Hablar de asilo en Estados Unidos nunca es un tema liviano —y menos cuando miles de familias latinas cierran el año pensando en una decisión que puede cambiarles la vida para siempre—. Y es que en ciudades como Houston, Los Ángeles o Miami, donde se escuchan acentos de toda América Latina, la noticia ya corre de boca en boca: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que una regla del 2020 finalmente entrará en vigor este 31 de diciembre de 2025, marcando un antes y un después en cómo se evaluarán las solicitudes de asilo y los procesos de suspensión de deportación. Sí, justo antes de finalizar el año hay un nuevo cambio. La actualización parece técnica, pero en la práctica puede definir el destino de muchos inmigrantes que buscan protección, especialmente quienes han huido de crisis sanitarias, inseguridad o persecución política. En un cierre de año donde el tema migratorio vuelve a estar en el centro del debate, vale la pena entender qué cambia exactamente y por qué esta medida genera tantas reacciones.
UNA REGLA QUE REGRESA TRAS CINCO AÑOS
El DHS confirmó que retomará la “Regla Final sobre Prohibiciones de Seguridad y Procesamiento”, creada durante el gobierno de Donald Trump en diciembre de 2020. Aunque se aprobó hace cinco años, nunca se había aplicado por completo. Ahora, con un nuevo aviso en el Registro Federal, la agencia anunció que entrará en vigor el 31 de diciembre, justo al cierre del año. Sin embargo, no vuelve igual que antes: se eliminaron varios puntos procesales que causaban confusión, para conservar solo las partes consideradas “sustantivas”, aquellas que están ligadas a la seguridad nacional y la salud pública.
Las solicitudes de asilo en Estados Unidos han crecido en cantidad durante los últimos años (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)
LA SALUD PÚBLICA COMO NUEVA BARRERA
Uno de los cambios más sensibles es el que tiene que ver con la salud pública. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las autoridades mantendrán la potestad de negar el asilo si consideran que una persona representa un riesgo sanitario. Esto puede aplicar, por ejemplo, en casos de enfermedades transmisibles o si el solicitante proviene de una región en plena emergencia de salud. En otras palabras: si el gobierno federal determina que hay peligro para la salud pública, un extranjero podría ser considerado no elegible para el asilo o la suspensión de deportación.
REGIONES CON RIESGO SANITARIO
La nueva norma también permite que el DHS y el Departamento de Justicia designen países o regiones con brotes epidémicos como “zonas de riesgo”. Quienes lleguen desde allí podrían enfrentar una revisión mucho más estricta. No se trata de una prohibición automática, pero sí de una posibilidad real que dependerá del contexto global del momento, algo similar a lo que vimos durante la pandemia: decisiones rápidas que impactaron de lleno a comunidades enteras.
¿QUÉ CAMBIOS QUEDARON FUERA?
Varias modificaciones del 2020 fueron eliminadas. En especial, las relacionadas con las entrevistas de temor creíble, una etapa inicial crucial en los procesos de asilo. Las agencias señalaron que estas enmiendas ya no eran compatibles con las normas más recientes y generaban superposición. Aunque los procedimientos se mantienen, las consideraciones sanitarias siguen presentes: los oficiales podrán tomarlas en cuenta desde el comienzo de la evaluación.
USCIS SUSPENDE SOLICITUDES TEMPORALMENTE
Sumando otro elemento a este final de año movido, el USCIS anunció el 2 de diciembre una suspensión administrativa temporal de todas las solicitudes de asilo (formulario I‑589). La medida afecta a solicitantes de todas las nacionalidades. Según la agencia, la pausa busca “revisar a fondo los procesos” antes de que la regla entre en vigor. Sin embargo, para quienes llevan meses esperando una cita o una respuesta, esto significa más demoras.
LA SEGURIDAD NACIONAL COMO PRIORIDAD POLÍTICA
Fuentes del DHS recalcaron que tanto la regla definitiva como el memorando de suspensión reflejan las prioridades de la administración Trump: reforzar los controles migratorios bajo el argumento de la seguridad nacional. En palabras sencillas: quieren evitar que personas consideradas un riesgo accedan al asilo o permanezcan legalmente en el país.
Con la fecha del 31 de diciembre cada vez más cerca, esta medida no cambia por completo el sistema de asilo, pero sí redefine prioridades. Los expertos advierten que será esencial entender cómo se cruzan tres factores: salud pública, seguridad nacional y derecho al asilo. En un país donde millones de latinos han construido nuevas vidas mientras esperan una respuesta migratoria, estas normas no son un asunto técnico: son una realidad que puede decidir el rumbo de familias enteras en 2026.
Desde que Donald Trump asumió el poder, se incrementó la cantidad de deportaciones (Foto: ICE / Flickr)
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