En quincena de este mes se conocería si Indecopi inicia investigaciones para establecer una medida de salvaguardia al sector textil y calzado. Una vez que la entidad se pronuncie, el tema pasará a evaluación del Ministerio de Economía, de Comercio Exterior y de Producción.
La salvaguardia es un mecanismo que buscan corregir una distorsión del mercado a raíz de un incremento indiscriminado de importaciones que amenace a la producción nacional. Usualmente, se materializa en el aumento del arancel o en el establecimiento de una cuota de importación.
Dalila Gamarra, presidenta del Comité de la Pequeña Industria (COPEI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señaló que cuando la SNI solicitó la salvaguardia ante Indecopi, fue porque el sector textil de las mypes estaba pasando por una difícil situación.
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“Lo que se espera es que, al darse la salvaguardia, los productos ingresen con su debido precio y se evite una competencia desleal. Por ejemplo, una camiseta importada prácticamente les cuesta US$0,80, y es imposible producir una prenda a ese precio. Además, mucha mercadería ha ido ingresando al peso por la pandemia”, comentó Gamarra.
La líder gremial señaló que la salvaguardia busca alertar sobre el estado de emergencia del sector, ya que muchas empresas han cerrado, y algunas mypes de tener una producción directa han empezado a trabajar haciendo servicios a medianas empresas, porque deben subsistir y mantener a su personal. Esta situación, refirió la especialista, se ha agudizado en pandemia.
Estimó que son aproximadamente unas 17.000 mypes del sector textil y de confecciones que se beneficiarían de manera directa o indirecta, con una posible salvaguardia. “El textil es el sector que más mano de obra emplea. Si no se le da la salvaguardia van tener que empezar a despedir personal”, expresó.
Por su parte, Carlos Posada, director del Instituto de Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), explicó que los regímenes de salvaguardia son disposiciones contenidas tanto a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como en convenios de tratados internacionales suscritos con EE.UU., Europa, Asia y la Comunidad Andina. Precisó que esta no es una medida de protección al sector industrial nacional.
Si se demuestra que las importaciones son las que están causando daño a la producción nacional, lo que se llama una relación causal, cabe la aplicación de una salvaguardia, dijo. Pero primero se debe analizar los productos o sectores, y ver qué ha pasado en los últimos años.
“Lo que hemos podido ver en la CCL es que el sector textil se puede dividir en lo que son fibras, hilados, tejidos y prendas de vestir, y otros productos remanentes. En el caso de fibras e hilados, habría que ver qué ha pasado con esas importaciones. Desde el 2016 a la fecha, si bien ha ido incrementando, a partir del 2019 las importaciones han empezado a tener una caída”, apuntó Posada.
Indicó que este es un primer elemento que parecería no calzar en principio con lo que se requiere para implementar una salvaguardia.
Por el lado de prendas de vestir sí ha habido un incremento permanente, con un crecimiento del 8% entre el 2018 y el 2019. “Ahí se podría estar hablando de un aumento de importaciones que podrían, ya lo analizará Indecopi, generar un daño a la producción nacional”, precisó. En el caso de tejidos también creció, pero más moderado. Entre el 2018 y el 2019 fue del 1%.
Posada considera que corresponde hacer un análisis técnico detallado de qué está sucediendo en cada sector para evaluar si el incremento de las importaciones es la razón principal por la que se estaría generando una amenaza de daño. De ser así, se debería aplicar una salvaguardia.
Añadió que de lo contrario debe evaluarse si el daño está siendo ocasionado por otros factores, por ejemplo por falta de competitividad del sector nacional, por conductas ilegales de subvaluación, contrabando, o dumping. Y esas conductas también requieren un procedimiento específico.
“Conviene ser moderado. Corresponde recordar que el Perú es parte de tratados internacionales y una aplicación correcta garantiza que la medida sea respectada y no apelada. De lo contrario una medida mal aplicada generaría por su parte un problema para el país”, sentenció.
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