Farid Kahhat
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El 26 de marzo el Departamento de Justicia de acusó al alto mando del gobierno venezolano de narcotráfico y terrorismo y ofreció recompensas por información que conduzca a su captura, incluyendo a .

El 31 de marzo el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un “Marco para la Transición Democrática” en Venezuela. Este proponía que tanto Maduro como Juan Guaidó renuncien a reivindicar la presidencia del país y acepten la creación de un gobierno de transición pactado que convoque a elecciones generales. De implementarse esa propuesta, Estados Unidos comenzaría a levantar las sanciones económicas contra Venezuela.

El 1 de abril el propio Trump anunció que, junto con 22 aliados, su gobierno incrementaría significativamente su presencia militar en zonas del Caribe cercanas a Venezuela, con el propósito de realizar “operaciones contra el narcotráfico”.

¿Cómo entender que, en el lapso de tan solo siete días, un mismo gobierno anunciara decisiones que parecen ser mutuamente contradictorias? La respuesta varía según la aproximación teórica a las relaciones internacionales que decidamos elegir. La perspectiva realista, por ejemplo, sugiere que, en ausencia de información concluyente que revele lo contrario, habría que suponer que el Estado es un agente racional cuyas dependencias actúan bajo una coordinación jerarquizada.

Es decir, todas esas decisiones serían parte de una misma estrategia. Desde el fallido intento por deponer a Chávez en el 2002 hasta la asonada de abril del 2019, Estados Unidos ha mostrado predisposición en favor de un golpe de Estado en Venezuela. Podría suponerse, entonces, que esas acciones son un mensaje a los oficiales del alto mando militar que aún no han sido sancionados y a los mandos medios: si Maduro sigue en el gobierno la situación de Venezuela seguirá deteriorándose, pero si contribuyen a removerlo del cargo podrían ser parte del nuevo escenario político (sin que, se presume, sean juzgados por su conducta durante el régimen chavista).

El 1 de abril el propio Trump anunció que, junto con 22 aliados, su gobierno incrementaría significativamente su presencia militar en zonas del Caribe cercanas a Venezuela. (AFP / Mandel Ngan).
El 1 de abril el propio Trump anunció que, junto con 22 aliados, su gobierno incrementaría significativamente su presencia militar en zonas del Caribe cercanas a Venezuela. (AFP / Mandel Ngan).
/ MANDEL NGAN

Pero en décadas recientes los estudios internacionales han puesto el énfasis en los conflictos entre agencias gubernamentales en el proceso de toma de decisiones. Desde esa perspectiva, es probable que dos ministerios de un mismo gobierno (el de Justicia y el de Estado), tengan distintas prioridades, pudiendo tomar decisiones contradictorias entre sí (ese fue el caso, por ejemplo, de las posiciones en conflicto de la CIA y la DEA respecto a Vladimiro Montesinos). Ese tipo de conflictos son más comunes cuando el presidente concentra su atención en otros temas (como la pandemia). En ese contexto, la intervención de Trump habría decantado el debate en favor del Departamento de Justicia.

Dentro de esta última perspectiva es común sostener que, en ocasiones, las decisiones de política exterior tienen como propósito servir objetivos de política nacional, no de política internacional. Desde esa aproximación, se relieva cierta información que la perspectiva realista suele soslayar. Por ejemplo, se relieva el papel que habría jugado el senador por la Florida Marco Rubio en el diseño de la estrategia hacia Venezuela.

Según esa perspectiva, tanto Rubio como Trump estarían menos preocupados por lo que pasa en Venezuela que por lo que podría pasar en un proverbial Estado pendular como Florida en las elecciones de noviembre próximo. Recordemos, por ejemplo, que en el 2000 Bush ganó la presidencia porque ganó ese Estado con solo 537 votos de diferencia.

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