Tala ilegal: Empresarios dicen qué el DL 1319 no la frenará

El Comité Forestal de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) reconoce que el gobierno ha mostrado preocupación respecto a la situación del sector forestal tras la emisión de decretos legislativos que promueven la simplificación administrativa, la comercialización de productores forestales y de fauna silvestre legales. Aun así, consideran que no ataca todos los frentes que contribuirían a erradicar la tala ilegal.

“Si bien refleja avances en temas importantes, pero consideramos que está incompleto, que no va a lograr rápidamente los objetivos de promover el comercio de productos forestales de origen legal”, afirmó Alfredo Biasevich, presidente del Comité Forestal de la SNI, en relación al DL 1319, publicado hoy en El Peruano, que establece medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal. 

En ese sentido, Biasevich observó cinco falencias de la norma: 

1.    Aunque destacó que el decreto declara de interés el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), como herramienta del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR), advirtió que es necesario hacerlo operativo. “Esta herramienta permitiría un mayor control y una mayor trazabilidad de los recursos forestales”, dijo. 

2.    Asimismo saludó que se establezcan sanciones penales para las autoridades regionales que no entreguen información a las autoridades nacionales fiscalizadoras (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre -Osinfor- y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –SERFOR-) sobre los títulos habilitantes para explotación forestal ni sobre los planes operativos anuales que detallan las especies y los volúmenes de madera a extraer. “Gran parte de esta información no llegaba a estas instituciones. Ahora la OSINFOR va a tener toda la información y va poder verificar”, apuntó. Sin embargo, advirtió que el plazo de 15 días hábiles definido para que las autoridades regionales entreguen la documentación debería computarse desde que el empresario presenta la solicitud de ambos y no cuando la autoridad regional la aprueba. Este mecanismo permitiría fiscalizar desde un inicio del proceso si esta es coherente con la aptitud forestal de la zona, sostuvo. 

3.    En relación a la creación de puestos de control estratégicos de paso obligatorio a nivel nacional, instó a las autoridades a definir normas “claras” de funcionamiento. En particular, apuntó que estos deberían atender las 24 horas del día, de tal manera que los camiones que transportan la madera puedan circular sin necesidad de detenerse de un día para el otro para obtener la autorización de paso, anotó. 

4.    Al mantener vigente la inspección post extracción de la extracción forestal, la norma impide detectar con anticipación detectar si existiesen irregularidades.  “Lo que ahora hace OSINFOR es inspeccionar después de la extracción y detecta que en la mayoría de casos fue extraída de otras zonas, cuando la madera ya fue comercializada con documentos legales”, denunció.  “Esto genera escándalos que perjudican a los formales. Pedimos que las inspecciones fueran al inicio, durante y al final para que se detecte con la debida anticipación alguna irregularidad antes y no cuando los hechos están consumados”, alegó. 

5.    El decreto tampoco revisa la llamada Guía de Transporte Forestal, que autoriza el transporte de madera de la zona de operación a los lugares de consumo. La guía, según Biasevich, es “fácilmente falsificable”. “Debe haber una corresponsabilidad entre el privado y el funcionario público en la emisión de la GTF, para que haya una credibilidad en la procedencia de la madera. Si un privado emite una guía con información falsa y el funcionario la valida los dos estarían implicados en la comisión de un delito, que supone pena de cárcel efectiva, lo que disuade a la comisión de este tipo de delitos. No se ha tocado este tema en este decreto”, aseveró. 

Por último, cuestionó que el SNIFFS - como el nuevo Registro de aserraderos portátiles, tractores forestales y vehículos autorizados para la extracción y transporte de los productos forestales maderables-  deba ser financiado con recursos de las entidades involucradas, sin recurrir al Tesoro Público. Esto impedirá que los cambios se implementen de manera “rápida y eficiente”, criticó. 

“No hemos participado de la elaboración de la norma. No ha habido diálogo entre el sector público y privado para que haya mayor eficiencia”, reclamó.