Las políticas migratorias endurecidas durante la administración Trump siguen dejando huella. Uno de los casos más mediáticos es el de Paola Rosas-Campos, una joven mexicana de 25 años que fue separada de su familia por dos meses tras ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una entrevista para su ajuste de estatus migratorio.
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Paola llegó a Estados Unidos a los 14 años junto a su madre. Sin embargo, poco después de ingresar al país, perdió contacto con ella y pasó el resto de su adolescencia en refugios para personas sin hogar.
En 2022 conoció a Adrian, quien más tarde se convertiría en su esposo y padre de sus dos hijos. En febrero de 2024 contrajeron matrimonio y, en mayo de este año, acudieron juntos a una entrevista migratoria con la esperanza de comenzar el proceso para obtener la Green Card.
Paola Rosas-Campos llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 16 años y pasó su adolescencia en refugios para personas sin hogar. | Crédito: Pexels / Kindel Media
Sin embargo, en esa cita, Paola fue detenida. Según explicó a CNN, los agentes la confrontaron con una orden de deportación que, asegura, nunca recibió porque había sido enviada a su madre. “Era muy difícil. Extrañaba a mi familia, a mis hijos, a mi esposo. Tenía mucha ansiedad, depresión”, dijo. “A veces no comía, otras comía de más por ansiedad. Lloraba mucho”.
Durante su detención, Paola vivió momentos duros e inciertos. Compartía su dormitorio con más de 100 mujeres, algunas con antecedentes criminales. Mientras tanto, su esposo hacía todo lo posible para revertir la situación.
Finalmente, el 27 de mayo de 2025, Paola presentó una moción para reabrir su caso migratorio. Un juez de inmigración suspendió la orden de deportación y, gracias al apoyo de la oficina del senador John Kennedy, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) accedió a su liberación mientras continúa el proceso.
Su esposo, Adrian Clouatre, veterano del Cuerpo de Marines, lucha por su liberación desde entonces. | Crédito: Adrian Clouatre
Ahora, aunque está de nuevo en casa y puede abrazar a sus hijos, Paola vive bajo supervisión electrónica y debe acudir a controles cada dos semanas. Lleva una tobillera, símbolo visible de un sistema que, según ella, fue injusto con su caso.
“No podía creer que estaba otra vez en casa, era como un shock”, relató. “Cuando [Adrian] me traía a los niños, yo abrazaba a mi niña, la amamantaba, pero era solo por un rato. Cuando la visita se terminaba, tenía que despedirme. Mi hijo me agarraba la mano, caminaba conmigo, no quería soltarme. Lloraba cuando lo agarraban. Las despedidas eran lo más doloroso”.
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