
En Estados Unidos se está abriendo un debate que impacta de lleno a muchas familias latinas que han hecho su vida en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York, Phoenix, San Antonio o Miami o cualquier otra. La Corte Suprema aceptó revisar un caso que podría redefinir quién tiene derecho a ser ciudadano estadounidense por haber nacido en el país, algo que por más de un siglo ha sido un pilar del sistema legal y de la comunidad inmigrante, especialmente en estados con gran población hispana como California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona.
Para padres indocumentados, con TPS, DACA, visa de trabajo o en proceso de ajuste de estatus que viven en barrios latinos como East LA, la Pequeña Habana en Miami, el Segundo Barrio en El Paso o el Distrito de la Misión en San Francisco, esta discusión no es teoría legal: tiene que ver con la seguridad de sus hijos, sus documentos y su futuro en Estados Unidos.
¿CUÁNDO DECIDIRÁ LA CORTE SUPREMA?
Desde el 5 de diciembre, cuando los jueces anunciaron que aceptarían el caso Trump v. Barbara, quedó claro que el proceso será largo, así que las familias deberán tener paciencia, tanto si viven en grandes áreas metropolitanas como Los Ángeles-Long Beach, Nueva York-Newark o Dallas-Fort Worth, como en ciudades más pequeñas de mayoría latina.
De acuerdo con reportes de USA Today, la Corte Suprema planea escuchar los argumentos orales en la primavera de 2026 y, como suele ocurrir, los fallos se anuncian antes del verano de ese mismo año. Eso significa que la decisión podría llegar justo en medio de un ambiente político muy intenso, con campañas para elecciones federales y debates sobre inmigración encendidos en estados clave como Nevada, Arizona, Georgia o Pennsylvania, donde el voto latino ha sido decisivo en los últimos ciclos electorales.
¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO CON LA 14.ª ENMIENDA?
Lo que se discute no es solo una política de un presidente, sino la interpretación de la 14.ª Enmienda de la Constitución, que desde 1868 establece que toda persona nacida en territorio estadounidense y sujeta a su jurisdicción es ciudadana. La frase “subject to the jurisdiction” es el centro del debate: los tribunales inferiores han dicho que no hay duda de que los niños nacidos en el país son ciudadanos, algo que ha protegido por décadas a hijos de familias mexicanas, centroamericanas, caribeñas y sudamericanas en todo el país, pero ahora será la Corte Suprema la que tenga la última palabra.
¿QUÉ BUSCABA LA POLÍTICA DE TRUMP?
La administración de Donald Trump impulsó una medida para negar la ciudadanía automática a bebés nacidos en Estados Unidos cuyos padres no fueran ciudadanos ni residentes permanentes, lo que afectaría directamente a muchos inmigrantes latinos sin papeles o con estatus temporales que viven dentro del territorio estadounidense. El argumento de sus defensores es que esos adultos no estarían completamente sujetos a la jurisdicción y que, por lo tanto, sus niños no deberían recibir ciudadanía automática, incluso si dieron a luz en hospitales públicos o clínicas comunitarias.

¿POR QUÉ LOS TRIBUNALES FRENARON ESA MEDIDA?
Hasta ahora, todos los tribunales federales que revisaron el tema señalaron que esa lectura choca con decisiones históricas como el caso United States v. Wong Kim Ark de 1898 y con la propia Ley de Inmigración y Nacionalidad. Varias cortes describieron esa interpretación como contraria a más de un siglo de jurisprudencia, y organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes con fuerte presencia en comunidades latinas, como ACLU y otras coaliciones locales en ciudades con alta población hispana, han advertido que la propuesta no encaja con los estándares legales vigentes en materia de ciudadanía.
IMPACTO SI SE LIMITA LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO
Si la Corte Suprema avala limitar la ciudadanía por nacimiento, el cambio sería histórico y podría sentirse con fuerza en barrios latinos desde El Paso y San Antonio hasta el Bronx, Jackson Heights en Queens, La Villita en Chicago, el Distrito de la Misión en San Francisco o la Pequeña Habana en Miami. Muchas familias cuyos hijos nacen en hospitales y clínicas de todo el país mientras los padres no tienen estatus permanente podrían enfrentar dudas sobre certificados de nacimiento, acceso a beneficios públicos, programas como Medicaid o SNAP y protecciones básicas ante autoridades migratorias y locales.
En la práctica, esto podría aumentar la ansiedad en hogares mixtos, donde algunos miembros de la familia son ciudadanos y otros tienen TPS, DACA, visa de trabajo o ningún estatus migratorio, algo muy común en la comunidad latina en Estados Unidos.

¿QUÉ PASA SI LA CORTE RECHAZA EL CAMBIO?
Si la Corte Suprema rechaza la política, la ciudadanía por nacimiento se mantendría como hasta ahora, y las familias con hijos nacidos en Estados Unidos no tendrían que hacer trámites adicionales. Legalmente, el tema quedaría cerrado por el momento, aunque en el terreno político la ciudadanía por nacimiento y la inmigración suelen regresar una y otra vez al centro del debate nacional, especialmente en años electorales en estados donde el voto latino puede definir resultados.
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