
En lo que ya se perfila como un nuevo capítulo de tensión entre las comunidades migrantes y la administración Donald Trump, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intentaron esta semana ingresar a dos escuelas primarias del sur de Los Ángeles. Su objetivo, según afirmaron, era verificar el bienestar de cinco estudiantes de entre primero y sexto grado. Pero fueron frenados en seco por los directores escolares, quienes les negaron el acceso.
¿EN QUÉ ESCUELAS PASÓ ESTA SITUACIÓN?
El incidente se produjo en la primaria Lillian Street y la primaria Russell, ambas bajo la jurisdicción del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), un distrito que ha reafirmado su estatus como santuario escolar, lo que significa que no colabora con agencias federales de inmigración. El superintendente Alberto Carvalho confirmó el hecho en una rueda de prensa, asegurando que los agentes no portaban documentación válida ni el respaldo de los tutores de los menores.

“Las escuelas son lugares para aprender, no para temer”, declaró Carvalho, visiblemente molesto. Su rechazo no fue solo institucional, también personal: como inmigrante que llegó a Estados Unidos sin documentos a los 17 años, dijo sentir una responsabilidad moral de proteger a los estudiantes más allá de su rol como educador.
Este intento marca un hito inquietante: es el primero conocido desde que la administración Trump derogó la política de “zonas sensibles”, que había sido implementada bajo el mandato de Biden para evitar operativos de inmigración en escuelas, iglesias y hospitales. La nueva directriz del DHS permite la entrada de agentes federales a estos espacios, bajo el argumento de que “los delincuentes no deben esconderse en las escuelas”.
Pero el trasfondo genera más dudas que certezas. Aunque los agentes aseguraron que buscaban a los niños para garantizar su bienestar, alegando haber recibido autorización de sus tutores, el distrito escolar se comunicó directamente con las familias, y descubrió que eso era falso. Una contradicción alarmante que sembró aún más desconfianza en las intenciones del operativo.

¿QUÉ HA HECHO EL LAUSD?
En respuesta, el LAUSD ha intensificado su campaña de protección a los estudiantes, distribuyendo tarjetas de “Conozca sus derechos” y recordando públicamente que su departamento de policía escolar no colaborará con ICE ni con redadas migratorias. Mientras tanto, grupos proinmigrantes y líderes comunitarios alertan sobre el peligro de que los padres, por miedo, dejen de enviar a sus hijos a clases.
La congresista Judy Chu, de Pasadena, también se pronunció con indignación: “Estos niños deberían estar aprendiendo a leer y escribir, no acobardándose ante el temor de ser arrancados de sus hogares”. Su declaración refleja el sentimiento de muchos angelinos, que ven en estos actos un intento de sembrar terror en comunidades vulnerables.











