Alfredo Thorne

Desde fines del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) nos han dicho que hemos tenido una de las recuperaciones de la recesión del 2020 más rápidas en América Latina y que la economía se ha recuperado a los niveles de producción prepandemia. Esta narrativa contrasta con la percepción de la población, y las protestas del 5 de abril, entre otras cosas, no hacen sino mostrar este descontento con la política económica.

La mayor evidencia de que nos hemos recuperado de la recesión es que, según estimados del BCR, el PBI en términos reales del 2021 fue 0,8% mayor al del 2019. Sin embargo, pareciera una comparación un poco engañosa porque olvida que la economía venía creciendo a un ritmo de 3% por año. Y si trazamos una línea con esa tendencia, estamos 5% por debajo del nivel del PBI que tendríamos si no hubiese habido recesión. Nos dice que aún no retomamos la tendencia de crecimiento anterior.

Sin embargo, hay otra métrica más ácida para definir la recesión y su recuperación. Por ejemplo, el National Bureau of Economic Research (NBER), la autoridad máxima en definir las recesiones y recuperaciones en Estados Unidos, dice que la mejor métrica la ofrecen los mercados laborales.

En sus análisis, el BCR usa la información de la Planilla Electrónica de la Sunat, que ofrece información del empleo formal en base a un universo de 317.000 empresas e instituciones. También están los reportes de empleo nacional y de Lima Metropolitana que publica el INEI, el primero con información trimestral y el segundo, mensual.

En términos generales, los tres reportes nos dicen que los trabajadores que perdieron sus puestos por la recesión lo han recuperado. Por ejemplo, si tomamos los niveles pre y pospandemia, según la Planilla Electrónica, se perdieron solo 1.600 puestos de un total de 5,4 millones; del informe nacional, que ganamos 201.000 más de los 17,4 millones que teníamos antes de la pandemia; y en Lima Metropolitana perdimos 93.600 de un total de 5 millones. De acuerdo con esta métrica, pareciera que el MEF y el BCR tienen razón y que hemos logrado la recuperación.

Sin embargo, si vemos la composición del empleo, la conclusión varía. Usando los reportes del INEI que ofrecen puestos formales e informales del sector urbano para el reporte nacional, y puestos adecuados y subempleo en el caso de Lima, podemos analizar la composición del mercado laboral. También en términos netos. A nivel nacional perdimos 705.700 puestos formales y ganamos 574.700 informales; en el caso de Lima, perdimos 593.700 empleos adecuados y ganamos 500.100 subempleados. Esto equivale a haber sustituido el 16% de los empleos formales por informales a nivel nacional, y 18% en el caso de Lima. Más aún, si hacemos el mismo cálculo por nivel de educación, encontramos que, en términos netos, perdimos más puestos con educación superior, que fueron reemplazados con los de menor nivel de educación.

Uno se debería preguntar: ¿qué significa para la economía el haber sustituido puestos de mayor por inferior calidad? Si consideramos que un trabajador formal tiene una productividad de casi tres veces a la de uno informal y se sustituyeron el equivalente al 16% de los puestos formales, eso significa que hemos sufrido una reducción drástica de la productividad promedio de nuestros trabajadores y, por tanto, hemos reducido nuestra capacidad de generar futuro crecimiento.

La otra cara de la misma moneda ha sido la caída en los salarios nominales y reales que representa esta sustitución de puestos formales por informales. Los salarios de los trabajadores urbanos a nivel nacional cayeron a un promedio mensual de S/ 1.448 después de la pandemia, de S/ 1.595 antes de la pandemia; es decir, una caída de 9,3%; y los de Lima, a S/ 1.647 de S/ 1.767, o 6,8% menos. Pero si ajustamos estos estimados nacionales por el aumento de precios, la caída fue de 16,4% en el mismo período.

El resultado no solo es que la narrativa oficial parece complaciente con respecto a su evaluación de los impactos de la pandemia sobre la economía, sino que, en vez de corregir este deterioro del mercado laboral y de la economía en general, desde el Ministerio de Trabajo se ha hecho todo lo contrario. Como si los salarios y la productividad se aumentasen por decreto, ha insistido en una agenda populista donde se ofrece mayores beneficios a los trabajadores. Algunos son muy justificados, pero otros, como los de la Agenda 19, lo único que hacen es generar una mayor rigidez en el mercado laboral y, en consecuencia, aumentar la informalidad. En otras palabras, les ofrecen mayores puestos informales sin seguridad social y con salarios que podrían resultar en un tercio de los que recibían en la formalidad.

Lo adecuado hubiese sido emprender una agenda de formalización y de reforma de la protección social de todos los trabajadores, formales e informales, como propusimos en el 2017. Esta agenda debería lograr la flexibilización del mercado laboral para permitir a los trabajadores poder migrar de puestos informales a formales, que cuenten con una adecuada protección social y que sus beneficios sean del trabajador y que no estén atados al puesto de trabajo, como sucede actualmente. El objetivo debería ser beneficiar a los trabajadores y no destinarlos a puestos de empobrecimiento, como viene sucediendo.

*El autor fue ministro de Economía y Finanzas entre el 2016 y el 2017.

Alfredo Thorne es director principal de Thorne & Associates

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