Trata de personas, elecciones y COVID-19; por Jorge Baca Vaughan

Para Rosa, una adolescente de 15 años, la vida cambió inesperadamente con la pandemia. No pudo ver más a sus amigas, ir al colegio o hacer las cosas que más le gustan. Durante la cuarentena pasaba horas conectada al Internet, entre las clases virtuales, los Zoom y los videos de TikTok, su vida se trasladó a una pantalla.

Esa pantalla, un día, se convirtió en su peor enemigo al recibir un mensaje de un perfil que no conocía, pero que la hizo sentir bien consigo misma. La persona le hablaba, como si la conociera y cada día, las conversaciones eran más íntimas. Luego de varias semanas, él le dijo que estaba enamorado de ella y la invitó a una fiesta clandestina. Para Rosa, luego de meses de encierro, esta fue una oportunidad para conocer a ese personaje con quien había desarrollado un vínculo sentimental. Las primeras dos fiestas fueron muy divertidas. Pero para la tercera fiesta, Rosa ya había sido “captada” por este sujeto, quien comenzó a ejercer un control sobre ella hasta someterla a explotación sexual durante meses. Debido a las amenazas que sufría, Rosa no pudo poner fin a esta situación.

Esta es la historia de una víctima de trata de personas en el contexto de la crisis sanitaria y socioeconómica producto del COVID-19. Las crisis afectan de sobremanera a aquellos grupos de la población expuestos a mayores situaciones de vulnerabilidad. La pérdida de empleos e ingresos económicos, el desplazamiento forzado, los desalojos, el cierre de fronteras y de las escuelas, la perdida de las redes de apoyo y cuidado afectan de manera particular a niñas, niños, migrantes, refugiados, mujeres, pueblos indígenas, personas LGTBI, entre otros grupos, aumentando los riesgos a situaciones como la trata de personas y otras formas de abuso, violencia o explotación. La crisis ha ocultado a las víctimas al reducir la capacidad de respuesta del Estado.

Con alrededor de 2.588 víctimas de trata de personas identificadas desde el 2018 por la Policía Nacional, y un incremento del número de víctimas extranjeras (en el 2019 representaron el 43% del total de víctimas identificadas en el Perú), la trata es un fenómeno cada vez más visible. En la última década, el Perú ha realizado esfuerzos significativos para hacerle frente a través del desarrollo de un marco normativo e institucional, la creación de fiscalías y una dirección policial especializada, el desarrollo de una política y planes nacionales, entre otros instrumentos claves. Esto, junto con la construcción de capacidades en los funcionarios públicos y entidades competentes, y la sustantiva participación de la sociedad civil ha permitido prevenir y perseguir el delito, así como asistir a las víctimas.

Sin embargo, a puertas de las elecciones generales y en plena crisis ¿qué hace falta?

Las próximas elecciones representan una oportunidad para ampliar los esfuerzos actuales, adaptando la respuesta a los nuevos riesgos causados por la pandemia. Las necesidades son múltiples: desarrollar información actualizada sobre las nuevas tendencias del delito, conocer los perfiles de las víctimas, con especial atención a la trata con fines de trabajos forzados y explotación laboral, ampliar la capacidad de proteger a los grupos más expuestos al delito y fortalecer la cooperación técnica regional y transfronteriza.

Por lo tanto, los candidatos a la presidencia y al Congreso, la ciudadanía, y los organismos internacionales tenemos hoy un rol fundamental. Hagamos que la salida de esta crisis signifique también la salida de miles de personas de situaciones de abuso y explotación, hacia un futuro de dignidad, libertad y respeto.