De colegio a almacén: el reclamo de 400 alumnos por su derecho a estudiar en el Cercado de Lima

Los alumnos del colegio República de Bolivia 1030, ubicado en el jirón Santa Rosa 747, en el Centro de Lima, reclaman que dicha institución ha estado clausurada e inhabitable desde 2022. Como resultado, fueron trasladados a otro colegio, a pesar de que excedía el aforo. Denuncian que incluso el local institucional estuvo a punto de ser convertido en un almacén privado.

Los estudiantes señalan que, en setiembre del 2022, representantes de la Municipalidad de Lima les prohibieron el ingreso al colegio y, por lo tanto, nunca pudieron asistir a sus clases en el establecimiento original, dejando a más de 400 escolares sin un espacio adecuado. “Por casi dos años tuvimos que estudiar en un colegio prácticamente prestado, en turnos nocturnos. Esto no nos favorece. Teníamos nuestro patio, nuestras carpetas, pero nos lo quitaron para convertirlo en un almacén”, comentó uno de los alumnos.

Los menores destacan que la respuesta de la UGEL 03 ha sido trasladar a los alumnos de manera definitiva a un nuevo local ubicado en La Victoria. Sin embargo, denuncian que no conocen la zona y que está lejos de sus domicilios, lo que lo hace peligroso para ellos. Por esta razón, junto a diversas organizaciones, están llevando a cabo protestas y actividades sociales para concienciar sobre la situación que están viviendo.

En una entrevista con El Comercio, Dayana Nicol Patalaya, estudiante de tercer año de secundaria, recordó cómo, a inicios de septiembre de 2022, la Municipalidad de Lima le negó el ingreso al colegio en lo que ella creyó sería un día normal de clases. “Nos trataron como delincuentes. Estuvimos sin clases durante casi un mes, hasta que la dirección del colegio comunicó que nos trasladaríamos a otro centro de estudios de manera provisional. Sin embargo, el trato del personal administrativo hacia nosotros y nuestros padres no era bueno; nos sentíamos como forasteros”, dijo.

“Emocionalmente, me están causando mucho dolor. Soy estudiante de La República de Bolivia desde la educación inicial y es muy duro ver cómo me quitan lo que considero mi segunda casa, dejando atrás todos los recuerdos que he vivido allí. En cuanto al traslado a La Victoria, nos han comentado que es una zona muy peligrosa y con poca iluminación por la noche. Ni siquiera sabemos cómo llegar. Le pido a la UGEL 3, al Ministerio de Educación y a la Municipalidad de Lima que abran su corazón por nosotros, los estudiantes, y nos permitan volver a nuestro colegio original”, comentó.

Marianela Ipushima Murayari, madre de Dayana y dirigente del Frente en Defensa de la Educación Pública (Fredep), relató que desde 2022 ha pasado noches en vigilia frente al colegio clausurado, resistiendo hasta las 3 de la mañana. “Los padres no estamos de acuerdo con que nos envíen hasta La Victoria. La mayoría trabajamos aquí mismo en el centro, somos personas humildes que vivimos del día a día; no nos conviene un colegio tan lejos. Que nos saquen de la noche a la mañana, como si no importáramos, no nos parece justo. Pido a la UGEL que nos ayude a recuperar el colegio donde siempre han estudiado nuestros hijos”, sostuvo.

Al ponernos en contacto con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el equipo informó que, debido a que el local fue clausurado en 2022, durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz Romero, no tienen injerencia en dicha medida. Además, señalaron que actualmente es una competencia exclusiva del Ministerio de Educación (Minedu).

El caso ha sido judicializado. El Minedu denunció que hubo situaciones extrañas durante la gestión pasada de la municipalidad, lo que resultó en el desalojo de los estudiantes del colegio. Por ello, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ha acondicionado un nuevo local en La Victoria, donde los estudiantes podrán estudiar a partir del próximo año. Mientras tanto, el Minedu ha dispuesto que los estudiantes asistan provisionalmente a la institución José Del Carmen Marín Arista, ubicada en la cuadra 4 de Nicolás de Piérola. Sin embargo, la solución definitiva será el traslado a La Victoria.

En 2022, la Dirección de Fiscalización de la Municipalidad de Lima realizó la clausura por aparentes riesgos a la salud. Lo polémico fue que, desde que la municipalidad intervino en el colegio, no se pudo recuperar el mobiliario escolar, como carpetas, sillas, entre otros, que fueron almacenados en las instalaciones de la Municipalidad de Lima y nunca fueron devueltos. Ante esta situación, la UGEL está evaluando qué medidas tomar.

En diálogo con El Comercio, el Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi Cárdenas, explicó que se dirigió al local de La Victoria para observar el desarrollo de la infraestructura y garantizar la continuidad de un servicio educativo adecuado. “Los avances del trabajo son bastante óptimos, eso está totalmente garantizado. En el local provisional, los alumnos de primaria estaban en un pabellón del área de secundaria, estamos muy agradecidos, pero buscamos un local que tuviera seguridad para los alumnos de primaria y que contara con aulas y patios adecuados para actividades recreativas. Ya estamos gestionando el traslado de todo el suministro escolar”, dijo.

También destacó que se emitirá una resolución autorizando el funcionamiento formal del nuevo local escolar a partir del inicio del próximo año. “No será un local transitorio, sino definitivo. Respecto a la distancia, estamos recogiendo las opiniones de los padres. Le he pedido a los representantes de la UGEL 3 que convoquen una reunión para conocer las preocupaciones de los padres sobre la distancia, pero quiero que sepan que vamos a trabajar con la Municipalidad de La Victoria para mitigar los riesgos”, comentó.

Mencionó que existen programas de seguridad de la municipalidad distrital para salvaguardar la integridad de los menores. “Entendemos que los padres pueden presentar dificultades. Vamos a tomar en consideración el tema de las distancias en relación con la asistencia. Instamos a las autoridades municipales a que visiten el colegio para articular esfuerzos y brindar protección a los niños. Queremos una reunión con el alcalde de Lima Metropolitana, el señor Rafael López Aliaga”, añadió.

El abogado que ha estado apoyando legalmente a los padres de familia desde 2022, José Carlos Ramos, indicó a este diario que el colegio ha estado en manos del Estado por más de 70 años. Sin embargo, hace dos años la municipalidad lo clausuró, calificándolo como inhabitable, ya que ponía en riesgo la permanencia de los alumnos. “Los padres se quejaron y hubo vigilias, afirmaron que las observaciones habían sido subsanadas y que era hora de volver. Sin embargo, de manera prepotente, la municipalidad retiró las carpetas de los alumnos y se las quedó. Ya no sabemos dónde están”, dijo.

En octubre, los padres de familia fueron advertidos de que supuestamente se estaba comprando el inmueble para convertirlo en un almacén. Sin embargo, no se produjo la entrada de ningún empresario al lugar. “Los padres estaban siendo atemorizados con que se iba a construir un almacén. Nos enteramos que personas ajenas al colegio ingresaron, lo que fue una usurpación. La UGEL finalmente pudo hacerse cargo del lugar, pero el local ya presentaba daños propios de una demolición interna”, mencionó. Aclaró que el posesionario legítimo del colegio siempre fue la UGEL 3, pero debido a los daños ya realizados, se tomó la decisión de trasladar a los niños a La Victoria en 2025.

Irene Torrejón, abogada experta en derecho administrativo y barreras burocráticas, señaló a este diario que las municipalidades fiscalizan si una institución tiene daños en la infraestructura o si no cumple con ciertos parámetros. Sin embargo, las notificaciones de clausuras deben realizarse de manera transparente y con la debida anticipación. “La decisión de la Dirección Regional de Educación es priorizar la educación de los menores, pero lo preocupante es el traslado hasta La Victoria, ya que esto puede perjudicar, sin duda, la seguridad de los estudiantes”, comentó.

Precisó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, los municipios distritales tienen como competencia en temas educativos el monitorear la gestión pedagógica y administrativa de los centros educativos que estén bajo su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación. “Es necesario brindar mejores soluciones”, aseguró.

Por otro lado, José Luis Gargurevich, exviceministro de Gestión Institucional del Minedu y presidente del Instituto para la Sociedad de la Información, considera que esta situación demuestra que las decisiones educativas siempre deben poner por delante la seguridad y el bienestar de los niños. “Debe haber una alerta de riesgo debido a la decisión que se está tomando, pero es necesario planificar la reubicación de los estudiantes de manera que no afecte las dinámicas familiares ni los circuitos por donde se movilizan. No estamos organizados territorialmente; parece no importar dónde ubicar a los estudiantes cuando aquí está en juego su vida”, dijo.

“Se entiende el pedido de los padres, porque les están diciendo que la dinámica diaria de los chicos va a cambiar. Hay un problema de previsión y planificación. Las autoridades locales no pueden hacer nada, porque los terrenos están a nombre del Ministerio de Educación. Por lo tanto, nadie que no sea el ministerio puede solucionar el tema. Hay que alertar a las autoridades de que no podemos seguir disputándonos competencias y, en su lugar, ponernos de acuerdo para que los niños no sean los perjudicados”, añadió.