 5% más que en el mismo periodo del 2021, pero el 30% de ellas correspondieron a Quellaveco.
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El máximo representante gremial comentó que ven con “mucha expectativa” que en el país “se generen condiciones adecuadas para que los proyectos mineros puedan seguir avanzando”.
“Para que volvamos a tener esta especie de línea de producción, en la cual entraba un proyecto grande y salía ya una operación minera, y entraba otro, eso se ha perdido”, anotó.
El también vicepresidente de finanzas de la cuprífera Southern Copper indicó que el elemento fundamental “no es tanto la inseguridad jurídica, porque en eso hay un cierto clima de estabilidad, sino la conflictividad”.
De los 209 conflictos sociales reportados en abril pasado por la Defensoría del Pueblo, más del 63% estuvieron relacionados a quejas por daños al medioambiente debido a actividades extractivas como la minería, entre otras.
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Southern tiene al proyecto Tía María suspendido desde el 2011 por conflictos con las comunidades aledañas y recientemente también paralizó su yacimiento de cobre en Cuajone por el bloqueo de un reservorio de agua.
Además, hace poco menos de un mes otra gran mina de cobre en operaciones de la firma china MMG quedó paralizada por protestas sociales en Las Bambas, región de Apurímac, en la sierra sur del país.
“Para el país, cada día que Las Bambas no opera se dejan de recibir US$ 8,5 millones de exportaciones y poco más de S/5 millones (US$ 1,3 millones) en impuestos por día”, afirmó el presidente de la SNMPE.
Jacob declaró que este clima de confrontación se tiene que manejar en paralelo, desde el Estado, para gestionar que “los conflictos no escalen a un nivel que se necesite que intervenga la Policía” y para que “los recursos que ya se han generado (por la minería) se conviertan en beneficio” para las comunidades.
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De los aproximadamente S/ 40.000 millones (US$ 10.500 millones) que se generaron por la minería en impuestos y regalías en la última década, las regiones beneficiadas y el gobierno de turno gastaron el 60 %, precisó Jacob, pero sólo una cuarta parte se destinó a salud, educación y saneamiento.
Ese nivel deficiente de gasto en las regiones productoras de metales genera “una gran frustración” y un “gran resentimiento porque la gente sabe que hay recursos, pero no ve cómo su vida mejora”, declaró a Efe José Augusto Palma, presidente del XIV Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre, organizado en Lima esta semana.
Sin embargo, Palma agregó que “los reclamos no justifican la violencia” y que “lo que ha pasado en varios proyectos mineros es injustificable porque nadie tiene derecho a cometer un acto violento”.
En opinión del también vicepresidente legal y de asuntos corporativos de la minera aurífera Hochschild, el sector tiene que trabajar, junto al Estado, en “disminuir la conflictividad social y racionalizar los permisos que hoy se exigen a la minería”.
Palma subrayó que esta labor es imperativa, dado que en los próximos años va ha haber “una disminución de la inversión privada porque, después de Quellaveco, no se vislumbra actualmente ningún megaproyecto de esta naturaleza”.
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El representante minero también desechó que sea necesario un cambio en la Constitución, como plantea parte del oficialismo, para introducir modificaciones en este sector.
“Lo que hay que hacer es trabajar con las normas que se tienen para ejecutar los proyectos, para cerrar las brechas y no se necesita un cambio constitucional”, expresó.
Palma subrayó que el país tiene que encontrar la manera de aprovechar las grandes tendencias a nivel mundial que conducen a un mundo descarbonizado a partir del 2050, pues significa una mayor demanda de los metales que produce para introducir las nuevas tecnologías.
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