Conversación entre hombres

En medio de una agenda parlamentaria que puede hacernos retroceder como país más de una década, un comentario que pinta de cuerpo entero a la sociedad machista en la que vivimos se abrió espacio la semana pasada en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso: “todas se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción, tiene unas t...”. El comentario provino del congresista de Fuerza Popular Juan Carlos Lizarzaburu. Ninguna de las personas que participaron en la sesión reaccionó ante la frase y se limitaron a pedir que apagasen los micrófonos. Pero el asunto no quedó allí. En declaraciones posteriores, el congresista Lizarzaburu dio una clase de lo normalizada y tolerada que está la violencia contra la mujer en nuestro país. “Es una cosa de lo más natural, una conversación entre hombres”, dijo. Es decir, la versión peruana del ‘locker room talk’ del expresidente estadounidense Donald Trump de hace unos años.

Lizarzaburu sostuvo además que, en este caso, no cabía hablar de acoso sexual. Así que valga la oportunidad para recordar lo que es. De acuerdo con la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual –por cierto, de aplicación también en el sector público–, el hostigamiento sexual es todo acto de connotación sexual o sexista no bienvenido por la persona a la que se dirige, y que es susceptible de crear un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante. Hacer alusiones a las partes íntimas del cuerpo de otra persona, como los senos de una mujer, sin que este sea un comentario dado en un marco de consentimiento es, contrariamente a lo que piensa el parlamentario Lizarzaburu, una de las expresiones más claras y, lamentablemente, más comunes de hostigamiento sexual.

De acuerdo con data de ELSA (Espacios Laborales Sin Acoso), cada año una de cada cinco personas sufre hostigamiento sexual en el trabajo en nuestro país. El porcentaje de denuncias es bastante bajo, de alrededor del 12%, principalmente por el miedo a sufrir represalias, a ser considerada una persona problemática, o a que su denuncia no se tome en cuenta o no se considere con seriedad. La naturalización de este tipo de comportamientos, reflejada en la expresión “conversación entre hombres”, en este caso no es sino un reflejo de la normalización del acoso sexual. Por su parte, el silencio de quienes estaban en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde esto ocurrió es muestra de la tolerancia que tenemos hacia este tipo de prácticas. Esta reacción no nos debe extrañar si consideramos que, en el Perú, la tolerancia a la violencia contra las mujeres va en aumento, situándose en casi el 60% de la ciudadanía.

Lo sucedido con el congresista Lizarzaburu no debe tomarse como anécdota. Hace dos años, un evento similar tuvo como protagonista al congresista Guido Bellido y este mismo año el desaforado congresista Freddy Díaz fue acusado de violar a una trabajadora del Congreso. Los casos que anteceden al del legislador Lizarzaburu fueron a la Comisión de Ética (donde también terminará el suyo) y terminaron en intentos de blindaje y presión de parte de la opinión pública. Y acá hay un problema serio. Si el caso del señor Lizarzaburu se hubiese dado en el sector privado, e incluso en el mismo sector público, se seguiría un procedimiento de investigación no mayor a 30 días y estaría sujeto a las reglas establecidas por la ya referida ley 27942 y su reglamento. Pero, como se trata de un congresista, el caso irá a la Comisión de Ética, donde quienes la evaluarán serán sus pares y habrá una serie de intereses en juego.

La mesa parlamentaria presidida por la excongresista Mirtha Vásquez dejó una propuesta para que estos y otros casos que involucren situaciones de violencia basada en género tengan un tratamiento distinto, independiente y alejado de los riesgos de las componendas políticas. ¿Qué pasó con dicha propuesta? No lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el acoso político impide que la participación política de las mujeres sea equitativa y que el hostigamiento es la expresión más común de este tipo de acoso, alcanzando al 58% de candidatas a un cargo de elección pública, siendo las más propensas a ser víctima de esto las postulantes al Congreso.

Ahora queda seguir el camino de los casos que precedieron a este para que la Comisión de Ética sea célere y cumpla el rol que se le exige. Ese camino, hoy por hoy, sin procedimientos imparciales de por medio, es el de la presión pública.