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Ejecutivo: Cambios al D.U. 003 ponen en riesgo la inversión

Según la observación de la norma, presentada el lunes, esta ley pone en riesgo el desarrollo de proyectos de APP e inversión pública por más de US$4.500 millones. 

Odebrecht

Los proyectos que serían afectados por los cambios al Decreto de Urgencia 003 equivalen al 13% del presupuesto de inversión pública del 2017. (Foto: El Comercio)

El Ejecutivo observó ayer la ley aprobada por el Congreso para que el Decreto de Urgencia (D.U.) 003-2017 aplique también a las empresas otrora consorciadas de Odebrecht.

Según la observación, esta autógrafa de ley genera un riesgo en el desarrollo de proyectos que representan el 13% del presupuesto de inversión del Perú.

Añade que las medidas propuestas generan riesgo de insolvencia sobre las personas jurídicas a las que se pretende incluir, por lo que se pone en riesgo la continuidad de diversos proyectos de inversión.

Según el análisis hecho por el Poder Ejecutivo, los cambios al D.U. 003-2017 pondrían en riesgo proyectos de asociaciones públicos privadas (APP) por S/4.201 millones.

A esto se suman otros S/378 millones en proyectos de inversión pública que serán ejecutados por las empresas que podrían ser incluidas en el decreto de urgencia.

EL ENMMARAÑADO

Una de las razones por las que el Ejecutivo esté presentando estas observaciones se debe a que existen contingencias fiscales para mantener el equilibrio económico en los contratos de APP.

"Los contratos de APP tienen la cobertura de un decreto supremo mediante el cual se otorga seguridades y garantías del Estado peruano en respaldo de declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo del concedente", anotó el Poder Ejecutivo en el informe presentado.

De esta manera, el Estado peruano tiene la obligación de compensar por la afectación generada (a los concesionarios) por los cambios normativos.

En ese sentido, advirtió que al expedirse la autógrafa de ley existe una alta probabilidad que se genere una variación en los ingresos o costos de los concesionarios que serían incluidos en el D.U.

REACCIONES
Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), asegura que la autógrafa de la ley, tal y como ha sido aprobada por el Congreso, podría no sólo generar un decrecimiento de 1% en el PBI del 2018, sino también, paralizar otros procesos de APP que no tienen conexión con el caso Lava Jato. "La discusión genera pánico en el sector público, se vuelve muy difícil que alguien se atreva a tomar decisiones", indicó a este Diario. 

En ese sentido, recordó que el pago de una reparación civil rompe la cadena de pagos y cesa el flujo de caja de los proyectos de infraestructura. Asimismo, resaltó que los proyectos "contaminados" no pueden ser vendidos, como lo indicaba originalmente el DU 003. 

"[Esto] porque no hay una fecha clara de corte de responsabilidad para el comprador en caso mas adelante se descubra corrupción en los proyectos vendidos. También, porque la Procuraduría no atina a estimar una cifra de reparación civil, mientras algunos políticos aventuran cifras exageradas que solo sirven para hacer más lento el proceso. Para cobrar la reparación civil hay que vender los proyectos, y reponer las cadenas de pagos rotas", afirmó Prialé. 

En esa línea, el ejecutivo mostró su respaldo a las observaciones realizadas por el Ministerio de Justicia (Minjus), pues consideró que no se puede penalizar a empresas que no hayan reconocido culpabilidad, sin previa prueba y un debido proceso.

"Como en el tema de la vacancia presidencial, en este tema los congresistas también actúan como si la solución fuera política [...] La arbitrariedad legislativa impactará sobre la credibilidad del Estado peruano y las inversiones futuras en APP y en obras públicas", detalló.

Desde el plano legal, Rafael Boisset, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, considera la norma vulnera la presunción de inocencia y el derecho de igualdad ante la ley de las empresas socias de Odebrecht. 

Por otro lado, con respecto al proceso que deberá seguir el documento, Boisset explica que las Comisiones de Constitución y Justicia tienen 30 días hábiles para evaluar las observaciones del Ejecutivo y decidir si modifican la norma o sugieren su publicación por insistencia.

"Luego esto debe ir al pleno para la votación final pero el pleno no tiene plazo. El problema está en que el DU vence el 14 de febrero con lo cual el Congreso tendría que pronunciarse antes o el DU perderá vigencia", finaliza.

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