
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando una nueva ofensiva contra el sistema de asilo en el país estadounidense. Según una investigación publicada por CBS News, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que el gobierno de Trump está elaborando una normativa que suspendería de forma indefinida la emisión de permisos de trabajo a la mayoría de los solicitantes de asilo con casos pendientes.
Actualmente, bajo la ley vigente desde los años 90, un solicitante de asilo puede pedir autorización de trabajo 150 días después de presentar su solicitud, y recibir el permiso tras 30 días más si su caso no ha sido resuelto. La propuesta en discusión busca eliminar esta posibilidad hasta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sea capaz de resolver los casos dentro de un promedio de 180 días, un plazo que los propios funcionarios del DHS admiten es prácticamente inalcanzable.

¿CÓMO AFECTARÍA ESTA NUEVA NORMATIVA DE DONALD TRUMP?
La medida también elevaría el periodo mínimo de espera para solicitar el permiso de trabajo de seis meses a un año, lo que dejaría a decenas de miles de personas en situación de vulnerabilidad económica y legal. Según los funcionarios del DHS, esta propuesta afectaría tanto a personas con solicitudes de asilo ante USCIS como a aquellas en procesos de deportación ante los tribunales de inmigración, supervisados por el Departamento de Justicia.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió a CBS News que no comenta sobre “procesos deliberativos ni posibles decisiones”. Pero defendió su postura general en un comunicado oficial, argumentando que la administración Biden desmanteló la integridad del sistema de asilo estadounidense y que están explorando todas las opciones posibles para proteger la seguridad nacional y fortalecer la integridad del programa.
LOS EFECTOS DE ESTA MEDIDA EN EL PAÍS NORTEAMERICANO
Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, advirtió que esta medida tendría un impacto devastador no solo para los migrantes, sino para la economía de Estados Unidos. “Los solicitantes de asilo desempeñan papeles cruciales en una amplia gama de empleos: son los médicos y quienes limpian los hospitales”, dijo Cruz a CBS News. Añadió que negarles la posibilidad de trabajar legalmente perjudicaría a comunidades enteras y también a los empleadores que dependen de ellos.
Desde su regreso al poder, Trump ha retomado su política migratoria de línea dura. Apenas asumió el cargo en enero, firmó una orden de emergencia que otorga a los agentes fronterizos amplias facultades para realizar deportaciones sumarias, bajo el argumento de que el país enfrenta una crisis migratoria sin precedentes.
La propuesta de suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo se suma a otras medidas recientes que han generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la solicitud de la administración Trump para suspender el programa de libertad condicional humanitaria, que permitía a más de 530,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela trabajar legalmente en el país.
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