El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, permanece detenido en la sede de la Depincri por presunta omisión de funciones, luego de darse a conocer las fallas logísticas en la entrega de material electoral que afectaron a miles de peruanos y peruanas durante las elecciones generales 2026.
Samamé Blas detenido ayer, lunes 13 de abril, por agentes de la Policía Anticorrupción, había presentado su renuncia a la ONPE el mismo domingo 12 de abril.
La fiscalía investiga si Samamé cometió alguna irregularidad en la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga SAC.
A través de un escrito, el hombre reconoció su “responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido, por lo que presento mi carta de renuncia al cargo de Gerente de la Gerencia de Gestión Electoral”.
Samamé Blas en todo momento estuvo bajo absoluto silencio. También se dio a conocer que pasó los exámenes toxicológicos correspondientes y de medicina legal.
“Respeten a mi familia. Solo a ustedes les digo respeten a mi familia. Yo asumo las responsablidades”, sostuvo a los medios.
Según información de La República, José Samamé está casado con la abogada Dorcas Sánchez Arce, quien trabaja en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
Precisamente, el 22 de noviembre de 2023, la empresa Servicios Generales Galaga suscribió un contrato con la MML, por un monto de S/ 686,400. El acuerdo tenía como finalidad el traslado de materiales y equipos de la Subgerencia de Gestión y Fiscalización.
En el podcast ‘Siempre a las 8′, que conduce la peridista Milagros Leiva, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que el Ministerio Público investiga la posible comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa Galaga. No obstante, remarcó que sí hubo una negligencia.
En tanto, el procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, denunció penalmente al jefe de la Ofina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, este lunes 13 de abril, por las fallas logísticas registradas el último domingo, durante las elecciones generales.
La denuncia les imputa tres presuntos delitos, todos en perjuicio del Estado y de la sociedad y son: atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora en el cumplimiento de actos funcionales; y la obstrucción del desarrollo regular del proceso electoral.
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