
El servicio de entrega de comestibles Instacart está en el centro de la polémica tras una investigación que revela que la plataforma estaría cobrando precios distintos a diferentes clientes por los mismos productos y en las mismas tiendas.
Según un estudio de Groundwork Collaborative y Consumer Reports, estos cambios ocurren sin que los usuarios lo sepan, lo que causó preocupación sobre prácticas poco transparentes en un momento en que los precios de alimentos siguen aumentando desde la pandemia.
Los investigadores detectaron que, en supermercados como Target y Safeway, un mismo artículo podía tener hasta cinco precios distintos entre usuarios. En un Target de North Canton, Ohio, por ejemplo, un cliente pagó $2.99 por un Skippy Creamy Peanut Butter, mientras otros usuarios pagaron hasta $3.59 ese mismo día. Situaciones similares se repitieron en múltiples tiendas y ciudades, confirmando el patrón entre 437 compradores que participaron en el análisis.
Estas variaciones se atribuyen a experimentos de precios ejecutados por el algoritmo de Instacart, una práctica relacionada con el llamado “dynamic pricing” (precio dinámico). Este sistema, usado por empresas como Uber, ajusta precios según distintos factores y, en el caso de Instacart, podría costar a una familia hasta $1,200 al año, según Groundwork.
Consumer Reports advirtió que, a diferencia de lo que ocurre en tiendas físicas, los compradores en línea no tienen referencias visibles para comparar valores, lo que complica detectar estos cambios.

Instacart, en respuesta, negó que estas pruebas se basen en datos personales. La compañía afirmó que sus precios no son “dinámicos” en tiempo real y que estos “tests” ayudan a los minoristas “a aprender qué es lo que más importa a los consumidores”.
En un correo enviado a CBS News, un portavoz de la compañía explicó: “Así como los minoristas han probado precios durante mucho tiempo en sus tiendas físicas para entender mejor las preferencias de los consumidores, un subconjunto de solo 10 socios minoristas —los que ya aplican recargos— hacen lo mismo en línea a través de Instacart”.
El representante agregó que algunos productos esenciales pueden incluso bajar de precio durante estas pruebas.
A pesar de esto, los estudios no encontraron evidencia de que Instacart use información personal para fijar precios, pero sí concluyeron que “es casi seguro” que la plataforma y los minoristas tienen la capacidad técnica para hacerlo.
Expertos como Justin Brookman, de Consumer Reports, advierten que este tipo de prácticas preocupa a los consumidores: “Ahora creo que la gente va a preocuparse: ¿me están estafando?”.

Neil Saunders, de GlobalData, coincide en que en el comercio minorista los clientes esperan que “el precio sea el precio”.
Algunos comercios han optado por deslindarse de estas prácticas. En conversación con el New York Post, una portavoz de Target aseguró que “Target no está afiliado con Instacart y no es responsable de los precios en la plataforma de Instacart”.
Por su parte, Tammy Berentson, directora de marketing de Stew Leonard’s, fue tajanteal decir que “nunca fijaríamos un precio diferente para el cliente A y el cliente B. No tendríamos nada que ganar. No es justo. Somos transparentes con nuestros precios y queremos ser justos con nuestros clientes y que nuestros clientes confíen en nosotros”.
Los estudios también identificaron casos en los que Instacart mostraba “precios originales” distintos a clientes diferentes, lo que generaba descuentos que parecían más grandes de lo que eran, una práctica conocida como “fictitious pricing”.
Este escenario recuerda a investigaciones similares contra otras grandes compañías tecnológicas y de comercio electrónico.

Aunque Instacart insiste en que no utiliza datos personales ni demográficos para ajustar precios, expertos temen que estos modelos algorítmicos evolucionen hacia sistemas que cobren a cada usuario el máximo que esté dispuesto a pagar.
“Me preocupa que las empresas utilicen este tipo de modelos de precios algorítmicos para cobrarnos la cantidad máxima que estemos dispuestos a pagar”, señaló Brookman, advirtiendo que esto puede tener un fuerte impacto en los bolsillos de los consumidores si no se establecen normas claras.
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