La suspensión de José Domingo Pérez, al tratarse de una medida temporal, no habilita a que se abra una nueva plaza de fiscal provincial a cargo del Primer Despacho del Equipo Equipo Especial Lava Jato. En otras palabras, el puesto ha quedado formalmente congelado.

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Ante ello, fuentes de El Comercio indicaron que la única opción de la coordinación del Equipo Especial fue plantear que un fiscal adjunto o una fiscal adjunta que venía trabajando con José Domingo Pérez se ha encargue temporalmente del despacho. La propuesta ya se hizo este martes. Sin embargo, añadieron que ello aún debe ser evaluado y aprobado por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro, lo que aún está pendiente.

Las fuentes agregaron que la propuesta recién pudo hacerse ahora porque la ANC-MP notificó la suspensión del fiscal José Domingo Pérez a la coordinación del Equipo Especial Lava Jato este martes por la tarde, casi un día después de que se notificó al propio afectado. La demora entre una notificación y otra, un tema de formalidades, demoró a su vez la designación del reemplazo. Es así que el despacho fiscal a cargo de estos casos emblemáticos continúa formalmente sin cabeza.

El reto para la nueva encargado o encargado del despacho es la alta carga de investigaciones y procesos, así como la complejidad de los casos que venía conociendo José Domingo Pérez. Quien lo sustituya temporalmente tendrá que conocer todos esos expedientes y casos lo más pronto posible, en particular los que ya están en etapa juicio o por entrar a esta, ya que allí los plazos corren más rápido.

Este Diario conoció que mientras se espera la encargartura del reemplazo de José Domingo Pérez, los integrantes del Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato (que él lideró desde el 2018) continuaron con sus labores habituales en los trámites de los distintos casos que tienen asignados. Esto a pesar de que aún no tienen un nuevo fiscal provincial encargado.

El Comercio también pudo conocer que antes de ser notificado de su suspensión, el fiscal José Domingo Pérez llegó a presentar un informe requerido a su despacho por la Fiscalía de la Nación, en el que opina a favor de que se plantee la ilegalidad del partido Fuerza Popular. Ello como parte de las diligencias iniciadas por la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza.

Desde la Fiscalía de la Nación no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre el tema o sobre el futuro de las investigaciones que llevaba José Domingo Pérez. En una conferencia de prensa brindada en febrero sobre el estado de los casos del Equipo Especial Lava Jato, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, dijo que la intención de la fiscal de la Nación era darle continuidad a la gestión de este grupo de fiscales hasta que sus procesos sean resueltos.

En tanto, José Domingo Pérez intentó ingresar este martes por la mañana a sus oficinas para hacer la entrega de su cargo, pero dijo que se le impidió el ingreso por disposición de la ANC. Por la tarde, según conoció este Diario, finalmente se le concedió el permiso. Pérez también consideró que el coordinador del equipo especial, Rafael Vela, podría recibir en los próximos días una sanción similar a la suya por parte de la ANC-MP.

“Entendemos que ya hay una consigna a nivel de la ANC que yo sea sacado de mi función. Ya se ha logrado. Voy a formalmente a presentar la apelación (a su suspensión) y esperar para irme a la vía del amparo, esperando que se me pueda restituir. Hasta que eso suceda, lo único que queda es defenderme y defender a los fiscales que están en la misma situación que la mía, víctimas del abuso y atropello que hay en la institución”, sostuvo ante la prensa.

En esa línea, sostuvo que Rafael Vela, sería “la siguiente victima” de Antonio Fernández Jerí. “No nos debe llamar la atención si hoy o mañana es suspendido, porque él tiene que proponer al fiscal que me va a remplazar, que tiene que hace la acusación del Caso Cocteles. Se entiende que el fiscal Vela es independiente y entendemos que toda esta componenda lo que va a buscar es sacarlo a él también”, manifestó.

El fiscal superior ya fue suspendido a fines del 2023 por la ANC-MP como consecuencia de declaraciones que dio años atrás, en las que criticó la decisión de una sala del Poder Judicial de revocar la prisión preventiva de Keiko Fujimori en el Caso Cocteles. Tres meses después, fue restituido mediante una acción de amparo. Actualmente, tiene otros procesos disciplinarios avanzados, entre ellos uno por explicar durante una entrevista, en abril del 2023, que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no participaba directamente en el proceso penal del expresidente.

Desde marzo del 2024, la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza investiga a José Fernández Jerí por presunta corrupción en relación con supuestos acuerdos ilícitos con Patricia Benavides durante su gestión, los que habrían derivado en la referida suspensión de Rafael Vela. Conocida su propia suspensión, José Domingo Pérez criticó que, desde entonces, la titular del Ministerio Público no haya solicitado la separación temporal del cargo del jefe del órgano de control fiscal.

El caso del Metro de Lima es uno de los primeros dentro de la trama Lava Jato, junto al de las coimas de por el Caso Interoceánica Sur. En este último, el fiscal José Domingo Pérez logró en octubre pasado la que es hasta ahora la sentencia más importante del caso Lava Jato en Perú: los 20 años de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo.

Respecto al Metro de Lima, el fiscal presentó su acusación en el 2019. Allí, se acusa un presunto pacto entre Odebrecht y funcionarios del gobierno de Alan García para pagar más de 8 millones de dólares por la licitación de los tramos uno y dos de la Línea 1 del Metro de Lima. Entre los acusados está el exviceministro Jorge Cuba, para quien se solicitan 35 años de prisión por los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de dinero.

El Poder Judicial recién inició el juicio oral por este caso en diciembre del 2022. Más de dos años después, el juicio entró hace unas semanas a su etapa final. Ya declararon todos los testigos y se evaluaron las pruebas documentales y se pasó a la fase de declaración de los acusados que accedieron a ser interrogados. Esos interrogatorios empezarán este jueves 10 de abril e iban a estar a cargo del propio José Domingo Pérez.

Tras la suspensión, en solo cuestión de días, otro fiscal provincial o un fiscal adjunto deberá presentarse a esa audiencia para interrogar a los acusados. Luego de ello, también tendrá que ser otro fiscal -ya no José Domingo Pérez- quien brinde el alegato final contra los acusados, la última actuación del Ministerio Público previa a conocer la esperada sentencia del caso. Fuente conocedores del proceso estiman que esta se emitirá en mayo.

 Los otros casos más avanzados e importantes que llevaba José Domingo Pérez son el Caso Cócteles y el caso de los aportes a Susana Villarán, que tienen a Keiko Fujimori y a la exalcaldesa limeña como principales acusadas, respectivamente.

En el Caso Cocteles, se acusó a Keiko Fujimori de liderar una presunta organización criminal que lavó más de US$ 17 millones, principalmente mediante las campañas de Fuerza Popular del 2011 y 2016. En ese monto está el presunto aporte de US$ 1 millón de Odebrecht a la primera campaña. La excandidata presidencial ha admitido que recibió aportes no declarados de empresas peruanas -negando el supuesto aporte de la empresa brasileña- pero rechaza que ello sea lavado de activos.

El caso estuvo en juicio desde julio del 2024 hasta enero pasado, cuando el juzgado decidió anular todo lo avanzado en mérito a decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema, a pedido de los acusados, sobre errores en la acusación fiscal. La decisión fue confirmada la semana pasada, lo que obligaba al despacho de Pérez a presentar una nueva acusación que cumpla con lo estándares de la sentencia del TC sobre el tema.

Según conoció El Comercio, el despacho de José Domingo Pérez ya trabajaba en una nueva acusación del Caso Cocteles a partir de los resuelto por el TC, con vistas a presentarla lo más pronto posible. No obstante, con la suspensión y la asignación de un nuevo fiscal provincial al caso, será este quien evalúe si ratifica o no la acusación o si cambio de estrategia para solicitar el archivo, con base en la mismas evidencia y línea de investigación seguida por Pérez.

El Caso Cocteles es el que concentró las principales críticas contra José Domingo Pérez, a raíz de los pronunciamientos del TC y la Corte Suprema que llevaron a la anulación del juicio y a que el proceso retroceda a la etapa de control de acusación. Las críticas, que partieron de las defensas de los acusados, fueron por imprecisiones en los hechos atribuidos a los acusados y errores en la acusación presentada, originalmente en marzo del 2021.

En declaraciones brindadas a la prensa este martes sobre el futuro de ese caso, José Domingo Pérez dijo que espera que “quien me reemplace, ante las pruebas que se han demostrado y que no han sido cuestionadas ni anuladas, pueda reformular la acusación cumpliendo lo que el TC ha indicado: que sea el cargo con que se inició la investigación”. “Esperemos que se permita la independencia en el ejercicio de la función de los fiscales que están acá en este momento”, añadió.

En el caso de Susana Villarán, como reportó El Comercio a inicios de año, el juicio se ordenó en noviembre pasado, pero un grupo de acusados recurrió a una reciente ley del Congreso para apelar esa orden (lo que antes no se podía hacer). En consecuencia, la Corte Superior Nacional optó por no dar inicio a ese juzgamiento hasta que dicha apelación sea resuelta.

Así, el caso de la exalcaldesa lleva ya cinco meses estancado en el Poder Judicial. Lo más probable es que la eventual programación del inicio del juicio ocurra dentro de los próximos seis meses en los que José Domingo Pérez seguirá suspendido, por lo que será otro fiscal el encargado de la estrategia inicial de ese juzgamiento y del alegato de apertura.

En este caso, el fiscal Pérez acusó a Susana Villarán en agosto del 2022 por los delitos de colusión, lavado de activos y organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, por los que se piden 29 años de prisión como condena. Se le atribuye haber lavado más de US$ 11 millones, incluyendo aportes de las brasileñas Odebrecht y OAS, a sus campañas del No a la Revocatoria del 2013 y la de su fallida reelección en el 2014.

Otros de los procesos más importante que tiene José Domingo Pérez es el de Caso Westfield, que tiene al expresidente Pedro Pablo Kuczynski como principal acusado. Este proceso continúa en la etapa de control de acusación y todo apunta a que también avanzará a la etapa de juicio oral, aunque ello todavía podría tomar varios meses más, incluso más allá de la suspensión del fiscal.

Adicionalmente, Pérez presentó hace unos días una acusación ligada al Caso Tren Eléctrico, en el que solicitó 30 años de prisión para Luis Nava Guibert y 21 años para Enrique Cornejo, ambos exministros del segundo gobierno aprista. Se trata del mismo caso por el que el fiscal investigó al expresidente Alan García y que se archivó en lo referido a él luego de su suicidio. El control de acusación debería empezar en las próximas semanas.

El abogado Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, dijo en diálogo con este Diario que la sanción impuesta a José Domingo Pérez es desproporcionada y que sería “absurdo” que una supuesta falta como la que se le atribuye eventualmente en una suspensión. Sin embargo, de cara a la continuidad de los casos que venía conociendo, indicó que lo más saludable sería que sus fiscales adjuntos sigan a cargo de ellos y que el nuevo fiscal provincial solo se encargue de dar directivas generales.

“Que el fiscal sea separado no quiere decir que los casos tienen que morir. Será importante verificar qué fiscal provincial que asumirá esas funciones. Yo creo que será uno que seguirá la misma línea que se venía trabajando, porque recordemos que José Domingo Pérez no trabajaba solo, ha tenido adjuntos que han visto los casos con él. Estos ya tienen una línea de trabajo y el fiscal que asuma puede solo dar las líneas generales de cómo seguir los casos”, indicó.

Al tratarse de casos avanzados, con investigaciones cerradas y acusaciones presentadas, o ya dentro de juicios orales, advirtió que sería “irresponsable” que un fiscal provincial que acaba de asumir busque participar personalmente en todas las audiencias de un juicio al que recién se aboca, como en el caso del Metro de Lima. “No tendría el tiempo necesario para poder empaparse de los casos”, consideró.

No obstante, consideró que, en el Caso Cocteles, donde se estaría por presentar una nueva acusación, sí se podría hacer unos cambios al planteamiento fiscal, aunque con la misma evidencia y hechos recogidos durante la investigación que dirigió José Domingo Pérez. “Siendo sinceros, ese caso no está yendo bien. Entonces, si para poder obtener un resultado favorable debe replantear su posición, tendrían que hacerlo”, añadió.