La normalización de la mentira

En medio de los escándalos sobre el financiamiento privado de las campañas electorales, el debate legal y político está relegando un debate igual o más importante: el ético. Más concretamente, me refiero a la reflexión sobre los siguientes dos temas (asuntos, ambos, que giran alrededor del referido financiamiento y que están destruyendo nuestra sociedad): los conflictos de interés y la mentira.

I. La propagación de los conflictos de interés. Como explicaba en otro artículo (El Comercio 25/9/19), un conflicto de interés es una situación en la que un interés nos tienta a deshonrar un deber. ¿Qué tipo de interés? Cualquiera: dinero, amistad, etc. ¿Qué tipo de deber? En palabras del profesor Thomas Carson, “un deber vinculado a una posición o cargo (‘office’)”. Es una situación que, además, amenaza el interés de un tercero.

Cuando una empresa financia, a veces con millones, una campaña electoral, lo quiera o no, pone al político financiado en un conflicto de interés. Esto es así porque el político va a sentirse no solo agradecido sino en deuda –así como en la expectativa de mantener la relación–. El día llegará en el que, por ejemplo, el tema por definir sea una ley que no conviene al empresario. Ese día el político no solo perderá objetividad, sino que, incluso convencido de la bondad de la ley, posiblemente vote en contra. ¿El perjudicado? La sociedad.

Dado que los conflictos de interés nos tientan a hacer algo inmoral, debemos (en lo posible) evitarlos. En este caso, la solución más directa es limitar lo más posible el financiamiento privado de las campañas electorales (en Estados Unidos, por ejemplo, el demócrata Bernie Sanders propone la prohibición de financiamiento por parte de empresas). Algunos dirán que esto es radical, que la trasparencia basta, pero no es así. La transparencia no elimina el conflicto de interés en el político, pues no elimina ni el cargo ni el interés. La cuestión de la transparencia nos lleva al segundo tema: la mentira.

II. La normalización de la mentira. Así como ciertos comerciales televisivos pueden ser la pesadilla de todo profesor de Lógica, las declaraciones de los políticos lo son de todo profesor de Ética. En el caso peruano del financiamiento privado de las campañas electorales, la mentira ha sido sistemática y desvergonzada. No quiero acá recoger declaraciones textuales (que abundan) de sus protagonistas. Todos las conocemos y son fáciles de ubicar.

Las mentiras de las que hablamos no solo se han reducido a declaraciones públicas. El asunto es peor, pues han involucrado la manipulación de la realidad misma mediante lo que coloquialmente se conoce como ‘pitufeo’. Y es que, si mantener una mentira en el ámbito personal es difícil, hacerlo en el público es imposible. Sumen a esto a quienes se les ha mentido: al Estado y a todos los peruanos. Dicen algunos que, según la ley del momento, lo hecho solo constituiría una falta administrativa. Si es así, es impactante, puesto que, moralmente, la falta es monumental.

Es una verdad evidente que mentir es inmoral, pero pareciera que en estas tierras se ha olvidado. Ofrezcamos dos razones que explican la inmoralidad de la mentira: a) la mentira implica faltar el respeto al otro, violar su dignidad, “tratarlo meramente como medio”, como diría el filósofo alemán Immanuel Kant; b) la mentira destruye la confianza, lo que, a su vez, como dice el filósofo inglés John S. Mill, “contribuye más que ninguna otra cosa al deterioro de la civilización, la virtud, y todo de lo que depende la felicidad humana en gran escala”.

Dos conclusiones. Primero, el financiamiento privado de campañas electorales crea conflictos de interés en los políticos. Una vez en el poder, estos se ven tentados a favorecer a quienes los financiaron. Segundo, la mentira se ha normalizado y esto no es ni normal ni sano. Una sociedad en la que uno puede mentir a gran escala no tiene mayor futuro. La solución es clara: normalizar la ética.