En los últimos meses, el término “zonas libres de ICE” empezó a aparecer en noticieros locales, reuniones comunitarias, transmisiones en vivo por Facebook y hasta en grupos de WhatsApp de familias inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en ciudades con alta presencia latina como Chicago, Nueva York, Los Ángeles o San José. El concepto genera muchas preguntas dentro de la comunidad hispana: ¿realmente pueden los gobiernos locales poner límites a los operativos migratorios?, ¿qué pasa si los agentes aparecen en un estacionamiento de la ciudad?, ¿esto convierte automáticamente a una zona en un “santuario” para indocumentados? Estas dudas surgen en un contexto de tensión: en los últimos años, las redadas y operativos del gobierno federal han aumentado su escala en varios estados, lo que ha generado choques entre autoridades locales y agencias como U.S. Immigration and Customs Enforcement y U.S. Customs and Border Protection (CBP). En medio de ese clima, muchas jurisdicciones con fuerte presencia latina empezaron a revisar, casi caso por caso, qué herramientas legales tienen para proteger a sus residentes sin violar la ley federal, y de allí nace una figura relativamente nueva en el mapa político del país: las llamadas ICE-free zones, una política que algunos alcaldes y condados han empezado a adoptar para limitar cómo se utilizan los espacios públicos bajo su control.
En muchas ciudades, especialmente aquellas con comunidades inmigrantes numerosas, los gobiernos locales comenzaron a preguntarse qué herramientas concretas tienen para proteger a sus residentes sin interferir directamente con la ley federal ni exponerse a demandas. De ese debate surge una figura relativamente nueva en el mapa político del país: las ICE-free zones, una política que algunos alcaldes y condados han empezado a adoptar para limitar cómo se utilizan los espacios públicos bajo su control y enviar un mensaje político claro a sus comunidades, en particular a la población latina.
Un agente de ICE durante una redada en Estados Unidos para detener a inmigrantes indocumentados (Foto: AFP)
¿QUÉ SON LAS ZONAS LIBRES DE ICE?
En términos simples, una zona libre de ICE es una política local que restringe el uso de propiedades públicas municipales o del condado para operaciones de control migratorio civil.
Es decir, no se trata de prohibir la presencia de agentes federales, sino de evitar que utilicen infraestructura local —como estacionamientos, edificios o terrenos municipales— para planificar o ejecutar redadas. Esta distinción es clave para entender el alcance real de la medida y por qué muchos alcaldes insisten en que no están desafiando directamente al gobierno federal, sino regulando el uso de sus propios recursos.
La supervisora del condado de Alameda, Nikki Fortunato Bas, lo explicó de forma directa al describir la medida: “La propiedad del condado solo puede utilizarse para fines autorizados y para brindar servicios del condado. No permitiremos que se use para operativos de control migratorio civil”.
En la práctica, esto significa que los gobiernos locales establecen reglas sobre el uso de su propia infraestructura, una facultad administrativa que ya existe en muchas ciudades de Estados Unidos y que se ha utilizado antes para otros temas, como restringir actividades comerciales o manifestaciones en ciertos espacios.
¿CÓMO FUNCIONAN EN LA PRÁCTICA?
El funcionamiento suele combinar señalización, reglas administrativas y protocolos internos. En varios lugares, los edificios o terrenos municipales muestran carteles que indican que el espacio no puede utilizarse para operaciones migratorias no autorizadas, algo que muchas organizaciones comunitarias latinas promueven y documentan en redes sociales para informar a la comunidad.
Elementos habituales de una ICE-free zone:
| Medida | Cómo se aplica |
|---|---|
| Señalización | Carteles que indican que la propiedad es de la ciudad o condado y que no puede utilizarse para operativos migratorios. |
| Inventario de propiedades | Los gobiernos locales identifican qué espacios podrían ser utilizados para operativos federales. |
| Protocolos administrativos | Funcionarios municipales reportan usos indebidos de instalaciones públicas. |
| Barreras o controles | En algunos casos se instalan restricciones físicas o permisos para el uso del espacio. |
Estas medidas buscan desalentar redadas masivas organizadas desde propiedades municipales y, sobre todo, dejar por escrito qué puede y qué no puede hacerse en esos espacios, algo muy relevante cuando hay rotación de funcionarios o cambios de administración.
Un ejemplo frecuente que mencionan activistas latinos es el de los estacionamientos de hospitales públicos o clínicas comunitarias: si se declaran zonas libres de ICE, el objetivo es que no se conviertan en puntos de vigilancia o de coordinación de operativos que terminen alejando a familias inmigrantes de la atención médica.
¿QUÉ PUEDEN HACER… Y QUÉ NO?
Uno de los puntos más importantes —y que a veces se confunde en el debate público— es que las ICE-free zones tienen límites claros. No son “zonas sin ley” ni un blindaje total frente a la acción federal.
Lo que sí pueden hacer:
- Impedir que agencias federales usen propiedades de la ciudad o condado para organizar operativos migratorios.
- Reforzar la idea de que los espacios públicos se utilizan para servicios comunitarios, no para acciones de inmigración.
- Generar confianza en comunidades inmigrantes que necesitan acudir a hospitales, tribunales o bibliotecas sin tener miedo de cruzarse con un operativo.
Lo que no pueden hacer:
- Prohibir arrestos si existe una orden judicial válida.
- Impedir que el gobierno federal actúe en propiedad federal.
- Bloquear directamente a agentes federales que estén actuando dentro de la ley.
En otras palabras, estas políticas no eliminan la capacidad de ICE para actuar, pero sí intentan limitar la infraestructura que facilita operativos masivos. Para muchas familias latinas —incluyendo residentes con TPS, DACA o cónyuges ciudadanos que temen por parientes indocumentados— esta diferencia marca si se animan o no a ir al hospital, al juzgado o a la escuela de sus hijos.
¿DÓNDE EXISTEN ZONAS LIBRES DE ICE?
Desde 2025, varias jurisdicciones comenzaron a adoptar políticas de este tipo, muchas de ellas con una presencia latina significativa y con historial de organización comunitaria en defensa de inmigrantes. El caso más citado es el de Chicago, donde el alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva que prohibió utilizar estacionamientos y terrenos municipales como bases para redadas.
Poco después, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, implementó una medida similar durante una intensificación de operativos federales en el estado de Minnesota, una decisión que tuvo eco en organizaciones latinas que llevan años alertando sobre el impacto de las redadas en barrios de trabajadores esenciales.
Algunas jurisdicciones que han adoptado o estudian la medida:
- Chicago
- Minneapolis
- San Jose
- Oakland
- Seattle
- San Francisco
- Evanston
- Portland
- Alameda County
- Santa Clara County
- New York City
En algunos lugares, como San Francisco, incluso se aprobó una ordenanza que permite a la ciudad iniciar acciones legales si se utiliza propiedad municipal sin autorización. En ciudades con barrios emblemáticos para la comunidad hispana —como Pilsen en Chicago, el Mission District en San Francisco o Jackson Heights en Nueva York— este tipo de políticas se discuten en juntas escolares, concejos municipales y reuniones con organizaciones de base.
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTAS POLÍTICAS
Aunque cada ciudad lo formula de manera distinta, el objetivo central suele ser el mismo: proteger el acceso a los servicios públicos y reducir el miedo en las comunidades inmigrantes. Para muchos funcionarios locales, se trata de una cuestión práctica: si la gente deja de ir al hospital por temor a ICE, la salud pública de toda la ciudad se ve afectada.
Según explicó Fortunato Bas al defender la medida en su condado: “Nuestra intención es asegurarnos de que podamos brindar servicios y que las personas sientan que estamos protegiendo su seguridad cuando acuden al condado”.
En la práctica, las autoridades locales argumentan que cuando las redadas ocurren cerca de hospitales, escuelas o tribunales, muchas personas dejan de acudir a servicios básicos por temor a ser detenidas. Líderes comunitarios latinos señalan que ese miedo también se siente en espacios como bibliotecas, centros de recreación y oficinas donde las familias acuden a pedir ayuda para programas como SNAP, WIC o asistencia de vivienda.
Un ejemplo ilustrativo: si ICE monta un operativo cerca de un juzgado local, algunos inmigrantes pueden decidir no presentarse a audiencias de tráfico, procesos de custodia o trámites civiles por temor a ser identificados, lo que termina complicando aún más su situación legal.
LA RELACIÓN CON LAS CIUDADES SANTUARIO
Las zonas libres de ICE también se entienden mejor si se observan como una evolución de las llamadas “ciudades santuario”.
Estas políticas, adoptadas por cientos de jurisdicciones en Estados Unidos, limitan la cooperación entre autoridades locales y las agencias federales de inmigración.
| Política | Qué hace |
|---|---|
| Ciudad santuario | Limita la cooperación con agencias federales de inmigración. |
| ICE-free zone | Establece límites físicos al uso de propiedad pública para operativos migratorios. |
En ese sentido, las zonas libres de ICE añaden una capa adicional de protección al definir cómo se utilizan los espacios bajo control local. Mientras que una ciudad santuario se enfoca más en lo que la policía local puede o no puede hacer con relación a ICE —por ejemplo, compartir información o retener a alguien solo por motivos migratorios—, una ICE-free zone se centra en los lugares desde donde pueden organizarse los operativos.
Para muchas organizaciones latinas, las dos herramientas se complementan: una regula el comportamiento de las autoridades locales y la otra limita el uso de la infraestructura pública, creando un entorno algo más predecible para quienes viven con miedo a la deportación.
ICE se mantiene firme en su consigna de detener a la mayor cantidad de indocumentados posibles y expulsarlos de Estados Unidos (Foto: AFP)
UN DEBATE QUE SIGUE CRECIENDO
El surgimiento de estas políticas también ha provocado críticas desde el gobierno federal. El Department of Homeland Security ha señalado que la aplicación de las leyes migratorias es una responsabilidad federal establecida en la Constitución y que cualquier intento de obstaculizarla podría terminar en los tribunales.
Un portavoz del departamento lo resumió así: “La aplicación de las leyes federales de inmigración es una clara responsabilidad del gobierno federal”.
Por ahora, lo que está claro es que el debate seguirá. Cada vez más ciudades analizan adoptar medidas similares, mientras expertos legales anticipan que los tribunales federales terminarán definiendo hasta dónde pueden llegar estas políticas locales. Para la comunidad hispana, este tema no es solo jurídico: se discute en iglesias, bodegas, mercados latinos y estaciones de radio en español, donde abogados y defensores explican qué significa realmente una zona libre de ICE y qué no.
Lo cierto es que, en medio de uno de los momentos más tensos del debate migratorio en Estados Unidos, las zonas libres de ICE se han convertido en una nueva herramienta política y legal con la que los gobiernos locales buscan marcar límites y proteger a sus comunidades. Su alcance real todavía se está poniendo a prueba, pero para muchas familias inmigrantes representa, al menos, una señal de que las autoridades locales escuchan sus preocupaciones y tratan de traducirlas en políticas concretas.
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