Más estrategias para derrotar al hampa

Lima y El Callao están en emergencia, pero creo que también debe declararse en crisis a las estrategias desarrolladas contra la criminalidad, pues nada ha dado resultados. Las bandas amplían su rango de operaciones y quien sufre las consecuencias es la población.

Las cifras son contundentes y destruyen cualquier intento de maquillar la realidad. En lo que va del año ya hay más de 500 homicidios en el país; es decir, un muerto cada 4 horas.

Bajo ese escenario, los alcaldes merecemos ser escuchados. Somos los primeros gestores del territorio y nuestra experiencia puede sumar, ya que todos los días nos enfrentamos al hampa.

Como alcalde de La Victoria, donde la extorsión ocupa el quinto lugar y el sicariato y robo el sexto puesto, según el observatorio del Ministerio del Interior, espero del nuevo titular del sector que diseñe un plan operativo para golpear decididamente al crimen organizado.

Como municipio victoriano no nos cruzamos de brazos y destinamos casi el 30% de nuestro presupuesto a la seguridad. Sin embargo, sigue pendiente que el Mininter desembolse los 11 millones y medio de soles para nuestro proyecto de inversión de mejoramiento de la seguridad, el cual fue aprobado por el propio portafolio.

Al margen de estas acciones inmediatas, necesitamos cambios estructurales. En un escenario de corto plazo requerimos puestos de respuesta rápida combinados entre las FFAA, PNP y Serenazgo. Las FFAA deben disponer sus vehículos y personal para bloqueos y anillos de seguridad. Estos módulos deben estar ubicados cada 5 kilómetros para articular una respuesta en tiempo real al crimen.

Asimismo, se debe adquirir cámaras de reconocimiento facial y arcos de seguridad para verificar la identidad y antecedentes de quienes circulan por nuestras calles. Lima tiene más de 4,000 cámaras, pero necesitamos al menos otras 4,000. Esto se hace en dos meses con voluntad política. Cada distrito debe tener una central de monitoreo por cada 50 mil habitantes. En La Victoria necesitamos cuatro, pues tenemos 200 mil residentes.

¿Y qué hacemos con los detenidos? Un reciente informe periodístico de este diario reveló que, no obstante, la PNP detuvo a 15 mil requisitoriados, solo 2 mil llegaron a los penales. Esto desnuda una presunta mega irregularidad de jueces y fiscales que ponen en la calle a delincuentes para que sigan matando.

Pero como desde los institutos penitenciarios los cabecillas siguen ordenando a sus secuaces, propongo la inmediata ayuda del sector empresarial para construir tres centros de reclusión de máxima seguridad. Estos deben ser administrados por terceros (concesión) y albergar a sicarios, violadores, extorsionadores y narcotraficantes. El objetivo no es la resocialización de esta gente que no va a cambiar. El fin es privarlos de la comunicación para evitar más crímenes por delivery.

Además, urge profesionalizar y capacitar a la policía en investigación criminal; es decir, reactivar la Policía de Investigaciones del Perú (ex PIP) siguiendo el ejemplo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Esta medida debe complementarse con la asimilación de profesionales (psicólogos, comunicadores, sociólogos, antropólogos) menores de 30 años para desempeñar labores de inteligencia, previa capacitación en la escuela de oficiales, egresando como capitanes.

Otra medida urgente es la desactivación del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y que, paulatinamente, todas nuestras cárceles sean concesionadas tal como sucede en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica o, aquí nomás, en Chile.

Recordemos que en noviembre del año pasado se declaró en emergencia al Inpe y al sistema nacional penitenciario, presentándose en febrero de este año la estrategia sectorial de emergencia penitenciaria.

El plan propone construir más de 36 mil unidades de albergue; es decir, levantar más cárceles para que los presos sigan delinquiendo desde prisión. Lo único rescatable de esta propuesta es tercerizar el control de ingreso, pero el cáncer está en el vientre de nuestros penales, no solo en sus fauces.

Por último, urge la aprobación del proyecto de ley de tribunales sin rostro para enfrentar delitos cometidos por organizaciones criminales.

Con cárceles infranqueables para la industria de la muerte por encargo, con una policía de investigaciones eficiente, con agentes de seguridad equipados y con jueces protegidos, es posible volver a creer. De lo contrario se abren las puertas a brotes de insurgencia. Esto ya no da para más.